Vivir es para los indígenas una Ley Sagrada. No obstante el conflicto y otros factores se ciernen como una seria amenaza para su supervivencia física y cultural.
“Morir, morir, no se muere nunca, vivir, es esa la ley del hombre”, canción interpretada por Mercedes Sosa y Horacio Guarany.
El conocimiento y respeto por las costumbres, tradiciones y procesos de los pueblos indígenas garantizarán su pervivencia cultural en el tiempo. Pero el arraigado oscurantismo de nuestra sociedad -especialmente de la sociedad política y la “sociedad de alcurnia”- colombiana y el desarrollo de la guerra no han permitido vislumbrar y, muchos menos valorar en su verdadera dimensión la gran riqueza cultural, natural, espiritual, cosmogónica y ancestral de cada uno de nuestros 102 pueblos indígenas y demás pueblos y grupos étnicos.
No obstante, los pueblos indígenas han aportado, para orgullo nacional, una gama de principios ricos, profundos y diversos matices de valores comunitarios, humanitarios y democráticos que, hoy se ven seriamente amenazado por factores como el conflicto armado interno, los impactos de los megaproyectos, la inferencia de personas foráneas y actividades ilícitas como el narcotráfico.
Para los pueblos indígenas la vida humana, animal, natural y elemental son sagradas, su cultura también; su cosmovisión, su ancestralidad, su tierra, sus selvas, sus ríos, la naturaleza y el cosmos son sus vínculos afectivos vitales.
Su territorio y los recursos naturales, forestales y minerales que en él reposan son materia de preservación y conservación. Estos principios de vida se contraponen a intereses de los modelos económicos y políticos en los cuales se fundan las políticas de Estado, especialmente las políticas y programas del actual gobierno. La Vida y Vivir es para nosotros los indígenas una Ley Sagrada.
No menos de 34 pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción
En Colombia existen 32 pueblos indígenas con menos de 500 habitantes, entre todos forman una población de 6.228 personas aproximadamente; 18 de ellos con menos de 200 habitantes y 10 con menos de 100. Estos son algunos de los pueblos más vulnerables a la extinción: Yamalero, Makaguaje, Pisamira, Tsiripu, Taiwano, Piaroa, Wipijiwi, Muinane, Yaruro, Dujos, Yukpa, Yauna, Bora, Ocaina, Yohop, Amorua, Chiricoa, Nonuya, Eduria, Chiricoa, Kawiyari, Carabayo (Yuri), Matapi, Kacua, Carijuna, Tatuyo, Taraiano, Masiguare, Nukak Makú, Guayabero, Carapana, Inga, Camksa, Awá, Chimila, Wayuú, Kankuamos, Zenú, entre otros.
Los anteriores pueblos se encuentran en alto riesgo de extinción demográfica, pero esto no es lo más preocupante. Lo que en realidad nos ocupa y nos preocupa es la pérdida acelerada de su territorio y sus valores ancestrales: idiomas propios, identidad cultural, cosmovisión y cosmogonía a causa de diversos factores -que en adelante explicaremos-. “No basta con que un pueblo físicamente exista, es preciso que se le posibilite mantener y recrear su cultura; vivirla y, mantener su cosmovisión”, advierte Luis Evelis Andrade Casama, Consejero mayor de la Autoridad Nacional del Gobierno Indígena, ONIC.
Esta problemática ha sido advertida y puesta en escena por nuestra organización, ONIC, diversas organizaciones y autoridades indígenas, organizaciones sociales y organismos defensores de derechos humanos. También lo han advertido Naciones Unidas y la Corte Constitucional de Colombia, entre otras instituciones que han hecho, de alguna manera, oídos a nuestros reclamos.
Recientemente la Corte Constitucional constató la no grata realidad del riesgo de extinción de no menos de 34 pueblos dada las gravísimas violaciones a los derechos humanos en el desarrollo del conflicto interno colombiano. (Auto 044/09).
Desde el año 2004 el Relator Especial de Naciones Unidas para las Libertades y Derechos Fundamentales de los pueblos indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, advirtió sobre el peligro en que se encontraban, entonces 11 pueblos indígenas. En su informe de 2007 ratifica esta situación, con el agravante que ya eran 18 pueblos los que se encontraban en estas condiciones. Se refirió al creciente fenómeno de militarizar territorios de comunidades indígenas y las numerosas violaciones a los derechos humanos contra sus miembros.
El Relator constató, en su informe, la vulnerabilidad de la supervivencia cultural de los pueblos indígenas, dio cuenta de los efectos devastadores del conflicto: asesinatos, masacres, torturas, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de jóvenes, violaciones contra mujeres indígenas y despojo territorial por parte de los grupos armados y actores ilícitos; incluyendo la pérdida de control sobre sus recursos naturales, proceso intensificado por las dinámicas de la economía globalizada.
Esta situación fue ratificada por Antonio Meléndez, Alto Comisionado de la ONU para Colombia, quien en la Cámara de Representantes pidió tener en cuenta y respetar la cosmovisión, identidad, autonomía y los componentes diferenciales que caracterizan a los pueblos indígenas. (Abril 22, Comisión Primera, debate de Control político al gobierno sobre los avances del Auto 004/09. Ponentes representantes: Orsinia Polanco, indígena Wayuú y Franklin Legro, PDA).
El Alto Comisionado indicó, además, que los pueblos indígenas en Colombia, como en el resto del mundo, asisten a una violación de derechos humanos sistemática y desproporcionada como consecuencia del conflicto armado, la pobreza, la exclusión, los grandes proyectos de desarrollo, el narcotráfico y, algunas actitudes racistas y discriminatorias que conllevan a asesinatos, secuestros, desplazamiento forzado, confinamiento, hostigamiento, violencia sexual, exclusión, ocupación ilegal de sus territorios, uso de aéreas sagradas por militares, pérdida de tierras tradicionales y agotamiento de recursos básicos para la supervivencia física, cultural y espiritual.
Por su parte la Honorable Corte Constitucional en el Auto 004 del 26 de enero de 2009 ordena al gobierno nacional diseñar e implementar Planes de Salvaguarda para proteger la vida e integridad de 34 pueblos que se encuentran en riesgo de extinción.
“El agudo impacto que genera el conflicto armado sobre grupos indígenas, se ha traducido, principalmente, en alarmantes patrones de desplazamiento forzado, tanto masivo como individual, incrementado durante la última década y, que hoy, se ciernen como una de las más serias amenazas para la supervivencia a corto plazo de las etnias en Colombia”, señaló el Alto Tribunal.
Principales factores de riesgo de extinción
Falta de atención gubernamental e inversión social: atención básica en salud y educación, en materia de garantías para proteger la integridad física, cultural y, sobre todo, territorial que es lo que provee a los pueblos indígenas las condiciones para vivir; en materia de garantizar y respetar su autonomía y su soberanía y alimentaria y, su espiritualidad para el desarrollo de su cultura.
Conflicto armado y actividades de Narcotráfico. La presencia y confrontaciones permanentes de actores armados -ilegales y fuerza pública- en territorios tradicionales de los pueblos indígenas y, actividades relacionadas con el narcotráfico generan desestructuración y descomposición social, desintegración colectiva, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos, amenazas, persecuciones y cohibición para realizar actividades culturales, rituales y religiosas de los pueblos.
El desplazamiento forzado en los pueblos indígenas ha generado otra serie de consecuencias que han acelerado el exterminio cultural de nuestros pueblos como la desnutrición en los niños y otras enfermedades; toda migración o éxodo, generalmente vienen precedidos de alguna tragedia, desarraigo cultural, masacres, agresiones e intimidaciones que impiden el retorno a sus parcelas.
Impacto de megaproyectos y empresas multinacionales. Generalmente se desarrollan sin previa concertación con las comunidades, ignorando y violando el proceso a la debida consulta previa que ordena la Corte Constitucional y el Convenio 169 de la OIT.
El desarrollo de estos proyectos, en su mayoría de infraestructura; represas, vías… y, empresas multinacionales extractoras de recursos naturales y genéticos, recursos mineros e hidrocarburos, han afectado profundamente las formas de vida, han incrementado las violaciones a los DDHH, el desplazamiento; han alterado la cotidianidad y las formas de subsistencia. En el mismo sentido generan impactos ambientales y económicos que menoscaban el buen vivir de los pueblos.
Política de Seguridad Democrática. La militarización en territorios indígenas ha aumentado sistemáticamente la violación a los Derechos Humanos de las comunidades; ha habido casos de violencia sexual y desaparición forzada, detenciones arbitrarias, asesinatos, masacres, aspectos éstos que generan desplazamiento, desarticulación del tejido social y temor en los indígenas.
En el Auto 004 la Corte Constitucional asegura que la incursión y presencia de actores armados y, los enfrentamientos entre ellos, la instalación de bases militares sin consulta previa, incursión en sitios sagrados por parte de actores armados y el involucramiento de la población civil como informantes ha hecho más vulnerable la supervivencia de los pueblos.
Fumigaciones de cultivos ilícitos. Estas actividades se hacen sin cumplir con los procesos de consulta previa ordenados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-383 de 2003, y con efectos indiscriminados sobre cultivos lícitos de pancoger y de subsistencia de las comunidades; agricultura, caza, pesca, bosques. La fumigación ha sido objeto de reiteradas quejas por parte de comunidades indígenas y campesinas pues afecta la salud, por la contaminación de alimentos, animales domésticos y fuentes de agua y, genera problemas dermatológicos, respiratorios…
Otros aspectos que han incidido en la crisis humanitaria que viven nuestros pueblos:
* Desconocimiento institucional y social de derechos territoriales.
* Deslegitimación y cooptación de autoridades indígenas.
* Ausencia o debilidad de procesos organizativos para la exigibilidad de derechos.
* Violaciones a los DDHH e incumplimiento al DIH.
* Establecimiento de procesos que atentan contra el mandato constitucional de protección y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación.
En este sentido, dada la grave situación que aqueja a nuestros pueblos, la ONIC ha llamado la atención al respecto en distintos escenarios nacionales e internacionales “sin que haya habido una respuesta institucional efectiva y seria. Para el caso del Pueblo Nukak Makú, uno de los más vulnerables, “hemos tenido que hacer las veces de Estado; nombrar un médico con nuestros propios recursos para la atención en salud de las comunidades afectadas”, concluye Andrade.
Nos abriga la esperanza que nuestros pueblos pervivan y el legado ancestral se eternice para bien de la humanidad y nuestras culturas. Nos abriga la esperanza que la conciencia nacional e internacional de una mirada a esta realidad y podamos entre todos y todas garantizar la vida y la esencia cultural de los pueblos indígenas colombianos y del mundo.
Redacción Sistema de Información e Investigación Indígena, SICO, de la ONIC