Informe Final
 
I.                    Introducción
 
Tras el golpe del golpe de estado del 28 de junio de 2009 que alteró drásticamente el orden constitucional del país, en Honduras se presenta una grave situación de derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas, son evidentes las dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia y se limita drásticamente la libertad de prensa. En el presente informe se realiza una descripción de los resultados de la Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos que permaneció en Honduras desde el 17 hasta el 26 de julio.
 
a.      Información General
 
                                                               i.      Datos generales
 
La población de Honduras es de aproximadamente 7,1 millones de habitantes, (90% mestiza, 6% amerindia, 2% negro, y 1% de raza blanca (europeos y árabes). La tasa de crecimiento es una de las mayores de América Latina y se espera que el año 2010 la población alcance los 8.202.681 habitantes[1]. El producto interno bruto (PIB) es de $24.69 miles de millones[2]. Honduras es el tercer país más pobre de América Latina, de acuerdo con XXX, el % de los y las hondureñas viven en condiciones de extrema pobreza.
 
                                                             ii.      Sistema Político en Honduras
 
Honduras se define constitucionalmente como un Estado de derecho soberano constituido como una república libre, democrática e independiente[3]. Su forma de gobierno es republicana, democrática y representativa y es ejercida por tres poderes.
 
·         Ejecutivo: Presidente de la Republica y 3 Designados presidenciales elegidos conjuntamente, directamente por el pueblo y por simple mayoría de votos. El periodo de mandato es de 4 años y la reelección no esta constitucionalmente permitida
·         Legislativo: Congreso Nacional de la República, de composición unicameral, con un número fijo de 128 diputados titulares y sus respectivos suplentes, electos por periodos de 4 años.
·         Judicial: Integrado por: 1) Corte Suprema de Justicia, compuesta por 15 magistrados electos por el Congreso Nacional de la República, por un periodo de 7 años, pudiendo ser reelectos, 2) Cortes de Apelaciones y 3) Juzgados que establezca la Ley.
 
El gobierno se sustenta en el principio de la democracia participativa. La administración general del Estado le compete al Presidente de la República y a sus colaboradores inmediatos que son los Secretarios de Estado. Existe la figura del Gobernador Departamental, quien es nombrado directamente por el Presidente de la República, por un periodo de 4 años.
 
El territorio nacional se divide en dieciocho (18) Departamentos, denominando a la ciudad más importante como la Cabecera Departamental. Éstos se dividen en Municipios Autónomos, administrados por Corporaciones electas en forma directa por el pueblo, llamadas Alcaldías (Conformadas por un Alcalde, un Vice-Alcalde y los Regidores, electos por periodos de 4 años, pudiendo ser reelectos). En total existen 298 municipios, divididos en Barrios, Colonias, Aldeas y Caseríos.
 
Los Partidos Políticos son instituciones de Derecho Público, cuya existencia y funcionamiento lo garantiza la Constitución de la República. Actualmente existen cinco partidos legalmente inscritos, que son: Partido de la Democracia Cristiana (DC), Partido Innovación y Unidad, (PINU), Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN) y Partido de la Unificación Democrática (UD).
 
Honduras cuenta con un sistema sólido de partidos políticos que se caracteriza principalmente por el bipartidismo y la longevidad del Partido Liberal y el Partido Nacional. Ambos fueron fundados hace más de cien años. Otros tres partidos entraron al escenario político a partir de la década de los 60, estos son el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Innovación y Unidad, y Unificación Democrática. Desde el retorno a la democracia en 1980[CEJIL1]  el Partido Liberal ha ganado cinco de las siete elecciones presidenciales.
 
Antecedentes del golpe
 
“Históricamente la institucionalidad democrática hondureña ha sido considerada débil e incapaz de procesar las crecientes demandas sociales y solucionar los conflictos de corte estructural. En el año 2007 los institutos de investigación Fondo por la Paz y Foreign Policy ubicaron a Honduras en el lugar número 98 de 121 países, definiéndolo como un Estado Fallido por su grado de vulnerabilidad a los conflictos violentos internos y el deterioro de la sociedad. Para esa fecha Honduras presentaba fuertes rezagos en los 12 indicadores para evaluar la vulnerabilidad y la propensión de un Estado hacia el colapso o el conflicto.“[4]
 
Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a las elecciones presidenciales del 27 de noviembre de 2005 acudió a votar el 50,34% del total del padrón electoral, lo que arroja el mayor porcentaje de abstencionismo desde el retorno de la democracia. El bipartidismo, sin embargo, se mantuvo, aun con la creciente pérdida de electores. De los dos millones de hondureños que participaron de las elecciones, el Partido Liberal, que postuló a Manuel Zelaya, capturó el 49,9%.
 
Por su parte, el Partido Nacional obtuvo el 46,2% con su candidato, el ex presidente del Parlamento Porfirio Lobo Sosa, quien realizó una campaña con el eslogan «puño firme», en referencia a los problemas de inseguridad. Los tres partidos minoritarios captaron apenas el 3,7% de los votos.
 
La elección marcó el triunfo más estrecho de un candidato a la Presidencia (un 3,7% de diferencia) desde la recuperación democrática[5]. A diferencia de lo ocurrido en la elección presidencial, en el ámbito legislativo se registró una mayor distribución de los votos: el Partido Liberal obtuvo el 48,4%, el Partido Nacional el 42,9%, y los tres partidos minoritarios, el 8,5% de las bancas.
 
Manuel Zelaya Rosales comenzó su mandato el 27 de enero de 2006.
 
Integrantes de la Misión, objetivo, metodología empleada
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por quince profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea, sus Estados miembros y otros actores internacionales.
 
Las personas que conformaron la misión lo hicieron en representación de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
 
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión recibió testimonios de situaciones que ocurrieron en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Olancho y Colón. Con el objetivo planteado la misión mantuvo entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados del Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de la Organización de las Naciones Unidas, representantes del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y otros magistrados y magistradas de distintas salas, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
 
I.                    Los hechos verificados por la Misión
 
a.      Hechos que antecedieron el golpe de estado
 
Con fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, por el que se convocaba “(...) una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política (...)”. Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario Oficial hondureño, “La Gaceta”[6]. El objeto del Decreto, tal y como aparece en el párrafo anterior, ha sido tomado literalmente del “Requerimiento Fiscal para que se libre orden de captura” contra el Presidente Zelaya, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el Fiscal de la Nación de Honduras.
 
Con fecha 26 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó Sentencia Interlocutoria[7] a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía de la Nación), por la que se ordenaba suspender “todos los efectos del acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009 de 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo”.
 
La indicada sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa añade: “(...) De igual manera (se acuerda) la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la Republica”.
 
Con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009[8], “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009.
 
Con fecha 26 de Mayo de 2009 mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009[9], y, con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras[10], el Presidente Zelaya acordó encargar al Instituto Nacional de Estadística de Honduras la realización de una “Encuesta Nacional de Opinión” a celebrar el día 28 de junio de 2009, en la que se preguntar&iacu