El gobierno de facto de Roberto Micheletti empeñó el recurso agua y hasta las áreas protegidas de Honduras, al derogar dos decretos ministeriales que prohibían los proyectos hidroeléctricos en dichas zonas, abriendo la posibilidad de privatizar los recursos hídricos y violando los derechos colectivos de las comunidades.
 
Tanto los ríos y cuencas localizadas en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas, pueden ser ahora utilizadas por empresas empeñadas en generar energía eléctrica a base del recurso hídrico, de las cuales se afirma que aún los empresarios de las empresas térmicas están detrás de estos proyectos. 
 
“El primer acuerdo que fue emitido en 1996 y el segundo en el 2008, resulta que fueron derogados mediante un acuerdo ministerial del señor Valerio Gutiérrez, con los que se pretendía que dentro de las áreas protegidas no se atentara contra los ecosistemas, para tratar de asegurar los servicios ambientales”, denunció la ex fiscal y defensora del ambiente Clarissa Vega.
 
Se trata del decreto 233-2010 aprobado el 22 de enero de 2010 que deroga los decretos ministeriales 001-96 y 158-2009 en los cuales se establecía que:…”La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente se abstendrá de dar trámite a las solicitudes de licencia ambiental, cualquiera que sea la naturaleza del proyecto, contratas de aprovechamiento de aguas y estudios de factibilidad para proyectos hidroeléctricos de generacón de energía, si los mismos se encuentran en áreas protegidas…”.
 
El nefasto decreto 233-2010 fue aprobado el 22 de enero de 2010 mientras fungía como ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el señor Valerio Gutiérrez López, siendo presidente de facto Roberto Micheletti. El decreto fue publicado en el Diario oficial La Gaceta el 4 de febrero de este año.
 

“Para nosotros esta disposición es atentatoria que se deroguen estos decretos ministeriales, así que estamos frente a un riesgo de perder las áreas protegidas, frente a un riesgo de que se aprueben proyectos en esa zonas y a un riesgo de perder lo vital que tiene el ser humano que es el agua”, advirtió Vega.
 
Así que estamos haciendo esta denuncia para que se tomen las medidas que sean necesarias para evitar y para que se derogue ese acuerdo que viene a perjudicar los intereses colectivos, sostuvo la ex fiscal.
 
Vega señaló que la población hondureña no debe permitir que continúe en vigencia ese acuerdo en virtud de los perjuicios que puede causar y a la violación de los derechos humanos, como es el acceso al agua. 
 
En relación a la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, la profesional del derecho dijo que “esta es una ley que hasta cierto punto es inconstitucional porque prácticamente da la exclusividad del uso de los ríos a las personas o compañías titulares de los proyectos”.
 
Las comunidades que antes podían acceder a las fuentes de agua, ahora tienen vedado el acceso, pues las compañías tienen el uso exclusivo de los recursos hídricos, denunció la profesional del derecho.
 
“O sea que esta ley está limitando el uso del agua que es un bien público, es un bien para la colectividad y todos y todas tenemos derecho a ese acceso”, aseguró la ex fiscal del ambiente del Ministerio Público.
 
Consultada si dicha ley entra en conflicto con la autonomía de las municipalidades, Vega apuntó que “en cierta forma sí, porque las municipalidades tienen el derecho de proteger su propia ecología en el ámbito de su jurisdicción, que es una atribución de la Ley de Municipalidades”.
 
“Pero aprobando un proyecto de generación de energía eléctrica en una zona, ahí ya la municipalidad se ve afectada y tiene que acatar las licencias ambientales que se están dando”, comentó.
 
Frente a la necesidad energética que tiene el país, la ex fiscal del ambiente plantea la construcción de pequeñas-represas que estén bajo el control de las comunidades, así como el uso de la energía eólica y de biomasa para la generación de energía eléctrica.
 
En contraposición, Vega criticó  los proyectos de construcción de  megas-represas que provocan la expropiación de tierras fértiles y el desplazamiento de las comunidades.
 
Frente a los trastornos en los patrones y la intensidad de las lluvias, la escasez del agua y la reducción de las cosechas que trae consigo los efectos del cambio climático, la defensora del ambiente propone una veda en el corte de la madera en Honduras.
 
Creemos que se debe imponer una veda forestal que permita que se recuperen las fuentes de agua, para que las mayorías tenga acceso a este recurso. “Esa debe ser la prioridad para el Instituto de Conservación Forestal (ICF) recomendó la defensora del ambiente”.