A las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades
A los obreros y estudiantes
A las Organizaciones Sociales y Populares
A los ecuatorianos y ecuatorianas
 
El país está viviendo momentos de fuerte conflictividad, las frecuentes movilizaciones sociales y populares no son otra cosa que expresión de grandes contradicciones no resueltas; la concentración de la tierra y el agua es una de las más graves.
 
Las reformas agrarias de 1964 y 1973 y la primera ley de aguas de 1972 no cambiaron las estructuras del agro ecuatoriano, únicamente se limitaron a eliminar las formas semifeudales y latifundistas de producción y explotación de la mano de obra. La contrarreforma neoliberal empeoró la re-concentración de tierras. Actualmente las UPAs (Unidades productivas agrarias) de menos de 10 Ha. siembran el 11.9% de la superficie cultivable y representan el 83.6% de productores, mientras las UPAs de más de 100ha. constituyen el 42.5% de las tierras y sólo representan el 2.1% de productores. Esta realidad perjudica la pequeña y mediana producción, encarece los productos de primera necesidad, empobrece a la mayoría de los ecuatorianos y provoca la pérdida acelerada de soberanía alimentaria.  
 
En los 3 años de gobierno de la “revolución ciudadana” esta situación apenas ha sido topada en su superficie; los bonos de pobreza, la entrega de urea, de borregos, el socio bosque, socio páramo, ayuda, pero no solucionan la crisis. La actual especulación con el azúcar, la subida de precios de la leche favorecen a los grandes agroindustriales en contra de los pequeños productores (0.10 ctvs más para la industria lechera, pero sólo 0,03 ctvs para los productores), esto, sumado a la subida de los precios de los insumos agropecuarios tienen directa relación esta situación.
 
El acaparamiento del agua es la causa directa de la actual conflictividad social en el campo y la ciudad. En los últimos 20 años el 1% de grandes propietarios (hacendados, agroindustriales, camaroneros, floricultores, bananeros) monopolizan el 67% del agua de riego, mientras que los pequeños productores (comunidades, asociaciones agrícolas, cooperativas, pequeños propietarios), que son el 86% de los productores, apenas controlan el 23% del agua. Si a esto sumamos las  concesiones para las hidroeléctricas, minerías o para simple especulación del mercado del agua, tenemos que el 75% de los recursos hídricos están en manos privadas. La “revolución ciudadana” mantiene intocada esta realidad, y no da muestras de querer hacerlo. 
 
Frente a los avances logrados por la movilización indígena del 28 de septiembre y las mesas de diálogo del año pasado, el gobierno negocia la nueva ley de aguas con los empresarios acaparadores y privatizadores del agua y desconoce cualquier avance que permita la desprivatización y redistribución. El acuerdo Alianza País-Madera de Guerrero-Partido Social Cristiano-PRE-PRIAN y PSP sólo admitiría revisar algunas concesiones, pero el modelo heredado del neoliberalismo se mantendría. Esto también explica el incumplimiento de las transitorias XXVI y XXVII de la Constitución Política, que ordenan la auditoría y la revisión de las concesiones y la redistribución del agua que el gobierno ha incumplido totalmente.
 
Por otro lado, la nueva Constitución define como Plurinacional al Estado ecuatoriano; reconoce los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, y prohíbe expresamente su privatización y determina que únicamente podrá ser manejado mediante entidades públicas y comunitarias. Precisamente estos principios se desconocen o reducen a la mínima expresión en las leyes que se están aprobando en la Asamblea Nacional, especialmente en la ley de aguas; desconocen también las propuestas que desde el movimiento indígena y otros sectores sociales hemos presentado.
 
En los hechos hemos constatado que el gobierno de Alianza País NO TIENE VOLUNTAD POLITICA para el dialogo, mucho menos para radicalizar el proceso; lo que queda de la “revolución ciudadana” es un simple slogan publicitario.
Sin la participación activa y organizada de las mayorías no hay transformaciones posibles. La historia ecuatoriana y mundial nos demuestra que un proceso revolucionario se queda en simples reformas, o lo que es peor en derrota, si depende de la “buena voluntad” exclusiva de un “déspota ilustrado”.
Siguen en pie los anhelos por dejar atrás la “larga noche neoliberal” y avanzar en las grandes transformaciones económicas, políticas, culturales y sociales. Las comunas, pueblos y nacionalidades, los trabajadores y demás sectores sociales organizados estamos dispuestos hacer efectiva la construcción del Estado Plurinacional e intercultural para alcanzar un verdadero Sumak Kawsay.
Por todo esto manifestamos:

Que no hay voluntad política para institucionalizar la plurinacional de todas las estructuras del Estado.
Qué en lugar de destruir definitivamente el neoliberalismo se sigue imponiendo un modelo que privilegia el capital internacional y nacional, con la simple salvedad de una mayor participación del Estado.
Nos acogemos al derecho constitucional, art. 98: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Por lo tanto demandamos:

La implementación urgente de una verdadera Revolución Agraria integral, que desplace el modelo privatizador, acaparador y excluyente de la economía agraria y del consumo de alimentos. Que se construya la soberanía alimentaria, como una alternativa para superar la crisis agraria, el alto costo de la canasta básica de los productos de primera necesidad a esto se suma las duras consecuencias de la sequía.
Que el debate y aprobación del proyecto de Ley de Aguas. La Asamblea Nacional asuma de manera decidida la desprivatización y la redistribución equitativa de los Recursos Hídricos e instaure una nueva institucionalidad a partir de la plurinacionalidad y la participación democrática. En caso de insistir en las pretensiones de aprobar atropelladamente la Ley, al margen de los criterios y propuestas del movimiento social, estará fomentando graves conflictos sociales. 
La minería, sobre todo a gran escala subordina la economía nacional al capital transnacional y ocasiona graves daños ambientales y culturales en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y poblaciones aledañas, por todo esto la ley minera es inejecutable por adolecer de “eficacia jurídica”.
Demandamos el respeto y restitución de los derechos laborales consagrados en el Derecho Internacional.
Condenamos la manipulación política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y los intentos por dividir a nuestras organizaciones y comunidades. 

Una revolución no se puede hacer al margen de la sociedad, mucho menos en su contra; si queremos que este proceso post neoliberal sea verdadero y firme, exigimos un auténtico proceso democrático plurinacional.
En esta constante lucha por el proceso de cambios reales y revolucionarios, ofrecemos nuestra lucha y movilización, convocamos y participaremos en todo proceso de unidad con los sectores activos y organizados y llamamos a la conformación de los Parlamentos Populares Plurinacionales como instrumento político de auto organización de los pueblos. 
4 de mayo del 2010
GOBIERNO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR
 
Marlon Santi
PRESIDENTE CONAIE
 
Delfín Tenesaca
PRESIDENTE ECUARUNARI
 
Tito Puanchir
PRESIDENTE CONFENIAE
 
Olindo Naztacuaz
PRESIDENTE CONAICE