Pronunciamiento Público

Las organizaciones indígenas, originarias, campesinas,
campesinos sin tierra y trabajadores asalariados del
campo, reunidas en Santa Cruz para evaluar la actual
situación nacional y el incumplimiento de los acuerdos
del Gobierno con nuestras organizaciones indígenas y
campesinas, manifestamos:

Hoy se cumple un año de cuando iniciamos la Marcha por la
Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos
Naturales. El 13 de mayo del 2002 las organizaciones
indígenas y campesinas de tierras bajas iniciamos esta
marcha para reclamar la participación social en las
definiciones nacionales. Nuestra propuesta, ajustada a la
institucionalidad vigente, era que se aprobara una Ley de
Necesidad de Reforma, modificando los Arts. 230 y
siguientes de la CPE, para incorporar el mecanismo de
Asamblea Nacional Constituyente participativa.
Proponíamos que esta Asamblea Nacional Constituyente
debía ser elegida por voto popular en circunscripciones
uninominales, departamentales y nacionales para
garantizar que esta ANC refleje las visiones local y
regional, pero también tenga una visión nacional, de
país, que es lo que nos falta hasta ahora.

También proponíamos que para elegir esta Asamblea
pudieran postular candidatos los partidos políticos, pero
también grupos de ciudadanos y las organizaciones
sociales en las respectivas circunscripciones, con el
respaldo de un número de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral.

El gobierno, las bancadas parlamentarias y representantes
de los partidos políticos, se comprometieron con nuestras
organizaciones, ayllus, markas, comunidades, sindicatos,
a concertar y aprobar un proyecto en Ley de Necesidad que
incorporara la Asamblea Nacional Constituyente. Ese
acuerdo se firmo el 21 de junio de 2002, pero el 1º de
agosto del mismo año, el parlamento aprobó una Ley de
Necesidad que no sólo no daba cumplimiento al acuerdo,
sino que refuerza el control del poder político por los
partidos a través del parlamento. Esta ley de Necesidad
que negaba el clamor de los sectores sociales
mayoritarios, fue aprobada a espaldas del país, a
instancias del actual gobierno que se niega a una
democracia participativa, que se niega a aceptar la
crisis política del país y que en lugar de dialogar y
concertar con los sectores sociales, amenaza
constantemente con las armas del ejercito.

Hoy, a un año de que iniciáramos aquella marcha,
observamos con mucha pena que la crisis del país ha
empeorado. Que más de 50 hermanos bolivianos han sido
asesinados por luchar por sus derechos, desde los
campesinos de Yapacaní, compañeros campesinos en los
bloqueos del mes de enero, hasta ancianos rentistas que
marchaban defendiendo sus derechos y, finalmente, muchos
policías, militares y civiles en la revuelta del 12 y 13
de febrero.

Nosotros estamos seguros que si el sistema político
hubiera abierto las decisiones del país a la
participación social y si hubieran permitido que todos
los bolivianos nos sentáramos en una Asamblea Nacional
Constituyente para definir conjuntamente el destino de
nuestro país y nuestros recursos, y a pensar
conjuntamente la forma de salir de la crisis, esas
muertes se hubieran evitado.

Pero en lugar de concertar soluciones con los sectores
sociales, el Gobierno se cierra en su círculo de poder y
en su excluyente modelo económico y amenaza con las
fuerzas militares.

Las organizaciones que marchamos hace un año, nos hemos
reunido en medio de la crisis actual del país a
conmemorar el inicio de la Marcha por la Soberanía
Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, y
observamos que no solo no se cumplieron los acuerdos para
satisfacer las demandas nacionales, si no también que la
situación económica y social ha empeorado y se siguen
violando nuestros derechos.

Por lo anterior, las organizaciones indígenas y
campesinas del Oriente, declaramos:

1. Ratificamos nuestra propuesta de Asamblea Nacional
Constituyente, con participación de todos los sectores
sociales sin la mediación de los partidos políticos, para
que entre todos los bolivianos, concertemos soluciones a
la aguda crisis estructural del país.

2. Reclamamos soluciones concertadas y efectivas para
salir de la crisis actual del proceso agrario, demandamos
la titulación de tierras indígenas y campesinas, y
garantías para la vida de dirigentes y asesores que
trabajan por nuestros derechos.

3. Ratificamos nuestro compromiso de unidad y trabajo
conjunto entre los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas, originarias y campesinas, trabajadores
asalariados del campo y otros sectores sociales para la
defensa de nuestros derechos y terminar con el estado de
exclusión.

Santa Cruz de la Sierra, 13 de mayo de 200

COORDINADORA DE PUEBLOS ÉTNICOS DE SANTA CRUZ – CPESC

CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYO -
CONAMAQ

FEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS –
FSUTC-S.C.

FEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS – BRTOLINA SISA

MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES CAMPESINOS SIN TIERRA –
MST

COORDINADORA DE INTEGRACIÓN DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS
CAMPESINAS DE BOLIVIA - CIOEC

CONFEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES ASALARIADOS
DEL CAMPO – CDTAC – SANTA CRUZ

CONSEJO DE PUEBLOS INDÍGENAS DE YAPACANÍ – SANTA CRUZ
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE SAN IGNACIO DE
VELASCO – ACISIV

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE SAN RAFAEL DE
VELASCO - ACISARV

CENTRAL INDÍGENA DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LOMERÍO –
CICOL

CENTRAL INDÍGENA PAIKONEKA DE SAN JAVIER – CIP-SJ

CENTRAL INDÍGENA CHIQUITANA DE GERMÁN BUSH – CICH-GB

CENTRAL INDÍGENA DE COMUNIDADES DE CONCEPCIÓN – CICC

CENTRAL INDÍGENA CHIQUITANA DE PAILÓN – CICHIPA

CENTRAL AYOREA NATIVO DEL ORIENTE BOLIVIANO-CANOB

COMUNIDAD AYOREA PORVENIR

CENTRAL DE COMUNIDADES DE URUBICHÁ – CECU

CENTRAL INDÍGENA INTERÉTNICA DE ASENCIÓN – GUARAYOS

SUB-CENTRAL DE CAMPESINOS AGRARIOS HARDEMAN- PROV.
SANTISTEBAN