XXVII Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena
Región Centro Pacífico
Comunidad Autónoma Wixárika, Bancos de San Hipólito, Municipio de Mezquital, Durango
 
Congreso Nacional Indígena
Región Centro Pacífico
 
Declaración de Uweni Muyewe
 
Convocados y reunidos para realizar la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico en la comunidad autónoma wixárika de Uweni Muyewi (Bancos de San Hipólito), Durango, las autoridades y representantes indígenas pertenecientes a los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purhépecha, triqui, ñahñu, tzotzil y mixteco de los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, y acompañados en el camino por la luz de la luna en crecimiento que marca el inicio de la siembra y nos otorga la fuerza y la buena palabra para platicarnos y hacer acuerdos en el Congreso Nacional Indígena que es la casa de nuestros pueblos y CONSIDERANDO que:
 
1.- A 200 años de que estallara la revolución de independencia y a 100 años de la revolución mexicana, nuestros pueblos, naciones y tribus, mismos que aportaron sus vidas y su sangre para el triunfo de estas luchas, hoy como desde hace 518 años siguen siendo despreciados, discriminados y sin ser reconocidos en sus derechos fundamentales, es decir, somos verdaderos desconocidos en nuestras propias tierras. Ocurriendo que las constituciones de 1824, 1857 y 1917 no solo han desconocido la existencia de nuestros pueblos, sino que además buscaron la desaparición, exterminio, explotación y muerte de nuestros pueblos, nos preguntamos ¿Qué tenemos que festejar?
Nuestro festejo es el grito del ¡Ya Basta! del levantamiento armado de nuestros hermanos zapatistas en 1994, las autonomías y la libre determinación que nuestros pueblos construyen en la vía de los hechos es para nosotros la otra política que se construye desde abajo, a la izquierda y anticapitalista.
 
2.- La historia actual de nuestros pueblos es una historia de despojos y represión, en consecuencia vamos a contar una parte de esa otra historia de las naciones, pueblos y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena, donde nuestras luchas de resistencia son criminalizadas y donde quienes luchan son convertidos en delincuentes por una justicia corrupta e instituciones viciosas.
Los pasados 22 y 23 de febrero de 2010, la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán del pueblo Wixárika, fue reprimida en su peregrinación tradicional cuando se encontraba en una ceremonia en el lugar sagrado de Wirikuta y la policía estatal de San Luis Potosí amenazó y hostigó durante 15 horas a los peregrinos mientras estaban haciendo su ceremonia ancestral, burlándose y dañando nuestra memoria colectiva, lo que no solo es un atentado contra la comunidad de Tuapurie, sino contra todo el pueblo wixárika y todos los pueblos indígenas. Con ello el Estado Mexicano viola el convenio de Viena sobre plantas psicotrópicas y el convenio 169 de la OIT.
Señalamos que Tuapurie ha sido objeto de múltiples agresiones y hostigamientos desde que haciendo uso de su derecho territorial y autonomía se opuso y detuvo la imposición del proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en 2008; tal es el caso de la represión laboral contra los comuneros profesores que fueron destituidos y cambiados de puestos y zonas en complicidad con el sindicato y autoridades educativas, difamación y hostigamiento contra sus autoridades y amenazas de muerte contra comuneros por grupos paramilitares organizados por el mal gobierno.
El día 18 de Marzo la policía municipal de Huejuquilla, en una maniobra de asaltantes siguió y disparó contra un vehículo de la comunidad de Tatei Kie- San Andrés Coamiata en el poblado llamado San Antonio de Padua, Zacatecas, hiriendo de bala a 4 comuneros.
El pasado 23 de febrero, los comuneros nahuas de Santa María Ostula, Gerardo Vera y Javier Martínez fueron secuestrados por un grupo fuertemente armado sin que hasta la fecha sepamos de su paradero, teniendo la seguridad de que dicho acto fue cometido por un grupo paramilitar con la finalidad de frenar la lucha de Ostula por el rescate de sus tierras. Asimismo, los últimos días diversos comuneros han sido perseguidos y amenazados por grupos armados ligados al narcotráfico, sin que el gobierno haga nada.
En los treinta años de trayectoria del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, han sido asesinados mas de 350 hermanos, destacando la muerte de Guadalupe Flores Villanueva “el maestro nato”, Paulino Martínez Delia, Luis Flores García, Roberto Merino, Hilario González Domínguez, Juan Alfonso Robles y de los lideres naturales Ramón Celestino, Camilo Cirilo Castañeda. Todos ellos muertos por pistoleros a sueldo sin que hasta el momento se haga justicia.
En San Antonio Ebulá y Candelaria, Campeche, nuestros hermanos han sido golpeados y encarcelados con la finalidad de despojarlos de sus tierras e impedir su resistencia a las altas tarifas que impone la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo todas las regiones indígenas de Guerrero y Oaxaca han sido fuertemente militarizadas, destacando la guerra de exterminio en contra de los pueblos mepha y mixteco de Ayutla, Guerrero, el acoso en contra del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y su radio Ñomndaa, así como la persecución en contra del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón.
El día tres de enero del presente año el hermano rarámuri Pedro Moreno Carrillo, miembro de la comunidad indígena de Huitosachi, Chihuahua, apareció muerto después de que en los meses anteriores fue amenazado, perseguido y baleado por defender las tierras correspondientes a su comunidad.
El 28 de febrero de este año el ejército federal se introdujo en la comunidad indígena de Misión de Chichimecas, Guanajuato, perteneciente al pueblo ézar, resultando golpeados y detenidos diversos comuneros que trataban de impedir la elección impuesta de su delegado municipal. En días posteriores ocho comuneros de Misión de Chichimecas, incluido su presidente de bienes comunales, fueron arbitrariamente detenidos por ordenes del ministerio publico de San Luis de la Paz, acusados del delito de despojo en agravio del grupo de empresarios que desde hace años les vienen arrebatando sus tierras.
Actualmente doce hermanos de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí, son procesados penalmente por el delito de despojo, después de que hace dos años recuperaron las tierras que precisamente les habían sido despojadas por quien ahora los acusa. Incluso han sido denunciados en forma absurda de la inhumación clandestina de cabezas de ganado.
Hoy en día se encuentra preso y condenados a 112 años de reclusión el hermano Ignacio del Valle de la comunidad nahua de San Salvador Atenco, Estado de México, y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusado de los delitos de despojo y ataques a las vías generales de comunicación. Por los mismos delitos se encuentran encarcelados y condenados a 67 años de prisión los hermanos Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa. Finalmente nueve integrantes más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se encuentran condenados a 37 años de prisión.
 
3.- La guerra de contrainsurgencia en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas se sigue intensificando con el desalojo masivo de comunidades enteras y la amenaza constante por parte del grupo paramilitar OPDDIC en contra de estas comunidades y de otras comunidades indígenas que sin ser zapatistas participan en la Otra Campaña y resisten el despojo de sus tierras para imponer proyecto carreteros y turísticos.
 
4.- Con la finalidad de facilitar el despojo de nuestros territorios y culturas, el estado mexicano con las participación de todos los partidos políticos, ha modificado la Constitución, y ha aprobado un conjunto de leyes y políticas publicas que permiten a las grandes empresas la destrucción de la madre tierra y la apropiación de todo lo que se guarda en ella, como son el agua, manantiales, lagunas, arroyos, ojos de aguas, ríos, los cerros, nuestras plantas, animales, montes, costas, minerales, aire, lluvia, islas, nuestro maíz y nuestros saberes, danzas, ceremonias, música, lengua, vestimenta, peregrinaciones y todo lo que hemos construido y resguardado por miles de años en nuestra relación con la madre tierra.
 
5.- Para los de arriba el bicentenario y el centenario representan un festejo de alegría porque están devorando a nuestros pueblos y a nuestro país, para nosotros los de abajo representan la muerte y una gran preocupación. ¡Ya Basta! Para enfrentar tanta injusticia nosotros consideramos que es necesario un nuevo camino: el de la autonomía, la libre determinación y el juntarnos con todos los de abajo.
 
En consecuencia con lo expresado arriba, hacemos el siguiente pronunciamiento:
 

Saludamos y reconocemos a las autoridades autónomas elegidas recientemente de manera tradicional por la comunidad de Uweni Muyewe (Bancos de San Hipólito), igualmente nos congratulamos con los importantes logros organizativos y jurídicos alcanzados de manera autónoma por esta comunidad, reconociendo que su lucha no solo es por la recuperación de las 10,720 hectáreas de las que fueron despojados, sino por el reconocimiento real de su derecho a la propiedad del territorio que han habitado desde tiempos inmemoriales, lo que representa una lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de México y el mundo. Reconocemos en su lucha una lucha sagrada por continuar el trabajo empezado por lo antepasados cuando fueron naciendo la vida en el mundo.

 

Advertimos que prevalece el intento de imposición de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en territorio de la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, mediante la represión, fraudes y mentiras del mal gobierno, por lo que señalamos que como pueblos indígenas organizados no permitiremos este despojo, sabiendo que la defensa del territorio debe ejercerse por todos los medios necesarios, defendiendo también los lugares sagrados y su peregrinación ancestral.

 

Denunciamos el intento de despojo de una superficie de 800 hectáreas de la comunidad Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) por el ejido Puente de Camotlán, Nayarit, en contubernio con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y otras instancias de gobierno que valiéndose de los problemas limítrofes entre Jalisco y Nayarit pretenden legitimar este despojo. Exigimos la inmediata solución a la invasión agraria por acaudalados ganaderos de Chimaltitán, Jalisco y La Yesca, Nayarit que pretenden hacer valer escrituras apócrifas como pequeñas propiedades y exigimos la cancelación definitiva de todas las concesiones de agua en manos de particulares y gobiernos invasores.

 

Condenamos el ataque armado que como delincuentes realizaron policías de Huejuquilla, Jalisco contra comuneros de la comunidad wixárika de Tatei Kie (San Andrés Coamiata), advirtiendo que es una amenaza y provocación contra todo el pueblo wixárika, por lo que responderemos en consecuencia.

 

Denunciamos la embestida de invasores que roban parajes del territorio de la comunidad indígena coca de Mezcala, Jalisco, como es el Pandillo, La Zalatita, La Cuesta, La Clavillina, teniendo a personal armado vigilando, por lo que los hacemos responsables de cualquier atentado en contra de los comuneros y autoridades de dicha comunidad, pues nuestra lucha es por la conservación de nuestro territorio. Asimismo volvemos a reiterar que no permitiremos que el corazón del pueblo coca, la isla de Mezcala, sea convertida en un atractivo turístico con el pretexto del festejo del bicentenario.

 

Exigimos el respeto a la totalidad de las tierras pertenecientes a la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, incluido el paraje conocido como Xayakalan, así como el respeto a la policía comunitaria y guardia comunal del pueblo nahua de la costa de Michoacán y la presentación con vida de los comuneros Javier Martínez y Gerardo Vera. Nos pronunciamos en contra del plan de desarrollo integral para la costa de Michoacán.

 

Exigimos el cese de la represión gubernamental en contra del pueblo triqui y sus organizaciones que luchan por el respeto a sus derechos, así como el castigo a quienes han organizado los grupos paramilitares que operan en la región.

 

Denunciamos la persecución gubernamental en contra de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí y exigimos el respeto a las tierras que le corresponde y que en los últimos años ha recuperado en forma pacifica y legal.

 

Denunciamos la invasión por parte de empresas mineras en el territorio de la comunidad nahua de Ayotitlan, así como la ocupación de las tierras de la comunidad nahua de Tuxpan por parte de grandes empresas aguacateras y de invernaderos y exigimos el respeto a la autonomía territorial del pueblo nahua del sur de Jalisco.

 

Denunciamos la militarización de la comunidad ézar de Misión de Chchimecas, Guanajuato, y el encarcelamiento de 8 comuneros pertenecientes a dicha comunidad por el hecho de defender sus tierras e impedir que sean fraccionadas por grupos inmobiliarios de San Luis de la Paz.

 

Denunciamos el acoso en contra de la Radio Ñomndaa del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y exigimos el respeto al libre funcionamiento de las radios indígenas que operan en todo el país.

 

Exigimos del gobierno mexicano la devolución a favor de los ex braceros de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero que trabajaron en los Estados Unidos de América, de los ahorros, más intereses generados, que les fueron retenidos por aquel país entre los años de 1942 a 1964.

 

Rechazamos la actual elaboración de diversas iniciativas de leyes indígenas estatales en Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal que violan los derechos que el convenio numero 169 de la OIT establece a favor de nuestros pueblos y reiteramos que seguiremos aplicando los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, sin reconocer la contrarreforma constitucional en materia indígena del año 2001 y las distintas leyes que en dicha materia se han aprobado a nivel federal y en los estados.

 

Nos oponemos a la imposición por parte del gobierno mexicano y las grandes empresas transnacionales de diversos proyectos carreteros, turísticos, inmobiliarios, mineros, agroindustriales, de plantación de semillas transgénicas, de construcción de presas y campos eólicos en todos los territorios de nuestros pueblos y manifestamos que con base en los derechos que nos corresponden y el ejercicio de la autodefensa indígena impediremos la ejecución de dichos proyectos en las tierras de nuestros pueblos.

 

Nos deslindam