Ninguna novedad. Como era de esperarse, el mensaje al Congreso de Alan García el 28 de julio solo anunció más de lo mismo: entreguismo, represión, corrupción. Fue un mensaje dirigido al Perú legal, aquel que maneja con una constitución espuria, hecha para beneficiar a las transnacionales, saquear los bienes naturales y avasallar derechos. Se olvidó, como siempre, del Perú real, de quienes sufrimos las consecuencias de la política económica neoliberal y la exclusión social. Ni siquiera anunció soluciones para los problemas causados por su propio gobierno.
 
No propuso medidas contra la pobreza que agobia a la mayoría de peruanos: solo habló de cifras, de millones y millones. Nos quiere hacer creer que la resolverá con pequeñas obras, precisamente en años electorales, nombrando a dedo a quienes manejarán esos fondos. En resumen, facilitando la corrupción y financiando con dinero del Estado –que es de todos los peruanos– las campañas electorales del APRA. Pura manipulación, al estilo de las petroleras y mineras, que pretenden comprar “paz social”  con migajas para nuestros pueblos.
 
No tocó temas esenciales de la agenda política actual: detener la privatización de los territorios comunales y la entrega en concesión del Ande y la Amazonía, cuyos suelos sí tienen propietarios. Nada acerca de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos, lo que significa que COFOPRI seguirá promocionando la titulación individual de tierras comunales, declarando tierras eriazas a las que carecen de agua, como señalan esos decretos legislativos inconstitucionales, lesivos a los derechos de los pueblos y a la soberanía nacional.
 
El pueblo afectado por estas políticas no dejará de luchar. Habrá entonces más persecución, más juicios y prisión para quienes defendemos nuestros derechos. Por eso García tampoco habló de la derogatoria de los once decretos legislativos que criminalizan la protesta social. Con los recientes cambios en el Gabinete y su mensaje del 28 de julio, ya sabemos que el gobierno aprista de Alan García Pérez se prepara para reprimir más duramente aun a quienes defendemos nuestros derechos.
 
Por eso sus ministros se escandalizan (o fingen hacerlo) cuando el presidente de AIDESEP Alberto Pizango, desde el exilio, dice que los pueblos debemos seguir defendiéndonos contra esta arremetida de despojo de tierras. Por eso nos llaman violentistas y dicen que atentamos contra la democracia.
 
Pero el pueblo sabe que con la lucha contra los decretos legislativos del TLC, lo que queremos es un Estado que nos escuche, un gobierno que implemente políticas de Estado para todos y no solo para las grandes empresas. Los pueblos queremos más democracia, más Estado y más gobierno, no solo en Lima sino en todo el Perú.
 
El gobierno aprista tiene que convencerse de una vez que los pueblos indígenas, en el Perú y en todo el continente, estamos en un proceso de insurgencia cultural, para visibilizar nuestras demandas y nuestras propuestas, contrarias a la política neoliberal. Y que esto no va a detenerse con un mensaje intrascendente y dirigido solo a un país de papel, no al Perú real.
 
Comisión Política
Movimiento Cumbre de los Pueblos