Introducción
 
La crisis económica que atraviesa Puerto Rico comienza a afectar la vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Además de las crecientes dificultades para satisfacer nuestras necesidades básicas, se agudizan los problemas sociales, aumenta la violencia y la criminalidad y se deterioran y encarecen los servicios de salud. Este clima de desasosiego, incertidumbre y desconfianza provoca un ambiente de tensión que erosiona el clima de convivencia, así como la paz individual y colectiva.
 
El 4 de noviembre de 2008, el Lcdo. Luis Fortuño Bursett fue electo Gobernador al comprometerse con:
 
·         Un alivio al bolsillo del ciudadano,
·         Un gobierno que sirviera con sensibilidad y dedicación a todos los ciudadanos,
·         Una reforma del gobierno sin despidos de empleados,
·         Un manejo responsable del presupuesto,
·         Y un estilo de búsqueda de consenso para responder a nuestros retos socioeconómicos y políticos.
 
El gobierno honesto, diligente e íntegro que nos ofreció y por el que votamos, ha traicionado la confianza del pueblo imponiendo toda una legislación que cancela nuestros derechos humanos y laborales.
 
Las organizaciones comunitarias, ambientales, culturales, religiosas, profesionales y particularmente el movimiento sindical han respondido reclamando el diálogo con el nuevo gobierno. Se han formulado recomendaciones, se ha participado en vistas públicas y se han sostenido múltiples reuniones con legisladores. Sin embargo, el gobierno se ha resistido a escuchar y se ha negado a dialogar y a entablar el consenso que el País reclama. En tan sólo cinco meses la administración de Fortuño ha aprobado proyectos de ley atropellantes sin consideración alguna a nuestras recomendaciones.
 
Por este Estado de Emergencia en la relación gobernante-gobernados que amenaza una sana convivencia democrática y la calidad de vida individual y colectiva, la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico convocó esta primera Asamblea de Pueblo en virtud del artículo 2, sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, que dispone: “el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y pedirle al gobierno la reparación de agravios.”
 
Todo Puerto Rico por Puerto Rico está constituida por un amplio abanico de organizaciones representativas de los sectores sociales, económicos y culturales de nuestro país y tiene como objetivos fundamentales:
 
1.      detener la política de desmantelamiento de nuestras instituciones que nos definen como Pueblo y que le prestan servicios esenciales a nuestra ciudadanía
2.      demandar que se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones que ponen en riesgo el disfrute de nuestros derechos humanos, nuestra salud integral, nuestro ambiente, nuestra educación,  los derechos laborales de personas asalariadas y una calidad de vida con dignidad.
3.      exigir el fortalecimiento de las instituciones democráticas, mejoras en la prestación de servicios y las garantías de un Estado de Derecho.
 
DECLARAMOS:
Los trabajadores y trabajadoras que componemos el sector sindical manifestamos que la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, mediante la cual se declara "una crisis fiscal" para justificar el despido de más de 30 mil empleados públicos, la anulación de los convenios colectivos y los derechos adquiridos de los trabajadores, constituyen una agresión y abuso de poder sin precedentes en nuestro país. Que el proyecto de las Alianzas Público Privadas (APP’s) terminará de destruir los empleos restantes luego de implantada la Ley 7. Que se está estructurando una reforma laboral para eliminar el estado de derecho laboral existente y esto redundará en la explotación de los trabajadores en este país.
 
Los cooperativistas manifestamos que la imposición de contribuciones a las cooperativas del sector financiero afectará nuestra capacidad de servicio a los socios y socias, dueños de estas instituciones sin fines de lucro. Esta acción pone el peso contributivo sobre el sector financiero más pequeño de Puerto Rico, cuyos dueños son la clase trabajadora del país.
 
Las políticas de privilegios, tal como la propuesta Ley de Cierre, beneficia a las grandes empresas multinacionales, constituye una amenaza para la subsistencia y creación de nuevos empresarios y pequeños comerciantes puertorriqueños y elimina derechos adquiridos por los trabajadores.
 
Las comunidades denunciamos que nos enfrentamos a la amenaza de la expropiación, el desplazamiento, a los recortes de fondos y a la privatización de nuestras costas y otros recursos. Las alianzas entre desarrolladores insensibles y algunos municipios han hecho presa a las comunidades de un constante acecho.
 
Las medidas tomadas por la Legislatura para desarticular el Fideicomiso de la Tierra, afectarán a las ocho comunidades que componemos el Caño Martín Peña. Mientras que en Vieques la Marina Norteamericana, con la anuencia del Gobierno de Puerto Rico, quema los terrenos contaminados y expone a sus ciudadanos y a toda la costa este del país a más contaminación.
 
Nuestros niños, niñas y jóvenes formados por nuestro sistema de educación pública también están en riesgo cuando la responsabilidad de estructurar, operar y desarrollar programas en la educación pública es delegada a sectores empresariales privados. Con las APPs la educación puede ser comprada, alquilada o vendida, y el currículo o programa se puede llegar a establecer, en función de las necesidades del mercado y la ganancia económica. Esta peligrosa consecuencia incluye la educación superior pública y afecta el cumplimiento cabal de la responsabilidad social de la Universidad de Puerto Rico.
 
Las comunidades y trabajadores del sector ambiental denunciamos que las decisiones tomadas por el gobierno van en ruta contraria a la política pública ambiental establecida. Tanto en las APP’s como en la Oficina de Permisos propuesta, se propone acelerar la otorgación de los mismos, menoscabando la participación ciudadana y los estudios ambientales. Con esto, les están garantizando los intereses a las personas que están de acuerdo con el modelo de privatización y desreglamentación, mientras se les niegan esos mismos derechos a las personas que reclamamos un país en el que nuestros hijos, hijas y nietos, puedan vivir saludablemente y con dignidad.
 
Los trabajadores de la cultura declaramos que la cultura es igual a identidad y denunciamos que las organizaciones portaestandartes de nuestra cultura y personalidad nacional sufren un deliberado corte de presupuesto con el objetivo evidente de destruir la identidad puertorriqueña. El corte de fondos en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Centro de Bellas Artes de Santurce, la Corporación de Cine, WIPR, el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas y la Corporación de las Artes Musicales podría ascender entre un 65 y un 75%. 
 
Los colegios y asociaciones profesionales reclamamos el respeto a nuestras instituciones, las cuales por décadas han servido para garantizar servicios de calidad provistos por profesionales competentes y cualificados.
 
Las organizaciones y las mujeres del Movimiento Amplio reclamamos que se nos garanticen los derechos adquiridos y que exista una perspectiva de género en la toma de decisiones.  
 
Los ciudadanos y ciudadanas manifestamos que el criterio de afiliación político-partidista para la selección de miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico pone en riesgo la justicia económica, social y cultural a la que tenemos derecho, sin distinción de clase social, estilo de vida o de género. El Gobernador y la Legislatura están sistemáticamente despojándonos del derecho a un sistema jurídico que responda a los intereses y a las libertades de todos y todas. 
 
También denunciamos que la consolidación de las procuradurías tendrá el efecto de ofrecermenos servicios y garantías a las personas más vulnerables de la sociedad, las mujeres, los veteranos, las personas enfermas y envejecientes y a las personas con limitaciones físicas y mentales.
 
Esta Asamblea de Pueblo exige y reclama del Gobernador de Puerto Rico y a la Legislatura que cumplan lo siguiente:
 
1.      Detener el despido de miles de empleados públicos, madres y padres de familia, que verían frustrado su derecho a ganarse un salario con el cual atender sus necesidades individuales y familiares, por tanto, exigimos se derogue la Ley 7 y se restituyan los derechos adquiridos a través de los convenios colectivos y las leyes laborales.
 
2.      Frenar la política de privatización y desmantelamiento de nuestras instituciones que nos definen como Pueblo, por tanto, exigimos que no se apruebe el proyecto de ley de las llamadas Alianzas Público Privadas.
                                                                                                
3.      Detener la destrucción de nuestros recursos naturales, los suelos agrícolas y la privatización de nuestras playas y costas;
 
4.      Detener la aprobación del proyecto “Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos” por entender que el mismo obstaculiza la participación ciudadana en estos procesos, evita la impugnación de aquellos permisos que hayan sido aprobados aún bajo error, todo lo cual atentaría contra la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la salud y el bienestar público, afectando aún más la economía.
 
5.      Garantizar los fondos y los mecanismos para que las expresiones y proyectos culturales del pueblo puertorriqueño se desarrollen plenamente.
 
6.      El respeto a nuestros derechos humanos, incluyendo el derecho a un pleno desarrollo económico, social y cultural partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
 
7.      Demandar que se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones que atañen al disfrute de nuestros derechos humanos, nuestra salud, nuestro ambiente, nuestra educación y los derechos laborales;
 
8.      Exigir e