Derechos de la Madre Tierra

 
“La resistencia de los pueblos en el Sur es un aporte a la humanidad porque claman seguir viviendo en armonía con la tierra, protegen la salud y el agua. Son el presente y el futuro de la tierra”.
 
 
La Asamblea Inter-redes sobre Proyectos energéticos como causa de criminalización y deuda ecológica, quese realizó en Quito-Ecuador, del pasado 9 al 12 de Octubre, agrupó a diversas organizaciones sociales, indígenas, ecologistas provenientes de América Latina, el Caribe, África, Asia y Europa.
 
En la Asamblea, las organizaciones presentaron casos y propuestas en torno a los proyectos energéticos, criminalización y deuda ecológica que se llevan a cabo en sus países. Algunos de los temas que se analizaron giraron en torno a: las propuestas de mercado versus el crudo represado; y el reclamo de la deuda ecológica frente al cambio climático, campañas que lleva adelante el grupo ecologista ecuatoriano Acción Ecológica; la criminalización de la resistencia a proyectos de energía, donde se expusieron casos como la represión de Bagua en el Perú, ocurrido el pasado mes de Junio y casos ecuatorianos.
 
Como documento final, la Asamblea redactó la Declaración “Resistencia, buen vivir, buen convivir”, donde se discutió sobre las amenazas del modelo capitalista, las políticas extractivistas y de explotación de los Estados en América Latina y el derecho de los pueblos a la resistencia y a la defensa del territorio. En la Declaración, constan también compromisos de las organizaciones para fortalecer las luchas y defender los derechos colectivos, garantizando el territorio y poniendo énfasis en el concepto del buen vivir.
 
En la Declaración, se evidencia la situación del poder en América Latina, el Caribe y los países del Sur. Los Estados Nacionales a través de empresas estatales, pretenden reproducir y profundizar el sistema capitalista, en base a políticas extractivistas y la explotación de recursos de nuestra Tierra, violando la soberanía, y los derechos de los pueblos, y causando graves consecuencias en la naturaleza, las mismas que ya estamos viviendo, como el cambio climático. El documento habla de la aplicación de programas de ajuste distintos, “ya no solo para la inserción a los mercados mundiales, sino para enfrentar la inseguridad energética del Norte y garantizar la nueva acumulación debida al cambio climático. Para esto se crea el mercado de carbono y sus programas, que significan un traslado de la crisis climática sobre los hombros de las comunidades en el Sur. Al igual que los planes de adaptación, todas las iniciativas propuestas desde la lógica de este modelo de mercado, para mitigar el cambio climático, tendrán como consecuencia nuevas formas de dominación, endeudamiento e incremento de la deuda ecológica acumulada que se debe a los pueblos del Sur y a la naturaleza”.
 
En el Ecuador, a pesar de algunos avances en el fortalecimiento de los derechos colectivos, ambientales, o el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos, se están construyendo nuevas estructuras jurídicas que permiten la aplicación de políticas desarrollistas y extractivistas que destruyen la naturaleza y con ella, las culturas”.
 
Los delegados a la Asamblea piensan que los verdaderos cambios del modelo deben “posicionar a la justicia ambiental que implica justicia para los pueblos y justicia para la naturaleza, significa además incorporar las demandas, reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales o poblaciones locales”. Y por el contrario, se está enjuiciando a los pueblos, y reprimiendo las formas de vivir que ofrecen alternativas reales a este sistema. Se militarizan territorios, o contratan ejércitos privados y de seguridad con estos fines. Están criminalizando el buen vivir.
 
Añaden que “ante a los discursos antineoliberales o antiimperialistas o el reforzamiento de propuestas de integración Sur-Sur, muchos movimientos políticos y sociales de la región se están conformando y desmovilizando. Inclusive, por desconocimiento o pragmatismo, algunos sectores de izquierda no reconocen los peligros que representa este desarrollismo, el capitalismo verde o el ambientalismo de mercado. Con su alineación o repliegue permiten la recomposición de los sectores de poder y el re-encauche de un capitalismo en crisis”.
 
Advierten además que la verdadera justicia climática está en las luchas que llevan los pueblos del Sur en defensa de sus territorios y sus derechos, que desde hace rato han levantado sus voces en oposición al modelo y a los proyectos de extracción de crudo, “Así están logrando salvaguardar los ciclos naturales y la supervivencia de la vida sobre el planeta”.
 
Como parte de la Declaratoria, las organizaciones se comprometieron entre otras cosas a: denunciar las nuevas operaciones hidrocarburíferas y de carbón, apoyar la campaña a nivel global de dejar el crudo en el subsuelo y luchar por una Amazonía sin petróleo; exigir el no pago de las deudas ilegitimas, denunciar nuevos endeudamientos y trabajar por el reconocimiento de la deuda ecológica; rechazar los proyectos como el marcado de carbono, los mecanismos REDD, los agrocombustibles y la venta de servicios ambientales; oponerse a los nuevos proyectos mineros, fortalecer la defensa del territorio, los derechos de los pueblos y la naturaleza; denunciar la militarización y la represión en los pueblos del Sur que resisten en defensa de la naturaleza; exigir el derecho a la resistencia y movilizarse en apoyo a los procesos de resistencia al modelo capitalista; y sostener los procesos de defensa, construcción y transformación para garantizar el buen vivir.