La Organización Indígena de Antioquia demuestra que la guerra no la gana el más fuerte, sino quien la abandone; anunció que su guardia recibirá a los indígenas que hagan parte de los actores armados, serán entregados al Consejo de Justicia Propia.
 
La semana pasada la Organización Indígena de Antioquia anunció que su Guardia Indígena recibirá a los comuneros-as indígenas -dentro de su jurisdicción- que hacen o hicieron parte de los actores armados al margen de la ley para ser entregados al Consejo Regional de Justicia Indígena.
 
Este órgano, ratificado en el VII Congreso Onic, avalado por la Ley de Origen de los pueblos ancestrales y por la constitución en el marco de la Jurisdicción Indígena, promoverá los espacios necesarios y pertinentes para la recuperación cultural y espiritual a los indígenas que se entregaron o se entreguen a la guardia propia.
 
El Proceso se hará mediante correctivos basados en los fundamentos naturales y los principios comunitarios. Pero esto ¿podrá generar implicaciones para el movimiento indígena antioqueño? O ¿demuestra su madurez política y su capacidad decisoria?
 
El Sistema de Información e Investigación Indígena, Sico, de la Onic dialogó al respecto con William Karupia, Consejero mayor de la OIA, quien asegura que no tienen miedo de las represalias que se puedan venir, sino que están dispuestos a reintegrar a la vida civil-comunitaria a quienes un día hicieron la guerra para que se reivindiquen y sean útiles a su familia, a su organización y al país.  
 
En un comunicado público la OIA aseguró que bajo los principios de autonomía y en cumplimiento de los mandatos de los respectivos congresos indígenas, ha adoptado como política en materia de Derechos Humanos y Paz que ningún indígena haga parte del conflicto armado en cualquier calidad; sea como combatiente, miliciano, auxiliador o integrante del Ejército Nacional. 
 
Antioquia, contexto socio-estratégico del conflicto y el “desarrollo”
 
Antioquia es conocida como muna región montañosa con enormes riquezas de fauna, flora, rica en recursos naturales y mineros; su gente acogedora y emprendedora, ha marcado momentos importantes para el desarrollo nacional y ha aportado un eslabón importante a la economía nacional. Un aspecto fundamental que le caracteriza es la diversidad cultural gracias a los pueblos indígenas que allí habitan.
 
El departamento, también, ha sido marcado por fenómenos como el narcotráfico, el sicariato y la implementación de grandes mega-proyectos de explotación minera, que según las empresas trasnacionales y el gobierno, contribuyen al “desarrollo” nacional. Pero desde la visión y cosmovisión de las comunidades y autoridades indígenas les ha generado graves violaciones a sus derechos, vulneración a su integridad y en algunos casos graves violaciones a la vida, integridad y dignidad de los pueblos.
 
William Karupia explicó como los macro proyectos económicos programados desde el proyecto Mandé Norte, tienen como estrategia la triangulación de las concesiones mineras del occidente colombiano. “En Antioquia tiene como objetivo la prospección y explotación en los municipios de Dabeiba, Frontino, Urrao, Mutatá, Villas del Fuerte y Murindó”.
 
Sostuvo que en este macro-proyecto confluyen empresas nacionales, multinacionales y trasnacionales como Cordillera S.A., Carbón de Loma, La Quedhada, la Muriel Mining Corporation e Ingeomina por parte del Estado. “La mayor afectación a las comunidades es por parte de la Muriel Mining, empresa que recibió la concesión del gobierno departamental y la nación para explorar y explotar la mina de oro conocida como el Cerro Careperro -Jaicatuma -USA-Kirandarra-, en lengua embera”.
 
Las “afectaciones que sufren las comunidades indígenas por las actividades mineras -explicó Karupia- son, entre otras, el desarraigo cultural; pérdida de equilibrio territorial y seguridad alimentaría; restricción de entrada de alimentos que conlleva a la desnutrición y suicidios y; violación de los derechos a la libre circulación y el usufructo del territorio”.
 
Afirmó que los cultivos de uso ilícito manejados por los grupos armados ilegales que operan en las regiones más lejanas del departamento afectan a las comunidades indígenas por “la confrontación de los actores armados que se disputan el control y el dominio territorial. El control por el narcotráfico conlleva: al desplazamiento forzado, señalamientos y desarraigo cultural- territorial, pérdida de control social y comunitario y, debilitamiento en el ejercicio de la autonomía indígena.
 
“En esta lógica las comunidades están expuestas al fuego cruzado, a las fumigaciones indiscriminadas del territorio con lo cual se acaba la flora, la fauna y la calidad del territorio para el desarrollo de los pueblos. La contaminación ambiental y al agua, las enfermedades a la gente y, la destrucción de cultivos para la subsistencia son otros efectos nocivos”
 
El desarrollo del conflicto y la implementación de los megaproyectos han incrementado la violación a los derechos humanos y el asesinato a líderes indígenas en Antioquia. “La reorganización del conflicto colombiano, el desmonte de estructuras paramilitares, las nuevas tácticas de la guerrilla y la militarización de los territorios indígenas en el desarrollo de las políticas de Seguridad Democrática han ahondado y agravado la situación humanitaria en cuanto a la integridad de los miembros de comunidades indígenas, aumentaron los señalamientos y las violación a mujeres indígenas por parte del ejército.
 
“Han aumentado, también, los asesinatos por las confrontaciones armadas en la que los distintos actores quieren involucrar a la población civil en sus acciones militares. En los últimos seis años unos 50 compañeros indígenas han sido asesinados. Los responsables de estos asesinatos son en mayor proporción grupos guerrilleros, paramilitares y, en algunos casos la fuerza pública”, aseguró Karupia.
 
La autonomía frente a la guerra
 
En este marco del contexto antioqueño surge la iniciativa indígena de acoger a quienes de forma involuntaria o voluntaria hicieron a hacen parte de la guerra. “Son sus propias autoridades quienes tienen la potestad de asumir el control y corrección sobre los indígenas, que de manera individual hagan parte de los actores armados y de aquellos que se deseen reintegrar a su cultura”, indicó la OIA.
 
Karupia reafirma la autonomía de las comunidades indígenas frente a la guerra; “no participamos en el conflicto, no queremos confrontaciones territoriales, no queremos desculturazicaion. De acuerdo a nuestros mandatos y principios rechazamos la guerra, porque justo abogamos por la paz, por la defensa de nuestro territorio, nuestra autonomía. Nuestro horizonte es hacia la recuperación y el fortalecimiento de nuestra cultura. No es parte de la lucha de los pueblos indígenas la estrategia militar, ni la guerra; somos pueblos pacíficos y espirituales, que milenariamente nos valemos de nuestra sabiduría para seguir subsistiendo como pueblos y comunidades”.
 
Mantenerse al margen de actividades militares y estar en contra de la guerra les ha cobrado a los pueblos indígenas, en este caso antioqueños, un alto costo en vidas humanas, desplazamiento y pérdida de territorio. En los últimos seis años perdieron la vida más de 50 personas, según datos de la OIA.
 
En este sentido la OIA emprende su campaña de sensibilización para que sus jóvenes indígenas vuelvan a casa y dejen las armas; “hombre regresen a sus comunidades, a sus culturas, hay que revivir, no podemos participar de la guerra”, expresó Karupia.
 
El sueño Indígena antioqueño
 
La OIA expresa así el sentir indígena: “nuestro soñar y pensar está en permanecer en nuestros territorios en tranquilidad y en contribuir a la paz de todos, por eso buscamos solucionar nuestros problemas desde la sabiduría, para defender la vida, no sólo la nuestra, sino la del mundo entero”.
 
Pero la organización indígena antioqueña es consciente que el “hombre necesita del pan material para vivir” y para sacar este proceso adelante se necesitan recursos, se requiere un proyecto productivo. La OIA ha planteado adelantar proyectos productivos en agricultura y otras actividades de subsistencia. De otra parte ha iniciado un proceso de formación educativa para la adaptación de los reinsertados a la vida civil, al igual que mucho acompañamiento a las comunidades de base para orientar este proceso y, prevenir que la gente se involucre con actores armados.
 
Hay que “reconocer, eso sí, que la iniciativa presenta algunos problemas; uno jurídico -por ejemplo-, algunos de quienes regresan tienen problemas judiciales ahí la cosa es complicada”, explicó el presidente de la OIA. Dijo que “algunos -tres de ellos- tienen orden de captura porque son de alto rango; ahí necesitamos coordinar jurídicamente esta situación. Esta sería una tarea del Consejo de Justicia indígena. Hay un proceso de juzgamiento que se debe estudiar y, mirar la posibilidad de que la jurisdicción nuestra imponga la sanción, previa coordinación con la justicia ordinaria”.
 
Responsabilidad y compromiso
 
Karupia, indico que la iniciativa surgió porque en enero se fugaron seis personas, ellos previamente informaron su propósito a la organización; habían solicitado protección, pues en la zona había otros grupos armados que les podían generar la muerte.
 
Reconoce que las personas que regresan han adquirido un habito guerrerista y menos de organización; “ellos-as tienen que educarse en el programa de rehabilitación y para eso se necesita apoyo, implementar proyectos productivos, pues ellos, también tienen familia numerosas”.
 
Explicó, Karupia, que la OIA maneja autónomamente este proceso; “el ejército ya sabe y quiere inferir, pero nosotros manejamos el tema, otra cosa es las solicitudes que hagamos a las instituciones, pero no para que el ejército haga publicidad de esta labor, o quiera convertir a quienes regresen en informantes. “No, si salieron de allá, es para que dejen la guerra, se olviden de ella y no vuelvan. Por eso no queremos intervención de fuerza pública en este proceso”.
 
Advirtió, eso sí, que nada se hará como en la política: “a mis espaldas”; será un proceso público de conocimiento nacional e internacional; “va a ser público, claro, al momento de la entrega vamos a llamar a las autoridades competentes para que se enteren y para que se comprometan a asumir su responsabilidad”…
 
La OIA no descarta que haya represalias por parte de los grupos receptores de donde se desmovilicen quienes regresen a la vida civil y se entreguen a la guardia indígena.
 
En este sentido hay dos observaciones-exigencias claras de las autoridades indígenas una, es que quienes regresen cumplan su compromiso de abandonar la guerra y no vuelvan allá, “que no sean informantes, que se desvinculen por completo”. La segunda exigencia es a los grupos armados que respeten este proceso y respeten la vida e integridad de quienes se retiren.
 
Madurez política
 
William Karupia embera de Murindó hace una tercera observación; adelantar esta iniciativa implica reconocer “que en el marco de la guerra hay presencia de actores armados en territorios indígenas, guerrilla paramilitares, ejército, a pesar que se les ha exigido el respeto por la población civil, sus bienes y enceres”.
 
Al existir grupos armados en territorio indígena, es preciso “reconocer que algunos indígenas hacen parte de estos grupos, dadas las circunstancias del conflicto y las extremas condiciones de pobreza”, explicó. En este sentido llamó a los dirigentes indígenas a dar la cara y “frentiar la cosa”. “El hecho que haya algunos indígenas en las estructuras de los grupos armados, no implica que nos van a estigmatizar a todos, de lo contario hacemos un ejercicio autónomo, pionero de reintegrar personas a la vida civil y que dejen las armas…
 
“La OIA ha sensibilizado mucho que esta guerra es ajena a nosotros, hemos explicado qué es la guerra y los daños que causa, para que quienes estén allá se retiren, pero una vez se retiren no les podemos dar la espalda. Nosotros tenemos la capacidad de educar y corregir y, prevemos que en un futuro venga más gente. En este sentido considero que esta iniciativa es un proceso de madurez política del movimiento indígena; tenemos la capacidad de reconocer, asumir y prever que las cosas no sigan dando de forma inadecuada”.
 
Finalmente, instó a las autoridades y líderes indígenas a asumir el proceso con valor; “uno como dirigente tiene que poner la cara, hay que dar la cara, no tenemos que esconder nada, estamos dando una posible solución para que ellos se desmovilicen y tengan un opción de vida digna, fuera de la lógica de la guerra. Somos conscientes que esto se nos puede convertir en una espada de doble filo, pero hay que frentiar”.
 
En consecuencia, “para dejar constancia de nuestra política, convocamos oficialmente a una comisión internacional y nacional de derechos humanos, integrada por la Cruz Roja Internacional, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la OEA y la Defensoría del Pueblo. De igual forma a las organizaciones indígenas hermanas en cabeza y presencia del Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, para formalizar la entrega de por lo menos 22 indígenas que han dejado de ser combatientes, milicianos o auxiliadores de los grupos armados al margen de la ley”, concluyó la OIA.