De carácter urgente el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras Cofadeh, se dirige a la comunidad nacional e internacional, para expresar nuestra profunda preocupación ante la comunicación oficial del gobierno emitida a través de cadena nacional, que en tono intimidatorio, similar al utilizado por locutores oficiales durante las cadenas de radio y televisión tras el golpe político militar de junio 2009, el llamado “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional” utilizó esta tarde las frecuencias privadas y estatales de radio y televisión para recordar varias veces las sanciones penales por la fabricación, almacenamiento, transporte, uso, ingreso, adquisición o suministro de armas, explosivos o material de guerra o combate, destacando los fusiles AK47, subametralladoras, pistolas y chimbas (arma de fabricación casera).
 
El sorprendente anuncio en cadena es lanzado en momentos cuando han sido reportados por la población varios movimientos de tropas militares y aproximadamente 2,500 policías hacia la zona del Bajo Aguán, donde actualmente el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) discute con sus bases una propuesta de los empresarios René Morales (nicaragüense), Canales (salvadoreño) y Miguel Facussé Barjum (palestino), misma que ha hecho suya el “gobierno” que preside Porfirio Lobo Sosa.
 
El comunicado oficial no alude en forma directa al conflicto agrario del Aguán, pero es obvio que coincide con las advertencias hechas por el “ministro” de seguridad, Oscar Álvarez, durante la última reunión de negociación del conflicto en Casa Presidencial, el lunes pasado, cuando repetía que la Policía Nacional no podía negarse a la ejecución de la orden de desalojo emitida por jueces de la zona ante la toma de las tierras por el MUCA.
 
A la comunidad internacional alertamos que, mientras el señor Lobo Sosa hace esfuerzos políticos en la Capital por encontrar soluciones a la crisis agraria y busca su reconocimiento regional en Managua y Guatemala, su gobierno lanza al mismo tiempo las tropas militares y policiales hacia la zona, como una medida de presión y chantaje hacia más de 3,500 familias campesinas que discuten si aceptan o rechazan los ofrecimientos oficiales para ponerle fin al diferendo con los tres empresarios agroindustriales citados antes.

El comunicado sobre armas, en términos reales, es una acusación a las fuerzas sociales y políticas que rechazan la criminalización de los conflictos en Honduras, un típico comportamiento de la secretaría de seguridad interior, que actúa en alianza con las Fuerzas Armadas hondureñas, claro reflejo de la ausencia de control del gobierno civil en los asuntos del Estado.

 De los hechos y de los hechores, Ni  olvido ni perdón
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH
 
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de abril de 2010