El Consejo Regional de Autoridades Indígenas de Risaralda, CRIR, denunció amenazas de muerte contra sus dirigencia y “ordenes” de renunciar a sus cargos, por parte de un actor armado denominado “Bloque Sur”; la amenaza está dirigida, también, a dos autoridades indígenas del resguardo Unificado de Pueblo Rico.
 
Antecedentes:
 
Factores que afectan la autonomía indígena y vulneran sus derechos
 
En el departamento de Risaralda la mayoría de los líderes se encuentran amenazados, ya sea en forma directa o indirecta por grupos armados legales e ilegales; varios dirigentes y autoridades indígenas han sido asesinados por estos grupos, sin que hasta la fecha se haya podido aclarar el motivo final de los crímenes o los autores intelectuales de ellos; todos han quedado en impunidad. Las amenazas continúan, pese a que el pueblo Embera Chamí cuenta con medidas cautelares, otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 
Exponemos a continuación algunos aspectos que nos permitan poner en evidencia la difícil situación que atraviesan autoridades y dirigentes indígenas no sólo de Risaralda, sino del país y, que nos permita vislumbrar el trasfondo de las reiterativas amenazas contra autoridades y dirigentes indígenas.  
 
En Risaralda son constantes las declaraciones, ofensivas, irresponsables y discriminatorias por parte de algunos funcionarios del gobierno que ponen en riesgo la vida de los miembros del CRIR, quienes han debido protegerse en algún lugar del departamento. Un caso típico proviene del mismo secretario de gobierno del departamento, quien ha dicho a diferentes medios de comunicación regionales que los indígenas son borrachos, que les gusta mendigar y no les gusta trabajar.
En la región hay fuertes intereses económicos por parte de empresas trasnacionales como la Quedada, sumado el interés del gobierno departamental y nacional por promover la explotación de recursos mineros de la zona, bajo el supuesto de “desarrollo”.
 
La zona en la cual se encuentran los resguardos emberas es muy codiciada por los grandes yacimientos de minerales que reposan en sus territorio, lo cual ha conllevado a un fuerte militarización. La presencia militar, principalmente, se ha intensificado en los municipios de Pueblo Rico, Undría de Belem, Marcella, Mistrató y Quinchía, zonas estas que albergan gran riqueza mineral, especialmente oro.
 
En varios territorios indígenas (resguardos y asentamientos) el ejército móvil que custodia la región, Batallón 14, interroga a sus moradores, con listado en mano y con el nombre de la mayoría de los líderes, preguntando el lugar de residencia, la permanencia en la región y demás detalles de la vida de cada uno de ellos
 
De otra parte el gobierno departamental y nacional niegan que haya conflicto en la zona, lo hace con el propósito que no se afecte el turismo, a gran escala, en la zona; “Colombia ha tenido uno de los mejores comportamientos en materia turística en los últimos años” sostiene el Ministro de Comercio Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, quien resalta que en el ultimo año, el crecimiento turistico ha sido de un 9%, “muy por encima de otros países latinoamericanos”. (El Espectador, domingo 27 de septiembre, edición No. 34. 784)
 
Plata asegura que entre otras razones el crecimiento del turismo en todas las regiones colombianas se debe a los incentivos y a la “seguridad nacional”: El gobierno ha dicho que en la región no hay grupos guerrilleros ni paramilitares, lo cual favorece la inversión turística, pero tergiversa la realidad, pues la zona además de la militarización, tiene presencia de otros actores armados. Las constantes amenazas contra los compañeros indígenas es una muestra real de la existencia de grupos armados en la región.
 
Hechos: 
 
El pasado 29 de septiembre el Consejo Regional de Autoridades Indígenas de Risaralda, CRIR, presentó un informe sobre la situación de Derechos Humanos, del Pueblo Indígena Embera Chamí de Risaralda. El informe realizado por una Comisión Humanitaria del CRIR fue presentado en audiencia pública y, recoge la situación de las comunidades chamí de los territorios indígenas de la región.
 
Luego que las autoridades indígenas y dirigencia del CRIR denunciaron las constantes intimidaciones en su contra y las sistemáticas violaciones a los derechos del Pueblo Embera, recibieron amenazas de muerte y “ordenes” de renunciar a sus cargos.
Las amenazas por mensaje celular llegaron al consejero mayor del CRIR y dos autoridades tradicionales del resguardo indígena unificado Embera Chamí de Pueblo Rico; a las seis de la mañana y 24 minutos (1ro de octubre) recibieron a través de un mensaje de texto en sus celulares, amenazas para todos los miembros de la Junta Directiva del CRIR para que abandonen su cargo, so pena de perder la vida y la de su familia, si no lo hacen, en el término de cinco (5) días. Según los textos de la denuncia las amenazas provienen del grupo paramilitar denominado “Bloque Sur”.
El CRIR responsabiliza a algunos funcionarios de instituciones locales y departamentales, quienes han dicho que la dirigencia indígena risaraldense es “corrupta”; “aseveraciones temerarias y sin ningún asidero jurídico, pues no han presentado siquiera una denuncia que pruebe tales hechos; no obstante esto llegó a oídos de los violentos y motivó la amenaza por quienes se identifican como Bloque Sur”.
 
El Informe
 
El informe realizado con participación de autoridades locales, regionales y nacionales (administrativas, judiciales, militares) y organismos defensoras de derechos humanos, plantea la situación de derechos humanos y cuestiona la operatividad institucional del gobierno para garantizar el respeto de los derechos de estas comunidades:
“Nuestro interés es que se condene al Estado colombiano por el extermino que ha sido objeto este pueblo que está poniendo el más alto porcentaje de desplazados en todo el territorio nacional, a raíz de que en sus territorios se vive una crítica situación de conflicto armado y post conflicto que no sólo los mata físicamente en medio de las balas y las incursiones armadas de los diversos actores armados (legales e ilegales), sino también los mata de hambre, de abandono, de falta de programas que garanticen la pervivencia y la conservación de la cultura y tradición indígena, la cohibición del ejercicio de su autonomía el irrespeto por las normas sobre legislación indígena existentes nacional e internacional y, tampoco respeta las riquezas existentes en sus territorios”.
 
El Informe también plantea cómo la concentración de la tierra está en manos de unos pocos potentados con influencias políticas y económicas. Y, cómo la migración de campesinos a zonas urbanas permite el abandono de territorios, lo cual trae como consecuencia pobreza y condiciones de vida denigrante para los emberas, incluso mendicidad.
 
En este sentido las autoridades y comunidades indígenas de Risaralda rechazan estos actos y exigen a los violentos el respeto por la vida de las autoridades tradicionales y sus familias, el respeto por la autonomía y a la autodeterminación que tienen como pueblos para nombrar y remover sus autoridades de sus cargos 
 
Exigencias
 
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, Onic, rechaza contundentemente esta situación de amenazas, contra nuestras autoridades y la dirigencia del CRIR, pues conocemos la situación que viven los compañeros embera de Risaralda y, exigimos se garantice el respeto a sus vidas.
 
La ONIC y el CRIR exigen a las autoridades judiciales que se investigue esta amenaza y se dicten las medidas pertinentes para garantizar la vida de todos los directivos del CRIR y sus familias y comunidades, al mismo tiempo que se llegue a esclarecer la autoria de este acto y se sancione conforme a la ley a quienes nos estigmatizan, cuartan nuestras libertades y nos señalan con apreciaciones sin fundamento.
 
Exigimos la desmilitarización de nuestros territorios; que todos los grupos armados tanto legales como ilegales se retiren de inmediato de las comunidades y resguardos.
Se solicita una comisión de alto nivel conformada por delegados de derechos humanos nacional e internacional para que se verifique lo que está pasando en los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y otros cercanos, frente a las amenazas, señalamientos, desapariciones, estigmatización y crímenes.
 
Exigimos al gobierno del Estado colombiano que cumpla lo establecido por la Corte Constitucional en el Auto, 004 de enero de 2009, que a su letra dice que el gobierno debe construir planes de salvaguarda para los pueblos indígenas que están en riesgo de extinción física y cultural entre ellos el Pueblo Emberas Chamí.
 
Que el gobierno departamental no se excuse diciendo que los crímenes contra las comunidades indígenas Embera Chamí son parte de acciones por delincuencia común, expresiones como estas dejan el sabor del poco interés y responsabilidades.
 
Que las personas que se prestan a los medios de comunicación radio y prensa respeten la autonomía y la administración de los pueblos indígenas y, no se estigmatice con el propósito de generar malestar y confusión en las personas y entidades que quieren apoyar a las comunidades indígenas de Risaralda,
 
Exigimos que los mandatarios públicos respeten los tratados y convenios internacionales, que no se vendan nuestros territorios, lo cual ha traído, a nuestros territorios indígenas, presencia de grupos legales e ilegales armados, que aterrorizan a las comunidades e interrumpen la paz que siempre han tenidos nuestros indígenas.
 
Que se ejecuten proyectos en las comunidades indígenas, que suplan nuestras necesidades y no se obedezca sólo al interés de las instituciones, que finalmente terminan ordenado que hacer y qué se debe hacer, 
 
Exigimos que las 48 familias indígenas de Marsella que desde hace mas de cuatro años viven de manera infrahumana en una cancha de fútbol, que sean reubicados y no se siga violando sus derechos a una vida digna y, evitar más muertos,
 
Que el Estado cumpla con sus funciones en el reconocimiento y otorgamiento de territorio para que los indígenas sigamos perviviendo en el tiempo y;
 
Que los planes de acciones y los planes de desarrollos municipales y departamentales pasen de los escritorios a hechos reales en las comunidades indígenas.
 
Bogotá, D.C octubre 02 de 2009
 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)