La Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia- Organización Indígena de Antioquia –OIA, DENUNCIA ante la Opinión Pública Regional, Nacional e Internacional por los hechos violatorios a los derechos humanos cometidos por las tropas de la décima séptima brigada del ejército de Carepa a las comunidades indígenas del Departamento:

HECHOS:
1. Siendo a la 1 AM del día 30 de enero de 2010 los integrantes de la comunidad indígena Alto Guayabal en el Resguardo Urada Jiguamiando, sintieron sobrevuelos de un avión. Luego siendo las 2:00 AM aproximadamente sintieron nuevamente el ruido de dos helicópteros, desde donde con ráfagas de fusil fue hostigada la comunidad indígena.
2. Posteriormente, siendo a las 3:00 AM cuando los indígenas procedían a encender los fogones de leña para empezar a cocinar, 30 minutos más tarde sintieron dos helicópteros que aparecieron como fantasmas, tirando estos unas bombas que cayeron cerca a las viviendas, pero una vivienda indígena fue blanco de la acción terrorista de los Militares.
3. En la vivienda destruida habían cinco personas, tres adultos y dos niños, uno de 8 años y otro de 20 días de nacido. Todos, excepto el menor indígena de 8 años están gravemente heridos en varios hospitales en Medellín y otros en Carepa.
4. Además de la vivienda afectada, fueron destruidos los cultivos de pan coger y muchos árboles.

Es necesario recordar que esta comunidad había sufrido desplazamiento y hostigamiento de los diferentes actores armados, tanto por el ejército, los paramilitares como por la guerrilla; y sólo llevaban un año de haber regresado a su comunidad. También es importante resaltar que el resguardo de Urada Jiguamiando está siendo intervenido por el megaproyecto denominado Batolito de Mandé, en donde la compañía minera la MURIEL de Estados Unidos, tiene varias concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental.

La resistencia de las comunidades ubicadas en el resguardo y áreas del proyecto minero ha generado señalamientos y hostigamientos por parte de la Empresa La Muirel y el ejército en varias oportunidades. Es así como, el Gobierno Nacional desde su política de seguridad democrática sin ningún mínimo de respeto viene impulsando el establecimiento de batallones y tropas del ejército en los territorios indígenas, afectando la política de autonomía, los sitios sagrados y generando zozobra, teniendo en cuenta que han ido a hacer daños en los cultivos de las comunidades indígenas, limitando la cacería y la pesca, restringiendo el tránsito en sus propios territorios, haciendo deforestación de los bosques como en el cerro YU (piedra amoladora) en cabeza del batallón Número 15; así como muchos comuneros indígenas han sido violentados en su integridad física.
 
Es de aclarar que, en esta área de exploración minera, ningún indígena es guerrillero; así como la zona está militarizada con el Ejército desde el 24 de diciembre del 2009. En tal sentido, no existe ninguna excusa del Ejército y del Gobierno de Álvaro Uribe, ni de ninguna autoridad Departamental para justificar esta acción violenta en contra de las comunidades indígenas del Departamento. Esta acción nos confirma que hay intenciones de desplazar a estas comunidades para abrir paso estratégicamente a las compañías mineras que tienen concesiones y que según ellos son sus derechos. Por tanto, la OIA rechaza una vez más este acto de barbarie de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas el cual se convierte en un falso positivo.

En tal sentido EXIGIMOS:

1. Una comisión al lugar de los hechos para que hagan la verificación respectiva. Esta debe estar compuesta por CRUZ ROJA INTERNACIONAL, LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, ACNUR, DEFENSORIA DEL PUEBLO y nuestras organizaciones hermanas como la ONIC y otras organizaciones regionales.
2. Que se investigue a los mandos del ejército que dieron orden de este bombardeo a las comunidades indígenas y se haga justicia.
3. Reparación inmediata de los daños morales, físicos, culturales y comunitarios ocasionados por la acción violenta.
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