“Aspiro, dentro de 4 años poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas”. Palabras enunciadas en el primer discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto del 2002.
 
Lo que prometió y lo que ejecutó
 
Hoy, no cuatro sino ocho años después seguramente el presidente nos mirará a los ojos de once millones de campesinas, campesinos, afrodescendientes e indígenas que aun habitamos los campos (unos 5.400.000 campesinos, 1.600.000 indígenas con 87 etnias equivalente al 3.4% de la población colombiana, y unos 4.000.000 de afrocolombianos equivalente a un 40% del total de la población afrocolombiana) y nos dirá con su tono de patrón de hacienda que ha cumplido con el campo colombiano y que la política implementada por su gobierno a dado los mejores resultados para nuestro progreso, para el desarrollo del país   y que ha cumplido con sus metas propuestas al inicio de su gobierno   metas que continua ajustando y proponiendo: “creo que esta Patria puede tener seis elementos para la prosperidad: la seguridad, la promoción de la inversión, el acceso a mercados, la innovación productiva, una revolución educativa permanente que la sustente, e infraestructura” .
 
Nos dice hoy y nos dirá en el mañana que su programa bandera de la seguridad democrática ha dado los mejores resultados, como lo afirma en sus consejos comunitarios de gobierno y en eventos: “Gracias a la Seguridad Democrática, en estos años hemos podido sembrar casi un millón de hectáreas más”. “Diría que el crecimiento de la oferta productiva de Colombia ha ayudado inmensamente en esta política antiinflacionaria. He ahí una derivación de la seguridad”, “uno ve que se han encarecido las tierras en todo el país” “Y me dicen mis compatriotas del Sur de Bolívar: Hace ocho años teníamos allá guerrilla, paramilitares y coca. Hoy de aquí del frente de Barranca, río abajo, a Regidor, tenemos 20 – 22 mil hectáreas de palma africana, con una mínima infraestructura, que apenas estamos haciendo, sin que eso haya cambiado de propiedad Qué bueno ”. ¿Por qué no menciona el caso de la finca las pavas? Una finca de 3.000 hectáreas donde 123 familias viven allí cultivando maíz, cacao, algodón desde el año 1993 cuando fue abandonada por el sobrino de Pablo Escobar y fueron despojados por el bloque central Bolívar de las AUC en el año 2003, retornando nuevamente en el año 2006; estando en proceso de extinción de dominio, solicitaron un   crédito de 234 millones al banco agrario y luego fue negociada con el INCODER   por el grupo Daabon, aportes san Isidro y C.I Tequendama empresas de la familia Dávila Abondano; se interpuso una acción de tutela que falló a favor de las comunidades pero aun así los desalojaron con la fuerza pública para sembrar palma aceitera, beneficiando al grupo Daabon que a su vez vende el aceite a la empresa británica de cosméticos THE BODY SHOP;   esta finca queda a solo 35 minutos de Regidor.
 
Somos testigos y sufrimos la política de seguridad democrática apoyada por el plan Colombia
 
Los campesinos, afrocolombianos e indígenas hemos sido y somos testigos de primera línea de los resultados de esta política de seguridad democrática y de su programa de gobierno que aplica en nuestros campos, vimos y sentimos   la modernización y crecimiento de las fuerzas militares y la tecnología para la guerra, sentimos su presencia y accionar en los campos y ciudades; conocemos que Colombia tiene hoy más de 270.000 efectivos distribuidos en el Ejército, la Armada y la   Fuerza aérea;   el Ejército colombiano cuenta con ocho divisiones, una brigada de fuerzas especiales, una brigada de aviación, una brigada contra el narcotráfico, además de unidades especializadas, escuelas de formación y batallones de alta montaña, conformados en su mayoría por jóvenes campesinos quienes tienen que prestar el servicio militar obligatorio, y como única oportunidad de ascenso es continuar como   soldados profesionales; la Armada Nacional cuenta con siete fuerzas y comandos repartidos en todo el territorio nacional; La Fuerza aérea cuenta con seis comandos aéreos de combate (CACOM), un Comando aéreo de transporte militar (CATAM) y un Comando aéreo de mantenimiento (CAMAN) y los Grupos aéreos del Caribe (GACAR) y del Oriente (GAORI), dispone también con cuatro centros principales de formación y entrenamiento; la Policía Nacional que es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, con unos 152.000 uniformados, con grupos especiales de operación, Comandos de operaciones especiales (COPES), Escuadrones móviles de carabineros (EMCAR), Grupo de operaciones especiales de hidrocarburos (GOESH), Compañía jungla antinarcóticos (JUNGLA), Grupos de acción unificada por la libertad personal (GAULA), Cuerpo elite antiterrorista (CEAT), Grupo táctico antiterrorista (GRATE), Grupo bloque antiterrorista urbano (BLAUR), Unidad de intervención y reacción (UNIR), Fuerza de control urbano (FUCUR), Escuadrones móviles antidisturbios (ESMAD). Toda esta modernización, crecimiento y fortalecimiento gracias a la implementación del plan Colombia   apoyado por los Estados Unidos quien ha desembolsando desde 1999 al 2006 mas de 7.500 millones de dólares, de los cuales el 80% ha sido destinado al mencionado fortalecimiento militar y policial, la consecución de armas y vehículos para la guerra permitiendo también la entrada de soldados norteamericanos en mas de 1.400 efectivos; para la continuidad de éste plan se propuso desembolsar para el periodo   2007 al 2013 3.600 millones de dólares destinados a la consolidación social del territorio que significa control total, también se continúa implementando y fortaleciendo    con el acuerdo militar firmado Colombia - Estados Unidos el 30 de octubre del 2009 donde se permite    modernizar y utilizar 7 bases militares del país, mayor presencia e inmunidad a los soldados norteamericanos, lo que conlleva a la impunidad total a la violación de los derechos humanos que éstos   cometan en nuestro país; éstas bases están a su disposición para afectar no solo nuestra soberanía nacional sino a ejercer un control y tener la capacidad de despliegue mas rápido y así ejercer clara incidencia militar y de guerra no solo para Colombia sino con las naciones hermanas donde se dan cambios importantes a favor de los pueblos como fue discutido en el seno de UNASUR.
 
Según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia invirtió en el 2009 10.055 millones equivalente al 3.7% del PIB convirtiéndose en el segundo país de la región que más invierte en armamento.
 
La justificación del plan Colombia ha fracasado
 
Este plan Colombia planteado para la erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha contra el “terrorismo” justificación que no se ha cumplido ya que el crecimiento de la producción de hoja de coca no ha cambiado y por el contrario a aumentado: en el año 2002 existían 102.171 hectáreas cultivadas, y según la ONU para el año 2008 existían 199.644 hectáreas cultivadas, sin embargo el gobierno engaña a la opinión publica dando cifras maquilladas como las del año 2007 donde decían que solo existían 98.899 hectáreas cultivadas, siendo contradicho por el monitoreo realizado por los Estados Unidos quienes afirmaron que en el momento existían 140.000 hectáreas,   hoy afirman que en el año 2009 solo hay cultivadas 68.025 hectáreas.
 
En la guerra contra los cultivos de hoja de coca   han fumigado 800.000 hectáreas entre ellas miles de hectáreas de cultivos de pancoger de las comunidades en resistencia sometiéndolas a la física hambre, fumigación que se realiza con la aspersión aérea de glifosato; herbicida que contamina el ambiente afecta la salud humana, destruye la base genética de los cultivos y la biodiversidad, dejando cuantiosas ganancias económicas a su   productor la multinacional MONSANTO.
 
Nos justifican también que el plan Colombia es la lucha contra el “terrorismo” nosotros sabemos que en Colombia a existido por mas de 4   décadas un conflicto armado interno sin que haya habido en este gobierno voluntad real de salidas políticas y negociadas y sin que se resuelvan las causas estructurales que lo ocasionaron.
 
Los asesinatos por parte del Ejército nacional a los campesinos
 
Vivimos la constante y sistemática violación a los derechos humanos por parte de los militares cometiendo asesinatos a lideres y masacres a campesinos; como el cometido contra Héctor Alirio Martínez y dos lideres sindicales el 5 de agosto del 2004 cuando una patrulla del ejército perteneciente al grupo mecanizado Revéis Pizarro en Caño Seco municipio de Fortul departamento de Arauca, en horas de la mañana los asesinaron a quemarropa y luego los presentaron ante la prensa nacional como “dados de baja en combate a tres jefes guerrilleros,” teniendo luego que reconocer que no los habían asesinado en combate y que realmente eran lideres sociales que defendían los derechos de los campesinos y la autonomía y la dignidad en este departamento rico en yacimientos petrolíferos. Cabe anotar que Arauca fue declarado al mes de la posesión presidencial como “zona de rehabilitación y consolidación” (que en la practica significa perder todas las garantías constitucionales de los ciudadanos), otro caso el asesinato en la vereda culebras, municipio Montecristo departamento de Bolívar del líder agrominero Alejandro Uribe el 19 de septiembre del 2006 por parte de soldados pertenecientes al batallón nueva Granada según testimonios de campesinos de la región; este asesinato lo hacen intentando romper el proceso de resistencia de las comunidades agromineras ante la pretensión de la ANGLO GOLD ASHANTI quien se presentó allí como SOCIEDAD KEDAHDA con el fin   de apropiarse de la exploración y explotación del oro existente en esta rica región del sur de Bolívar; el asesinato de 5 campesinos en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca departamento del Tolima el 2 de noviembre del 2003 por tropas adscritas a las sexta brigada, quienes fueron encontrados culpables y condenados a varios años de prisión, en este municipio se ha descubierto la mina de oro mas importante del continente y ha sido solicitada por la ANGLO GOLD ASHANTI para su explotación, el asesinato del comunero indígena Edwin Legarda el 16 de diciembre del 2008 esposo de la consejera mayor del CRIC y vocera de la Minga nacional de resistencia social y comunitaria Aida Quilcue,   asesinato reconocido por el ministro del interior Fabio valencia Cossio como un “error.” (Testimonios como estos están vividos y escritos en la historia campesina por miles).
 
 
Los falsos positivos
 
Sumando a lo mencionado, el escándalo que salió para la prensa y para la opinión publica, porque las organizaciones campesinas indígenas y afrocolombianas siempre lo hemos denunciado los casos de “ los falsos positivos” cometidos también por la fuerza publica quienes con el animo de mostrar resultados, obtener ascensos y vacaciones: iniciaron utilizando la estigmatización y macartización a nuestras comunidades por volantes y pintas que decían:   “campesino ponte el uniforme que no te queremos matar de civil” luego asesinando campesinos, afrocolombianos, indígenas y pobladores urbanos presentándolos como guerrilleros caídos en combate; en los últimos 7 años se han registrado   3.084 ejecuciones extrajudiciales.  
 
Continúa el actuar conjunto militares y paramilitares
 
Pero no solo los militares actuaron sino que en su periodo de gobierno (antes también) ha actuado conjuntamente con los paramilitares quienes se autodenominaron como autodefensas unidas de Colombia AUC, quienes cometieron de 400 masacres desde el año 2002 hasta abril del año 2010    por mencionar algunas: la de Segovia Antioquia en agosto del 2002, Valledupar Cesar diciembre del 2002, Tierra alta Córdoba mayo del 2003, Buenaventura Valle junio 2003, San Carlos Antioquia febrero 2005, Córdoba julio del 2008; hoy un solo jefe del bloque norte llamado Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40” ha reconocido la ejecución de 333 masacres entre el año 1996 y el año 2005 en los departamentos de atlántico, cesar, guajira y magdalena con 1.573 victimas.   Hasta el 30 de abril del año 2010 se han encontrado 2.644 fosas comunes, 3.216 cuerpos 
 
Y las empresas nacionales y trasnacionales
 
Es inocultable ante la opinión publica el económico brindado por las empresas trasnacionales a los paramilitares la bananera CHIQUITA BRANDS o BANADEX   admitió en el año 2004 pagar a estos grupos 1.7 millones de dólares, José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijera”, jefe paramilitar en la región de Ciénaga Magdalena   mediante declaración juramentada dijo que había ayudado a pacificar el sindicato de los trabajadores no solo de la chiquita sino también de la DOLE y ordeno la muerte de más de 500 personas tildándolas de guerrilleros, milicianos o simpatizantes de la guerrilla.
También es inocultable la violación a los derechos de los pueblos cometidos por empresas transnacionales y nacionales como lo pudo juzgar el Tribunal Permanente de los Pueblos TPP que sesionó en Julio de 2008 en la ciudad de Bogotá donde encuentran culpables a las multinacionales NESTLÉ (Suiza); COCA COLA, CHIQUITA BRANDS, DRUMMOND y MONSANTO (Estados Unidos); la ANGLO GOLD ASHANTI (República de Sudáfrica); BRITISH PETROLEUM (Reino Unido); y las españolas REPSOL YPF, UNIÓN FENOSA, ENDESA, CANAL DE ISABEL II, AGUAS DE BARCELONA, TELEFÓNICA también CEMEX, HOLCIM, MURIEL MINING CORPORATION, GLENCORE-XTRATA, ANGLO AMERICAN, BHP BILLINGTON, KEDHADA, SMURFIT KAPA – CARTÓN DE COLOMBIA, PIZANO S.A y su filial MADERAS DEL DARIÉN, URAPALMA S.A DYNCORP, MULTIFRUIT S.A. filial de la transnacional DEL MONTE, OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION, , CANAL DE SUEZ, ECOPETROL, PETROMINERALES, GRAN TIERRA ENERGY, BRISA S.A, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, B2 GOLD – COBRE Y ORO DE Colombia SA. Por asocio con los paramilitares, contaminación ambiental, violación de las patentes y de la soberanía territorial y energética en el país.
 
La desaparición forzada
 
La desaparición forzada también utilizada como mecanismo de terror y de sometimiento a febrero del año 2010 se registran 29.484 personas desaparecidas, (organizaciones defensoras de los DH registran más de 40.000 personas desaparecidas). 
 
La parapolítica
 
Un    elemento utilizado en este periodo de gobierno se le conoce como la parapolítica donde se apropian del congreso de la república por medio de la “democracia” en elecciones parlamentarias; 133 congresistas de varios partidos políticos están involucrados con el paramilitarismo entre ellos: Alas Equipo Colombia 6, Apertura Liberal 6, Cambio Radical 20, Colombia Democrática 10, Colombia Viva 5, Partido 21, Convergencia Liberal 1, Convergencia Ciudadana 10, Convergencia Popular Cívica 1, Dejen Jugar al Moreno 1, Movimiento de Integración Popular 1, Movimiento Nacional Progresista 1, Movimiento Renovación 1, Acción Laboral 1, Parti