El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del golpe de Estado en Honduras, divulgado hoy, resume, documenta y constata de manera rigurosa graves violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado del 28 de junio.
 
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hay duda de que la expulsión del presidente hondureño, Manuel Zelaya fue un golpe de Estado protagonizado por los militares, que causó masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
 
CEJIL estima que el informe de la CIDH hace un recuento bien sustentado de los hechos ocurridos en Honduras y refuta a quienes han intentado negar el golpe de Estado y sus trágicas consecuencias sobre la sociedad hondureña. Para CEJIL, el documento permite avanzar en el establecimiento de responsabilidades, la impartición de justicia y las reformas institucionales para el restablecimiento de la democracia y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
 
Según el informe, el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía hondureña causó muertes, miles de detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas; censura a la prensa, abusos sexuales contra mujeres, golpizas y ataques con gases tóxicos a manifestantes pacíficos, persecución política e incluso incursiones en hospitales para detener opositores.
 
La abogada de CEJIL, Marcia Aguiluz, resaltó el hecho de que la CIDH cuestionó la debilidad de las instituciones hondureñas, constató que los recursos judiciales disponibles para proteger los derechos humanos fueron insuficientes e ineficaces y señaló la necesidad de juzgar, sancionar a los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos y reparar a las víctimas.
 
“Este es un punto fundamental en el análisis de la CIDH porque señala un camino para el restablecimiento de la democracia y porque tiene serias implicaciones en la reforma de la institucionalidad hondureña”, añadió Aguiluz.
 
La directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, destacó que está abierto el debate acerca del establecimiento de una Comisión de la Verdad, un mecanismo aplicado en diversos Estados que han sufrido situaciones de quiebre institucional o graves violaciones a los derechos humanos, que debería funcionar de forma imparcial, independiente y profesional para que no se transforme en una forma de eludir a la justicia.
 
En ese sentido, CEJIL considera que podría ser de especial utilidad la instalación en Honduras de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que permitiría dar seguimiento a la situación en el terreno apoyar el trabajo de de una eventual Comisión de la Verdad y ayudar al fortalecimiento de instituciones clave.
 
“La deuda pendiente para Honduras consiste en reconocer lo ocurrido y en buscar los mecanismos que le permitan a la sociedad hondureña abordar las consecuencias de un golpe de Estado, las graves violaciones a los derechos humanos y las necesidades de reparación individual y de reforma institucional”, enfatizó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.
 
 
LA CIDH, creada en 1959, es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) conformado por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA. El informe fue realizado tras una visita a Honduras efectuada entre el 17 y 21 de agosto, durante la cual se entrevistaron con víctimas de violaciones de derechos humanos, funcionarios del Poder Judicial y Legislativo, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y partidos políticos.
 
La mayoría de gobiernos del mundo rechazaron reconocer al gobierno de facto que tomó el poder tras el derrocamiento de Zelaya. La OEA también expulsó a Honduras como resultado del golpe.
 
 
Resumen del Informe de la CIDH: http://www.cejil.org/documentos/RESUMEN%20INFORME%20CIDH%20SOBRE%20HONDU...
 
Washington D.C. 20 de enero de 2010
 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)