Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
Comunicado de prensa número seis
Tegucigalpa, 27 de julio de 2009

Desde el pasado viernes 24 de julio se vive una tensa situación en Las Manos, frontera entre Honduras y Nicaragua, como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la Policía hondureña en un intento por evitar la llegada masiva de personas que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Además, las autoridades del gobierno de facto de Honduras obstaculizan e impiden la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.
El 24 de julio, miles de personas intentaron llegar a Las Manos y el gobierno de facto movilizó fuerzas militares y policiales a la zona, instalando alrededor de dieciocho retenes para amedrentar a los simpatizantes del presidente Zelaya.
Cabe destacar que durante el toque de queda establecido entre las doce del medio día del día 24 de julio, vigente todo el fin de semana, se detuvo a cientos de personas. Aunque fueron liberadas horas más tarde, son arbitrarias.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reportan que al menos aproximadamente dos mil personas están atrapadas entre retenes militares sin poder movilizarse y sin alimentos, medicamentos y servicios básicos mínimos.
Debido a este panorama defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones reconocidas en Honduras como el Comité de Familiares Detenidos– Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de victimas de tortura y sus familiares (CPTRT), y de la Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras intentaron, sin éxito, llegar a la zona y los centros de detención para verificar los motivos de la privación de libertad y las condiciones en las que se encontraban dichas personas, así como para procurar su liberación; también para entregarles alimentos y otra ayuda humanitaria a las personas atrapadas en los retenes. Sin embargo. el Ejército impidió esa legítima labor. En tal sentido, se requiere la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional para brindar la ayuda humanitaria a las personas que se encuentran en las zonas afectadas.
La Misión Internacional de Derechos Humanos en Honduras tuvo información adicional sobre personas detenidas en la zona de El Paraíso y la presentación de recursos de habeas corpus por parte de organizaciones de derechos humanos, que no fueron tramitadas con la celeridad que se requiere en estos casos. El funcionario judicial se presentó a las postas policiales, cuando las personas habían sido liberadas por la propia población. Una vez más, se configura la falta de garantías para el acceso a la justicia por parte del gobierno de facto y las instituciones que actúan de manera parcial, lenta y poco efectiva.
En esas circunstancias, es vital la labor de las organizaciones de derechos humanos hondureñas, para las cuales demandamos garantías y respeto por parte del gobierno de facto. Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Las Américas, del año 2006, “el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas”.
Las acciones del ejército y la policía los días 24, 25 y 26 de julio, y la tensión que provoca la militarización extrema de la frontera, obstaculizan la defensa de los derechos humanos en Honduras y violentan los principios establecidos en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe antes referido.
Finalmente, señalamos que las acciones del gobierno de facto dirigidas a perseguir a las personas que apoyan al presidente Zelaya son constitutivas del crimen de persecución política, el cual compete conocerlo a la Corte Penal Internacional, por lo que hacemos un llamado vehemente al fiscal general de dicho órgano para que tome las medidas que
estime convenientes para prevenir mayores violaciones de derechos humanos en Honduras.
 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)
FIAN Internacional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
(PIDHDD)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA; El Salvador)
Asociación Pro Derechos Humanos de Perú
(APRODEH)
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África
(IEPALA-España)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)
Solidaridad Mundial