03 al 06 de julio de 2009
Posterior a los hechos acaecidos el domingo 28 de junio del presente año, a partir del golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas hondureñas, con el aval del poder judicial, legislativo y del Comisionado de Derechos Humanos, se suscitó una serie de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, sociales y populares respecto de graves violaciones a las garantías fundamentales de la población hondureña.
De tal cuenta, las organizaciones de Derechos Humanos guatemaltecas organizaron una delegación al hermano país, la cual ha sido encabezada por la Premio Nobel de la Paz, Doctora Rigoberta Menchú Tum y compuesta por Eduardo de León de la Fundación Rigoberta Menchú Tum; Carmela Curup de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, por la Convergencia de los Derechos Humanos: Iduvina Hernández de Seguridad en Democracia –SEDEM-; Claudia Samayoa de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos –UDEFEGUA-; Mario Domingo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-; Arturo Albizures de Asociación COMUNICARTE; Graham Russel y Rosa Martínez de Derechos en Acción.
El objetivo de la delegación ha sido “externar la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos y sociales guatemaltecas con la población civil y los/as defensores/as de derechos humanos hondureños que son objeto de diversas violaciones de derechos humanos. Así como el de documentar las violaciones de derechos humanos que se cometen en contra de la población civil en general, la población civil que ejerce su derecho a la resistencia, los/as defensores/as de derechos humanos, los periodistas y los políticos de oposición de honduras”.

CONCLUSIONES DE LA DELEGACIÓN:
1. Con base en las informaciones recabadas, la documentación obtenida y los hechos comprobados, la delegación no tiene la menor duda de que el domingo 28 de junio, en Honduras ocurrió un golpe de estado, premeditado, orquestado y perpetrado por las Fuerzas Armadas, actores políticos, empresarios y, sobre todo funcionarios de los distintos poderes del Estado quienes incumplieron con su deber de respetar y proteger el estado de derecho, acción esta que la crisis política previa no justifica. Acción esta que conlleva consecuencias imprevisibles a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho.
2. La delegación ha podido constatar que en aras de justificar la acción golpista, se ha producido un retorcimiento de las leyes del país, lo cual pone en una situación total de deterioro de la institucionalidad del Estado. De acuerdo con la documentación puesta a disposición de la delegación se aprecia preocupantemente la alteración de documentos legales que comprometerían en mayores delitos al sistema de justicia.
3. Derivado del golpe de Estado confirmado, las autoridades de turno han impuesto restricciones a garantías individuales y sociales, mismas que vulneran derechos fundamentales de la población que se ve restringida en sus más elementales derechos y garantías.
4. La población hondureña han desarrollado una acción no violenta, pacífica, masiva, de resistencia al golpe de Estado, la cual aún en un marco de represión, se ha mantenido con respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad, por lo que su reacción responde a los actos de agresión que dichas fuerzas han producido.
5. La militarización del país y el uso indiscriminado de la fuerza sin control, ha derivado en la violación de derechos humanos, tan elementales como el derecho a la vida, puesto que hemos podido constatar al menos cinco ejecuciones extrajudiciales, derivadas directamente de esta situación, así como violaciones a los derechos a la movilización, expresión, manifestación y reunión, lo que ha producido más de 120 detenciones (previas al domingo cinco), relacionadas con las manifestaciones de resistencia al golpe; 180 detenciones vinculadas con el toque de queda quedando al momento 18 personas ligadas a proceso por acusaciones como asociación ilícita y sedición con relación a estos hechos.
6. El estado de sitio y el toque de queda impuestos autoritariamente dejan a la población en un estado de total indefensión ante arbitrariedades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente militares que tienen control del territorio.

7. La delegación ha podido constatar que las libertades de expresión, de información y de prensa, están siendo constantemente violentadas en Honduras siendo los medios radiales los más afectados por la alta represión a la cual están sometidos. Se pudo constatar que seis radios y una televisora fueron cerradas y censuradas durante los primeros días del golpe de Estado. Los únicos medios de comunicación que no tienen dificultades para realizar su trabajo son afines a las líneas políticas marcadas desde el Estado, impidiendo el acceso a una información independiente, imparcial o crítica.
8. Derivado de las limitaciones a la información, la población hondureña carece de información veraz y completa sobre los acontecimientos, en tanto reina un clima de desinformación casi total, lo cual genera incertidumbre, miedo y zozobra en la población. Situación que se agrava con una campaña mediática que permanentemente incita a la población a defender el golpe de Estado y estigmatiza a quien lo resiste.
9. En el marco de la confrontación desarrollada desde el entorno que perpetró el golpe, se ha dado lugar a una campaña mediática de xenofobia en contra de ciudadanos no hondureños, particularmente de ciudadanos nicaragüenses y venezolanos, quienes son detenidos arbitrariamente.
10. Las autoridades de facto, así como los sectores que sostuvieron la campaña previa al golpe de Estado han mantenido una campaña mediática de intolerancia política y estigmatización a grupos de la izquierda, exacerbando la acción violenta en contra de los mismos.
11. Lamentablemente, instituciones clave para la protección y defensa de garantías ciudadanas y derechos humanos, tales como el Comisionado de Derechos Humanos, presidido por el doctor Ramón Custodio, formaron parte del entorno que justificó y sostuvo el golpe de Estado, lo que produce que sea visto como parte del complot golpista.

12. En ese comprometimiento con la acción golpista, el Comisionado de Derechos humanos abandonó su rol de vigilante de las libertades y garantías y no ha desarrollado acción alguna en favor de la población afectada por la labor represiva del Estado la cual se ve en un altísimo nivel de indefensión.

RECOMENDACIONES DE LA DELEGACIÓN
1. La delegación considera indispensable la anulación de todas y cada una de las medidas que restringen derechos a la población hondureña. Disposiciones tales como el toque de queda y el Estado de Sitio deben ser derogados de forma inmediata e irrrestricta para evitar la comisión de abusos y permitir al pueblo hondureño expresarse con total libertad. Las autoridades de facto deben desistir de su imposición de restricciones a la libertad de información y expresión, a fin de que el pueblo hondureño pueda ser informado con absoluta imparcialidad y pueda igualmente expresarse sin limitaciones.
2. Las actuales autoridades deben cesar en su conducta hostil contra los ciudadanos hondureños y no hondureños, a fin de propiciar un clima de convivencia pacífica y tolerante.
3. En aras de recoger plena e imparcialmente la información sobre la totalidad de acciones violatorias de derechos humanos y ante la evidente infuncionalidad de una instancia nacional con este mandato, la delegación considera indispensable que la comunidad internacional cree una instancia de derechos humanos especializada para la atención y protección a las y los habitantes de Honduras, en particular a los defensores de derechos humanos. Esta instancia podría funcionar con el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos y con los fondos de emergencia de la Comisión Europea.
4. Es necesario identificar a todas las personas, funcionarios y funcionarias, civiles y militares, involucradas en la acción golpista, para proceder a un acuerdo de sanción de inhabilitación política de las mismas, a fin de que no solo evite la impunidad por estos hechos en Honduras sino que envíe un mensaje claro hacia otros países de la región, en aras de evitar nuevas intentonas contra el orden constitucional.
5. La delegación cree vital y urgente el llamado a un diálogo nacional con participación de todos los sectores, particularmente el movimiento social y de derechos humanos, así como el sector empresarial, para encontrar una salida pacífica a la actual crisis, sin que ello implique una acción de impunidad por los delitos cometidos por los actores involucrados en el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos.
6. Para evitar riesgos de dogmatización y sectarismo en el proceso, las iglesias de todas las denominaciones en honduras, han de actuar únicamente como observadoras.
7. Se recomienda a las entidades internacionales conformar un grupo de apoyo y acompañamiento para la solución de la crisis en Honduras.
8. Ante los hechos constatados en Honduras, la delegación considera necesario sugerir a los organismos e instancias internacionales revisar y actualizar sus criterios de actuación ante violaciones a derechos humanos y protección de defensores para poder agilizar las respuestas a situaciones como las acontecidas en Honduras. Sugiere también que se otorguen fondos de emergencia a organizaciones de derechos humanos que actualmente desarrollan acciones de defensa y documentación de violaciones a derechos humanos.
 
Guatemala, 8 de julio de 2009