Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, (CONACAMI), rechazó las afirmaciones del presidente de la CONFIEP , en relación a que “ las inversiones mineras ocupadas en tierras indígenas no se paralizarán” y que “el informe carece de mandato legal”. El dirigente indígena manifestó que “el gran empresariado minero muestra su verdadero rostro, su carga autoritaria, porque esta es una forma de decirnos minería sí o sí, obviando las recomendaciones de la Organización de Trabajo (OIT), donde se precisa la necesidad de que el Estado peruano paralice las obras de exploración y explotación minera puesto que no se han desarrollado los procesos de consulta a las comunidades, donde se borra de un tajo las recomendaciones de las Naciones Unidas, y se desconoce las constantes exhortaciones de la Defensoría del Pueblo.

Mario Palacios denuncia que existe una campaña tendenciosa desde el Estado y las empresas transnacionales que operan en el Perú para desvirtuar lo que la OIT ha observado y recomendado, y, en general, la realidad y los derechos de los pueblos indígenas andino y amazónicos.

El líder indígena agregó que “el estado suscribe convenios y tratados internacionales para aplicarlos, no para tirarlos a la papelera. Esto lo expresamos en diferentes comunicados el primer día que salió el informe. Es deleznable que se pueda desinformar diciendo que el informe se restringe a sola una comisión. La verdad es que la OIT emite sus informes institucionalmente y cuenta para ello con el órgano especializado en hacer seguimiento al convenio; esta es una instancia que ha evaluado las posiciones de ambas partes: estado y pueblos indígenas.

Asimismo, señaló que “los pueblos indígenas hemos venido acudiendo a todas las instancias nacionales para presentar nuestras demandas, mostrando voluntad de diálogo, sin embargo, el estado ha respondido de manera autoritaria, con represión a nuestros dirigentes, y todo en complicidad con el gran empresariado minero y algunos medios de comunicación. ¿Cómo se explica que la mayoría de conflictos sociales en este país sean frente a las industrias extractivas y que sus motivos sean los mismos que señala la OIT y que precisamente en las zonas de conflicto el número de criminalizados aumente radicalmente? Es en este terreno donde se tiene que entender las recomendaciones de la OIT; su informe es la radioiografía de una realidad histórica”.

Además precisó que “el gobierno, con esta vocación autoritaria, le hace un tremendo daño al Perú a nivel internacional y nacional, mostrando al país como una republiqueta colonial-si acaso es distinta- donde solo caben los que aceptan un modelo de desarrollo a raja tabla, y a los pueblos indígenas se nos quiere mantener en niveles de exclusión. Ya hemos sidos calificados como ciudadanos de segunda clase y ahora nos quieren desplazar de nuestros territorios”.

CONACAMI se encuentra rumbo a su IV Congreso Nacional a realizarse los días 15, 16 y 17 de abril , con más de 500 representantes de sus bases regionales confirmados y donde se discutirà sobre los temas señalados y las futuras acciones de movilización.   CONACAMI 18-03-09

1. Diario Gestión y reacciones empresarios de la CONFIEP( 18-03-10)

2. Editorial diario El Comercio (20-03-10)

 
Diálogo, inversiones y derechos de los indígenas

Sábado 20 de Marzo del 2010 El Estado Peruano debe evaluar, en su debida dimensión, el último informe de la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país.

A primera vista, la presencia del Perú en este informe —junto con otros diez países— se vincula con los luctuosos sucesos de Bagua, que en el 2009 causaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos. Lamentablemente, no se ha resuelto aún el tema de fondo de dicha crisis, pues las partes involucradas no han cumplido con sus compromisos públicos de lograr consensos.

En realidad, la existencia de 300 conflictos sociales en el territorio nacional, según cifras de la Defensoría del Pueblo, da cuenta de un persistente clima de confrontación en torno a asuntos delicados, así como de serias dificultades para instaurar mecanismos de diálogo que lleven a consolidar la paz social. En el caso de Bagua, no solo existen problemas vinculados a la propiedad de la tierra y la ausencia de la autoridad para canalizar soluciones óptimas, sino asimismo distancias y barreras antropológicas y socioculturales que ponen de manifiesto lo poco que nos conocemos entre los peruanos.

Al respecto, el informe del comité de expertos de la OIT —que, según se ha aclarado, es una entidad autónoma, integrada por 20 juristas eminentes de diversas partes del mundo— debe ser tomado como una alerta y como un llamado a la prevención, pues sus conclusiones no son vinculantes ni expresan la opinión de la OIT como entidad supranacional.

Sin embargo, un aspecto especialmente atendible es su énfasis en cumplir los convenios internacionales y asegurar “la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas, en un clima de total respeto y confianza”.

Es necesario institucionalizar las mesas de diálogo, con la presencia obligatoria del Gobierno Central, la PCM y las comunidades interesadas, que deben ser informadas, a priori y no a posteriori, de los alcances reales de los proyectos, obras e inversiones locales y regionales en sus jurisdicciones.

Solo así podrán complementarse los intereses de los inversionistas (en el Perú se invierten cerca de US$2.000 millones en exploraciones, que representan el 15% de la inversión mundial) con los derechos de los pueblos indígenas, bajo la premisa de que hay recursos que pueden ser explotados racionalmente, con beneficio para todos y asegurando el equilibrio ambiental.

Se trata de evitar algún riesgo para la estabilidad política y social del país, y de no dar pretextos a ciertos grupos extremistas que suelen aprovechar los conflictos latentes para complotar contra la gobernabilidad democrática y la unidad del Estado de derecho.

Ha sido precisamente a través de audiencias públicas o reuniones que los juristas de la OIT han recogido la inconformidad e insatisfacción de las comunidades indígenas y campesinas del Perú y de otros países respecto de algunas actividades de exploración minera y petrolera que no cumplen los requerimientos del Convenio 169, es decir, el acuerdo que establece que estos conglomerados deben ser informados y consultados sobre dichas inversiones.

Hay que actuar ahora, con una óptica preventiva, sin esperar que estallen más conflictos ni que se inmiscuyan agendas extrañas de grupos hiperpolitizados. Corresponde en primera instancia al Gobierno promover activamente el diálogo con las comunidades, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, lo cual implica cambios legislativos que deben ser coordinados con el Congreso.

3. Diario La Primera y declaraciones de dirigentes de CONACAMI (20-03-10)
 

Apoyan resolución de OIT

Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, (Conacami), rechazó ayer las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, quien pretende negar la legalidad de una resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que demanda al Estado el cumplimiento del Convenio 169, firmado por el Perú que establece la consulta previa a las comunidades, sobre cualquier decisión que afecte su hábitat.

Palacios manifestó que “el gran empresariado minero muestra su verdadero rostro, su carga autoritaria, porque esta es una forma de decirnos minería sí o sí, obviando las recomendaciones de la OIT, que precisan la necesidad de que el estado peruano paralice las obras de exploración y explotación minera puesto que no se han desarrollado los procesos de consulta a las comunidades”.

Agregó que los empresarios pretenden borrar “de un tajo las recomendaciones de las Naciones Unidas y desconocer las constantes exhortaciones de la Defensoría del Pueblo”.

El líder indígena resaltó que a su parecer “el Estado suscribe convenios y tratados internacionales para aplicarlos, no para tirarlos a la papelera”. Explicó que “la OIT emite sus informes institucionalmente y cuenta para ello con el órgano especializado en hacer seguimiento al convenio. Esta es una instancia que ha evaluado las posiciones de ambas partes: Estado y pueblos indígenas”.

El informe de la OIT señala en sus observaciones que vela por los pueblos indígenas en aislamiento, los que están protegidos por la legislación del Estado, pese a que no se puede recabar su consentimiento para emprender actividades empresariales en sus territorios.

En este sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la OIT, autora del documento, demanda al gobierno que “suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio (169) en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados”.

La organización ambientalista internacional Survival consideró que la recomendación de la OIT supone “un retroceso vergonzoso para el gobierno peruano, a la vez que una noticia esperanzadora para los pueblos indígenas aislados y para muchos otros pueblos indígenas de todo Perú. El gobierno peruano debería ceñirse a la recomendación de la OIT y dejar de entregar a las multinacionales la tierra de estos pueblos sin su consentimiento”.

Empresarios se quejan
El dirigente empresarial Ricardo Briceño restó importancia al apremiante emplazamiento de la entidad internacional y subrayó que no tiene carácter vinculante. Además negó que la recomendación pueda paralizar las inversiones en exploración minera y de hidrocarburos que realizan diversas empresas en las zonas andina y amazónica.

“(El pedido de la comisión) no es una obligación, no es un mandato legal, porque se trata de una instancia asesora que insta al gobierno del Perú. Aquellos que dicen que hay un derecho a paralizar están equivocados. No hay una orden de paralizar”, puntualizó.

Susana Grados Díaz
Redacción

4. Diario La República y exhortación de la Defensoría del Pueblo (20-03-10)

Defensoría pide suspender las actividades mineras extractivas Convenio 169. Recomienda la OIT. Defensor adjunto  Rolando Luque dice que se debe promulgar la Ley de Consulta Previa.

El adjunto para prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, afirmó que el Perú debe escuchar las recomendaciones de la OIT porque está en falta al no promulgar la Ley de Consulta Previa a que se comprometió cuando firmó el Convenio 169 hace quince años.

“Las recomendaciones para suspender las actividades extractivas hasta que emita la Ley de Consulta Previa deben ser escuchadas con atención por el Perú así no tengan carácter vinculante, pero afirmo categóricamente que el Convenio 169 de la OIT sí lo es”, anotó Rolando Luque.

Ante la preocupación que han causado estas recomendaciones en el sector empresarial del país, comentó que ellos también estarían a la espera de la ley que fijará y facilitará las relaciones entre el Estado, las comunidades y las empresas.

En tanto, Mario Palacios, presidente de las Comunidades Nativas Afectadas por la Minería, dijo que la intención de las recomendaciones de la OIT no es frenar las inversiones como consideran los empresarios sino velar por los derechos de los pueblos indígenas.

La clave

Motivo. “El Estado fue observado por su política pública que afecta derechos indígenas. La ausencia de consulta ha provocado muchos conflictos sociales”, dijo Carlos Soria, de Bien Común.

5. En la pàgina del informativo Alerta Perú (19-03-10)
 

CONFIEP quiere desconocer Convenio 169
Viernes, 19 de Marzo de 2010 17:26
 

Desconocen acuerdo internacional. Finalmente, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) se pronunció sobre el informe de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo que pide al Gobierno peruano suspender las concesiones mineras o petroleras en comunidades nativas que no hayan sido consultadas. Pero, lejos de pedir al Gobierno que cumpla la Ley, la CONFIEP pidió no paralizar estas actividades, haciendo caso omiso al Convenio 169 de la OIT firmado por el Estado peruano.

Ricardo Briceño, presidente del gremio empresarial, declaró ayer  que “el pedido de la comisión no es una obligación, no es un mandato legal, aquellos que dicen que hay un derecho a paralizar están equivocados. No hay una orden de paralizar.” También afirmó que este tipo de documentos perturba el clima de inversiones en el país.

La contra respuesta indígena no se hizo esperar. Mario Palacios Pánez, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), rechazó de plano las afirmaciones de Ricardo Briceño, que intenta restar valor y minimizar un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Perú. “La actitud de la CONFIEP de imponer la minería sí o sí, es autoritaria, e intenta desconocer las atinadas recomendaciones de la OIT donde se precisa la necesidad de que el Estado peruano paralice las obras de exploración y explotación minera mientras no se desarrollen adecuados procesos de consulta a las comunidades afectadas”, señaló. También recordó que el informe precisa la necesidad de paralizar las obras de exploración y explotación minera puesto que no se han desarrollado los procesos de consulta a las comunidades, y señaló que pese a ello el Estado ignora las recomendaciones de las Naciones Unidas y desconoce las constantes exhortaciones de la Defensoría del Pueblo.

Palacios agregó que “ya hemos sido calificados como ‘perros del hortelano’, luego ‘ciudadanos de segunda clase’ y ahora nos quieren desplazar de nuestros territorios a rajatabla en nombre del desarrollo”.

Como se sabe la OIT en su informe ha expuesto sus observaciones al Estado peruano por incumplir reiteradamente el Convenio 169 que garantiza una serie de derechos a los pueblos indígenas. E insta al Gobierno peruano a suspender todas las actividades de extracción de recursos naturales que no hayan sido consultadas con los pueblos en cuestión.

Con estas declaraciones de Briceño, parece haberse iniciado una campaña para desvirtuar lo que la OIT ha observado y recomendado, y, en general, la realidad y los derechos de los pueblos indígenas andino y amazónicos.

6. En la Red de comunicación indígena, SERVINDI (19-03-10)
 
 

http://www.servindi.org/actualidad/23