ANTECEDENTES
 
El Movimiento Indígena conformado por las nacionalidades, Shuar, Achuar, Waorani; Shiwiar, Andoa, Zápara, Cofán, Siona, Secoya, Awá, Epera, Chachi, Tsáchila,  Kichwa de la Amazonia, Pueblos Kichwa de la Sierra: Pastos, Otavalo, Karanki, Kayambi, Natabuela, Kitukara, Panzaleo, Tomabela, Chibuleo, Kisapincha, Salasaca, waranka, Puruwa, Cañari, Sarakuru, y pueblos de la Costa: Manta y Wankavilka, representado  por la CONAIE y sus  organizaciones regionales CONAICE, ECUARUNARI y CONFENIAE, ha desarrollado múltiples acciones históricas para la transformación democrática de la sociedad y la construcción del Estado Plurinacional y el fortalecimiento del SUMAK KAWSAY, actualmente vigente en la Constitución.
 
Para mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales en el territorio de las Nacionalidades Indígenas se necesita buscar la unidad y la auténtica relación intercultural entre las NACIONALIDADES y el ESTADO ECUATORIANO, que contemple una participación plena y no discriminatoria en la toma de decisiones de los principales ejes para la construcción del Estado Plurinacional.
 
Sin embargo, estos objetivos democráticos han debido enfrentar la exclusión sistemática por parte del gobierno hacia las Nacionalidades y Pueblos, se ha invisibilizado  y minimizado las propuestas planteadas, y además, se ha estigmatizado al movimiento indígena calificándolo como un mero ente gremial o corporativista, desconociendo su calidad de entidad histórica anterior a la existencia del Estado Ecuatoriano.
 
Para poder entender claramente el alcance de los problemas que nos han llevado a las últimas movilizaciones es indispensable señalar la sistemática violación de los derechos de la Nacionalidades y Pueblos Indígenas por parte del Estado y sus sucesivos gobiernos, resultado del cual se ha dado la siguiente situación:
 

Impactos negativos en el ambiente y en el deterioro de la calidad de vida y depredación de nuestros  territorios por la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

 

Irrespeto a las formas de organización ancestral y tradicional, a la administración de justicia indígena y a las formas de gobierno de las Nacionalidades y Pueblos.

 

Concesión y ocupación de los territorios por las transnacionales petroleras, madereras, camaroneras, servicios ambientales, mineras  y colonos violando el derecho a la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de los pueblos.

 

Graves procesos de aculturación, en muchos casos irreversibles,  de los patrones culturales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

 

Ineficiente atención e incluso ausencia de respuestas a las demandas sociales, económicas, culturales y ambientales de todas las Nacionalidades y Pueblos, que imposibilita la vigencia y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

 

Nefastas políticas gubernamentales de desestabilización y división socio-organizativa de las Nacionalidades Indígenas a través de programas sociales asistencialistas y clientelares.

 

Insuficiencia de los recursos canalizados a través de las entidades gubernamentales nacionales y los gobiernos locales, que no llegan a las comunidades indígenas, tanto  de la Sierra,  la  Amazonía y  la Costa.

 

Ausencia de mecanismos y normas de participación democrática en todos los espacios de decisión como Nacionalidades y Pueblos.

 

Falta de transparencia y socialización de la información relacionada con las concesiones, contratos y demás medidas que afectan nuestros derechos.

 

Falsas acusaciones a la Nacionalidad Shuar por parte de la Presidencia de la República, sobre los acontecimientos ocurridos en el puente del Río Upano durante el desalojo violento dispuesto por las autoridades de la fuerza pública.

 
A más de lo señalado y en razón de los acontecimientos suscitados, exigimos que previo a todo otro acuerdo o consenso, se proceda a:
 
·         Esclarecimiento de la muerte del compañero profesor BOSCO WISUM, sanción  a los responsables  e indemnización inmediata a su familia por parte del Estado.
 
·         Liberación de todos los compañeros detenidos durante la legítima  movilización, y desistimiento inmediato de los procesos jurídicos en su contra.
 

Retiro inmediato de la policía, ejército y demás miembros de la fuerza pública desplazados para confrontar las acciones de protesta de los territorios de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.
 

Para el Ejecutivo:
 
A partir de lo señalado, solicitamos:
 

Cese inmediato por parte del gobierno de los mensajes discriminatorios, racistas y desprestigio a los líderes de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador por asumir nuestra responsabilidad como  ciudadanos críticos y propositivos de la realidad nacional.

 

Las Nacionalidades y los Pueblos   exigimos la participación efectiva en la construcción e implementación del Estado Plurinacional, respetando  la diversidad,  la crítica, la tolerancia, el diálogo transparente y público con todos los sectores.

 

Revisar el proceso de regionalización dispuesto en forma unilateral por la SENPLADES y respetar lo establecido en el Artículo 250 de la Constitución, relacionado con la creación de la Circunscripción Territorial Especial de la Amazonía

 
4.       Demandar al Estado Ecuatoriano la aprobación inmediata de la reforma del proyecto de la Ley 010 estableciendo mayor participación de las 10 Nacionalidades en la distribución de los fondos establecidos en esta ley y una  representación proporcional de estas Nacionalidades en las instancias de la administración del ECORAE.
 

Cese inmediato de la creación de los Comités de la  Revolución Ciudadana en comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, que atentan a su integridad organizativa y causar conflictos internos.

 
6.         Expedir un Decreto Ejecutivo que institucionalice el proceso de diálogo,   disponiendo el cumplimiento de los   acuerdos  establecidos con el Presidente de la República y organismos del Estado a las autoridades respectivas.
 
7.       Anulación inmediata de todos los contratos petroleros, de los bloques 15, 20, 23 y 24, y las concesiones mineras otorgadas  en las provincias de Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en particular las asignadas ECSA.SA., Aurelian Kinrous Ecuador, entre otros que responden a interés multinacionales; los bloques 4 y 5 en las Provincias de Santa Elena y Guayas, así como la remediación ambiental  y las indemnizaciones en las demás zonas intervenidas por las industrias petroleras y minera y por la explotación maderera y camaroneras.
 

Retiro inmediato de la Ley de recursos hídricos para elaborar una Ley en consenso entre todos los sectores 

 

Cumplimiento real de las garantías integrales e irrestrictas para el ejercicio del derecho a la vida y a la territorialidad de las Nacionalidades Libres Tagaeri, Taromenane, desde sus propios sistemas de vida, de acuerdo al Artículo 57 numeral 21 de la Constitución Política, de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas  en el año 2006, en los convenios y tratados internacionales,  con administración autónoma de su territorio de acuerdo a las políticas de la nacionalidad Waorani.

 

 Efectivo cumplimiento de las garantías integrales a los derechos territoriales y la autodeterminación de las Nacionalidades y Pueblos cuyos territorios se encuentran en las zonas de frontera, quienes están amenazados por la invasión de empresas extractivas, por la militarización y la violencia: Awa, Epera, Chachi, Cofán, Secoya, Siona, Kichwa en la frontera con Colombia y las Nacionalidades Shuar, Achuar, Sapara, Andoas, Shiwiar en la frontera con el Perú.

 

Titulación de los territorios ancestrales de las nacionalidades y pueblos a nivel nacional con el carácter de comunitario, imprescriptible, indivisible, inembargable; y el respeto a ejercer sus derechos propios, las formas de participación y organización en las circunscripciones y sus gobiernos autónomos. Recuperación de tierras y territorios, recuperación de los suelos degradados en la Sierra,  resolución de conflictos y descartar la creación de circuitos y distritos.

 

Promover la democratización de la comunicación a través de un sistema de comunicación nacional basado en una institucionalidad plurinacional, participativa,   y equitativa. Redefinición de los medios de comunicación a servicios de comunicación. Asignación del 33% de frecuencias para cada uno de los sectores definidos en la Constitución y presentado en el  Proyecto de Ley de Comunicación por el Foro Social  de la comunicación y las Nacionalidades y Pueblos.

 

Derogatoria de los Decretos Ejecutivos y reestablecimiento de la autonomía técnica, administrativa y financiera de las instituciones indígenas: DINEIB, Secretaría Nacional de Salud Intercultural.  

 
o   Decreto 1585 que politiza el sistema de educación intercultural bilingüe.
 
o   Decreto 1780 y su reforma que facultan atribuciones a las misiones religiosas católicas sobre la formación de las poblaciones indígenas y campesinas.
 
o   Decreto 1701 que legaliza la flexibilización laboral.
 
o   Decreto No. 1391 que legaliza las  concesiones a las camaroneras en los territorios ancestrales.
 
o   Eliminación del Acuerdo Ministerial sobre el Registro Único de Organizaciones Sociales, RUOS que es inconstitucional y les convierte en sujetos tributarios a las comunidades.
 
13. Respeto a la Ley orgánica de las instituciones indígenas, la misma que deben ser fortalecidas y especializadas en la formulación de planes, diseño y ejecución de políticas para garantizar la implementación del Estado Plurinacional.
 
14. Disponer que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  entregue el patrimonio histórico y cultural de las nacionalidades y pueblos y reestablezca las facultades administrativas al Instituto Inga pirca del Pueblo Kañari, tal como lo establece el Decreto 1475 de fecha 3 de mayo 2001.
 

Suspensión de los programas como: socio bosque, socio páramo  y créditos clientelares, entre otros que atentan a las formas de organización y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.

 

Conforme al Art. 19 inciso 2  de la Constitución y aperturar  espacios en los medios gubernamentales para el derecho a la réplica, información, comunicación de las nacionalidades, pueblos y ciudadanía en general.

 
A LA ASAMBLEA NACIONAL
 
1.         Demandar a la Asamblea Nacional que  adopte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) como Ley de la república.
 
2.         Elaborar los Proyectos de Ley de manera colectiva con la participación real y efectiva de todos los sectores,  que sus propuestas sean acogidas  y que no se impongan textos de manera  unilateral y dictatorial.  En particular las Leyes de: Recursos Hídricos, Biodiversidad, Comunicación, Educación Intercultural Bilingüe, Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, reforma agraria entre otras.