Violenta incursión policial dejó dos muertos, nueve heridos y cuatro detenidos. Exigimos investigación y sanción a los responsables. Y que cese la criminalización de los derechos indígenas.
 
Nuevamente el gobierno de Alan García Pérez se mancha las manos de sangre. La Masacre de Bagua del 5 de junio pasado no fue un “exceso”, es parte de su política sistemática de criminalización de los derechos de los pueblos indígenas y del movimiento social en general. El miércoles 2 de diciembre, a las cuatro de la tarde, decenas de policías irrumpieron a balazos en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Sector Cajas Canchaque (provincia de Huancabamba, región Piura), dejando el saldo de dos muertos, nueve heridos y cuatro detenidos.
 
Los comuneros asesinados son el ex teniente gobernador de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Castro Correa Huayama, y Vicente Ramírez Martínez, padre de familia de 50 años.
 
Los heridos son Simón Tocto, Joaquín Ramírez, Eulalia Romero, José Ramírez, Nérida Correa Meléndez, Elita Correa Meléndez, Apolinaria Correa Meléndez, Merli Correa Meléndez y Reina Meléndez. Los detenidos son José Servando Quinde Alberca, del caserío de Rosarios Bajos y Porfirio Clemente Huamán del caserío Pan de Azúcar, quienes fueron conducidos a la comisaría de Chulucanas.
 
El pretexto de la policía fue que tenían que llevar a los comuneros que habían sido citados en calidad de testigos por la Fiscalía Mixta de Huancabamba, como parte de la investigación por los hechos violentos registrados el 1 de noviembre de este año en el campamento minero Henry Hill’s, hechos que habrían sido perpetrados por la propia compañía que tiene a su cargo el proyecto minero Río Blanco con el propósito de incriminar a los comuneros.
 
El Proyecto Minero Río Blanco fue rechazado con más de 90 por ciento de los votos de la población en una Consulta Ciudadana convocada por las municipalidades locales realizada en setiembre del 2007. En lugar de respetar y dar carácter vinculante a los resultados de esta consulta, el gobierno de García Pérez ha recrudecido desde entonces la persecución policial y judicial a las comunidades y a la fecha hay decenas de comuneros de la zona procesados penalmente, solo por defender sus derechos territoriales, ambientales y a decidir su propio modelo de desarrollo.
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, condena la represión criminal contra las comunidades campesinas de Piura y de todo el Perú, exige investigación y sanción a los responsables, y que cese la criminalización de los derechos indígenas. Llama a los movimientos sociales, organismos de derechos humanos independientes, de la OEA y la ONU, y a la comunidad internacional en su conjunto a pronunciarse para que el gobierno de García Pérez respete los derechos humanos y los derechos colectivos en el Perú.
 
Reproducimos líneas abajo el comunicado difundido ayer sobre estos hechos por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú, integrante de la CAOI.
 
Lima, 03 de diciembre de 2009.
 
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
 
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina