FIAN Honduras, organización dedicada a la defensa del derecho humano a la alimentación y con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, reitera su condena al golpe de estado y exige la observancia al respeto de los derechos individuales y el pronto retorno a la vida institucional, con respeto a la independencia de los poderes del Estado.
FIAN exige que se abandonen las prácticas represivas contra hondureños y extranjeros que ya han costado vidas, daños físicos y sicológicos, así como perjuicios a bienes de quienes se oponen a la autoridad ilegal impuesta por los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado que la misma Constitución de la República condena y tipifica como delito de traición a la patria y que podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
Seguidamente señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen.
Exigimos a los operadores de justicia que se investigue y se aplique la ley en los siguientes casos:
a) Intento de asesinato de Fabio Evelio Ochoa Hernández, miembro del Partido Unificación Democrática y de FIAN Honduras, el martes 23 de junio a las dos de la tarde;
b) Asesinato de Gabriel Fino Noriega, corresponsal de Radio América, en San Juan Pueblo, municipio de Tela, el viernes de 3 de julio de 2009;
c) Asesinato de Ibis Obed Murillo, hijo del pastor evangélico, José Murillo, miembro de COFADEH, ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, el pasado 5 de julio del presente año, cuando se manifestaban pacíficamente exigiendo el regreso del Presidente Manuel Zelaya Rosales y a la vida institucional;
d) Asesinato de Roger Iván Bados González, en San Pedro Sula, miembro del Partido Unificación Democrática y del Bloque Popular, en San Pedro Sula, el 11 de julio de 2009;
e) Asesinato de Ramón García, miembro del Partido Unificación Democrática, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y de grupos eclesiales de base, en Macuelizo, Santa Bárbara, el 12 de julio de 2009.
Todos estos actos contra la vida humana fueron premeditados, ejecutados con armas de fuego y presumiblemente consumados por sicarios, exceptuando el caso de Ibis Obed Murillo cuyo asesinato es responsabilidad de un efectivo de las Fuerzas Armadas.
Exigimos que se suspendan las detenciones, secuestros, allanamiento de moradas y expulsiones del país (todos actos ilegales) y, en tal sentido, se investiguen los casos y se castigue a los responsables. Entre las denuncias se encuentran:
a) Allanamiento de morada, secuestro y expulsión: Manuel Zelaya Rosales, Presidente Constitucional de la República; Patricia Rodas Baca, Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores;
b) Persecución de líderes políticos y populares, así como funcionarios de la administración del Presidente Zelaya;
c) Allanamiento de morada y secuestro: Allan Mcdonald, caricaturista de diario El Heraldo y muchos medios impresos internacionales.
d) A todos los que interpongan denuncias por estas violaciones.
Exigimos se investigue la violación a los derechos de la libre emisión del pensamiento y el derecho a la información y se castigue a los responsables del cierre de los centros de información, detención de periodistas, amenazas y órdenes de captura para periodistas y propietarios de medios de comunicación sin fundamento legal. Los casos más conocidos son:
a) Cierre de Canal 36, y sus emisiones radiales; y Radio Globo, en Tegucigalpa; Radio Progreso, en El Progreso, Yoro.
b) Interferencias a programas informativos y de análisis, radiales y televisivos, que critican las actuaciones del gobierno de facto;
c) Suspensión de programas noticiosos y amenazas a periodistas;
d) Intimidación, secuestro y expulsión del país de periodistas de Telesur y Venezolana de Televisión (VTV).
Ante tales abusos alzamos la voz y denunciamos con determinación las violaciones a los derechos humanos y abogamos por el restablecimiento de las garantías constitucionales.
Tegucigalpa MDC, 13 de julio de 2009
 
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Honduras
(Food First Information & Action Network)
Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse