El Tribunal Supremo Electoral debe ordenar el cese de la persecución política
 
El Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, el Instituto de Derechos Humanos “José Simeón Cañas” de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, integrantes de la Misión del Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN) se pronuncian sobre el clima de temor, las violaciones de derechos humanos y la persecución política que persisten en esta fase preelectoral, a partir de los siguientes hechos:
 
1.    El 22 de octubre pasado, mediante un oficio, un batallón del Ejército habría solicitado a numerosas autoridades municipales los nombres y la ubicación de los miembros de la resistencia que “llevan intranquilidad a la comunidad”. En esa nota se indicó que pronto estarían visitando las comunidades, lo que ocurrió en las semanas subsiguientes. El OISDHHN constatado a través de entrevistas realizadas a varias personas, la presencia frecuente de militares en comunidades como Gualinga, Soloara, Monte Copado, Quizcamote, Opalaca, Tapuimán, Guasores, y Olanchito. Las personas refieren que los militares transitan fuertemente armados, detienen a integrantes de la Resistencia sin motivo alguno, a quienes, en ocasiones, también han agredido físicamente.
 
2.    Las autoridades del régimen de facto, incluyendo el Ministerio Público están amenazando con acusar penalmente a las personas que promuevan el abstencionismo el domingo 29 de noviembre. El OISDHHN ha constatado campos pagados en los principales medios escritos advirtiendo sobre el riesgo para las personas que no voten el día de las elecciones. En la práctica, por hacer un llamado a no votar, las Fuerzas Armadas denunciaron penalmente a Andrés Pavón, presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), y pretendieron justificar la cancelación de la naturalización hondureña y la expulsión del país del padre José Andrés Tamayo Cortez, reconocido líder ambientalista. El Observatorio recuerda que estas acciones son contrarias al ejercicio la libertad de expresión, y constituyen ataques que obstaculizan la defensa de los derechos humanos.
 
3.    La Misión continúa sumamente preocupada por el hostigamiento contra periodistas y la interferencia de las transmisiones de los medios de comunicación críticos a las actuaciones del gobierno de facto, tales como Radio Globo, Cholusat Sur y Canal 36. Desde el pasado viernes 20 de noviembre, personas desconocidas intervinieron la señal satelital y local de Canal 36; así, lo sacaron totalmente del aire. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) reconoció dicha agresión; sin embargo, no ha tomado alguna acción efectiva para que cese dicha práctica ilegítima. Estos hechos de hostigamiento, ocurren en abierto incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sistematicidad de las agresiones contra los medios de comunicación y periodistas críticos del golpe de Estado durante los últimos meses, fue reconocida en la reunión sostenida con los miembros de la Misión por la Fiscalía de Derechos Humanos y es muestra de la política del gobierno de facto contra la libertad de expresión.
 
4.    Finalmente preocupan las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia contra varios jueces independientes. La magistrada de Apelaciones, Tirsa Flores, recibió el 25 de noviembre una comunicación sobre la apertura de un proceso disciplinario en su contra por hechos relacionados con su posición crítica del golpe de Estado. Eso se suma a los procesos abiertos contra Osmán Fajardo, Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios. Estas causas pretenden enviar un mensaje a la judicatura, para que se mantenga sumisa ante una Corte Suprema plenamente vinculada con el gobierno de facto.
 
Estos hechos son precedidos por un contexto en que se dieron miles de detenciones arbitrarias, así como diversas denuncias de afectaciones a la integridad personal y muertes en circunstancias sospechosas, acompañados por la falta de protección efectiva por parte del poder judicial.
 
El Observatorio confirma el clima de temor generalizado que afecta particularmente a las personas vinculadas con la Resistencia, las violaciones de derechos humanos que no han cesado y las restricciones a la libertad de expresión vigentes, lo que demuestra la falta de condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto libre y sin obstáculos de ningún tipo. 
 
El OISDHHN hace un llamado al Tribunal Supremo Electoral, órgano que ahora dirige las fuerzas de seguridad y el Ejército, para cesar todo tipo de persecución política y −en particular− cualquier acto de hostigamiento, intimidación, amenaza y atropello contra las personas que ejercen su derecho a la libre expresión.
 
 
Tegucigalpa, 26 de noviembre, 2009