Ante el inicio de una Negociación entre el Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Régimen de Facto, Roberto Micheletti Bain, con Mediación Internacional del Presidente Oscar Arias, el CIPRODEH eleva sus preocupaciones sobre acciones que no pueden ser objeto absoluto de negociación desde la perspectiva de Derechos Humanos, e incorpora exigencias del diálogo con miras a restablecer la plena vigencia de las libertades civiles fundamentales en Honduras, conculcadas a partir del golpe de estado perpetrado la madrugada del domingo 28 de junio de 2009.
NO ES ACEPTABLE NEGOCIAR:
La impunidad por las violaciones a derechos humanos cometidas por el Régimen de Facto Político Militar que incluye el golpe de Estado mismo, y acciones contra la población civil ejecutadas principalmente por órganos militares con el apoyo y/o tolerancia de la Policía Nacional (torturas, reclutamientos forzados, uso abusivo de la fuerza, ataques militares a población civil desarmada, ejecuciones extrajudiciales, atentados a la libertad de prensa y de expresión, detenciones ilegales, entre otras).
No toleraremos medidas destinadas a sustraer de la justicia nacional e internacional a los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a derechos humanos cometidas.
LAS EXIGENCIAS INMEDIATAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES:
1. La inmediata desmilitarización de las Dependencias Públicas que luego del golpe de Estado pasaron a control de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supeditación de la Policía Nacional al ejército. Ello implica el retorno inmediato de la Seguridad pública o interna a la Policía Nacional sometida permanentemente a escrutinio público y a la verificación de órganos de derechos humanos nacionales e internacionales que garanticen la separación de funciones, y que las unidades policiales de análisis, inteligencia e investigación sean manejadas única y exclusivamente por policías o civiles sin vinculación militar. Ello significaría separar inmediatamente a los militares que se han insertado como asesores en la Policía Nacional y suspender el cruce de información de inteligencia con fines de represión política.
2. Suspender el uso de armas químicas y letales para reprimir manifestaciones y la separación de las Fuerzas Armadas de actividades de control de manifestaciones públicas. Ello es particularmente grave por el uso además de armas de guerra y francotiradores apostados en posición de ataque contra los manifestantes.
3. El retorno sin reservas al control civil y bajo supervisión de organismos de derechos humanos, incluyendo de la sociedad civil, de los servicios públicos y de telecomunicaciones, como ser la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Hondutel, todas sus antenas de transmisión radial y televisiva y oficinas de soporte técnico de comunicación telefónica e internet; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y sus dependencias de control técnico, la Dirección de Migración y Extranjería, hospitales públicos cuyos accesos están militarizados, entre otros.
4. Suspender los mensajes en Cadena Nacional convocando a la ciudadanía a la Delación por mera sospecha e incitando al odio contra la disidencia al régimen de facto y la xenofobia a ciertas nacionalidades.
5. Suspender el Estado de Excepción decretado sin seguir el procedimiento Constitucional y que ha servido únicamente para justificar y aumentar las violaciones a derechos humanos fundamentales.
6. Liberar a los presos políticos capturados con posterioridad al golpe de Estado y suspender todos los procedimientos fiscales y penales iniciados por el Ministerio Público después del 28 de junio, como claras acciones de persecución política contra los funcionarios del Gobierno Zelaya y los dirigentes sociales simpatizantes del proyecto de la Consulta Popular.
¡En Defensa de los Derechos Humanos en Honduras ¡
Tegucigalpa, Honduras, 8 de julio del 2008
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos