Ante el anuncio del Presidente Alejandro Toledo de decretar el
estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, y el encargo
dado a las Fuerzas Armadas sobre el control de la seguridad
interna del país, para cuyo propósito contribuirá la Policía
Nacional del Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
como organismo que agrupa a 61 organismos no gubernamentales para
la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en todo
el país considera que:

* La decisión tomada por el Gobierno no refuerza el principio de
autoridad, el mismo que se funda en la legitimidad nacida de la
coherencia que debe haber entre lo dicho y hecho.

* La presente coyuntura se ha generado por el abandono de amplios
sectores de la población y la ausencia de políticas que
garanticen una mas justa y efectiva redistribución de los
recursos. Por ello debe implementarse una profunda reforma
tributaria, una política equitativa de remuneraciones en el
sector estatal y una adecuada renegociación de la deuda externa.

* Si bien existe amparo legal para esta medida, de facto
significa privilegiar la salida autoritaria sobre el diálogo.
Consideramos que esta medida es un serio retroceso al proceso de
transición democrática, y dentro de este al proceso de reforma de
las Fuerzas Armadas. La entrega del control del orden interno a
las Fuerzas Armadas en 12 regiones debe estar subordinado a las
autoridades civiles.

* El decreto de estado de emergencia es un recurso legal que se
debe tomar en observancia del principio de razonabilidad, creemos
que esto no ha ocurrido puesto que hay caminos de diálogo que
debieron ser implementados.

* Esta decisión restringe mas no anula los derechos
constitucionales, contemplados en los incisos 9, 11, 12, y 24
apartado f, del artículo 2· de la Constitución Política del Perú,
referidos a libertades constitucionales como la libertad y
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y las
libertades de reunión y de tránsito se crea un escenario propicio
para la violación a los derechos humanos. Sin embargo recordamos
que esta medida no afecta en modo alguno el derecho a la vida, a
la integridad física, al debido proceso, por lo que esperamos que
la actual situación no reproduzca las graves vulneraciones a los
derechos humanos que se cometieron los Comandos Políticos
Militares en el pasado reciente.

* A los trabajadores que han adoptado la decisión de acatar las
huelgas les recordamos que el ejercicio de este derecho se debe
realizar sin vulnerar la integridad de las personas y la
propiedad publica y privada.

* El Ejecutivo debe convocar a una reunión de emergencia a los
dirigentes del magisterio y de otros gremios para abrir el
dialogo.

* Por todo lo antes expresado consideramos de vital importancia
que el Gobierno disponga el levantamiento inmediato de esta
medida excesiva, se reinstituya el diálogo y se tomen decisiones
encaminadas a atender los justos reclamos de los huelguistas de
los diversos sectores. Mientras ello ocurra el estado de
emergencia debe ser administrado respetando los derechos de los
ciudadanos para evitar violaciones a los derechos humanos.
* Finalmente manifestamos nuestro compromiso de mantenernos
vigilantes frente a la actuación de las Fuerzas Armadas y
Policiales para denunciar los excesos que pudieran cometer.

Lima, 28 de mayo de 2003

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos http://www.dhperu.org