El Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), reunido en São Paulo, el día 8 de julio de 2009 y frente al golpe de Estado en la República de Honduras, adopta la siguiente resolución:
 
CONSIDERANDO
 
Que la CSA condenó de forma enérgica y contundente el Golpe de Estado en Honduras, ejecutado por fuerzas militares el 28 de junio al secuestrar, destituir y expulsar del país al presidente Manuel Zelaya Rosales.
 
Que el golpe militar en Honduras constituye un retroceso en el avance y consolidación del proceso democrático iniciado en Honduras y en América Central a partir de los años ochentas cuando en Nicaragua triunfó la Revolución Sandinista en 1979 y en Honduras se realizaron elecciones para conformar una Asamblea Constituyente en 1980. Con los Acuerdos de Paz firmados a finales de diciembre de 1996 en Guatemala se fortaleció el proceso de transición centroamericana hacia la democracia.
 
Que la CSA como organización sindical continental, comprometida con la democracia, los derechos humanos, la paz y la autodeterminación de los pueblos, ha exigido la restitución en el poder del presidente Manuel Zelaya Rosales como máxima autoridad ejecutiva del país, así como el pleno respeto a la voluntad popular en la República de Honduras.
 
Que la comunidad internacional a través de la Asamblea de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han expresado su condena y rechazo al golpe militar y han solicitado de manera unánime y contundente el retorno al orden constitucional y el respeto al estado de derecho a través de la restitución de Manuel Zelaya como Presidente Constitucional
 
Que el gobierno “de facto” de Roberto Micheletti, para sostenerse en el poder y evitar las reacciones del pueblo, ha decretado un Estado de Sitio en horas nocturnas y además ha suspendido los derechos constitucionales de los hondureños: Derecho a la libertad de circulación, libertad de asociación y manifestación,  Inviolabilidad  del domicilio,  derecho a la propiedad privada, libertad de prensa y difusión de ideas y opiniones, libertad personal, incluso el derecho de no ser detenido administrativamente en sede policial por mas de 24 horas y la detención judicial para inquirir de 6 días  las cuales  pasarían  a detenciones indefinidas, entre otras.
 
Que la estrategia represiva del gobierno golpista no ha tenido los resultados esperados de acallar e inmovilizar la población hondureña. Por el contrario, el descontento popular es creciente y cada día se incorporan más ciudadanos y pobladores para exigir el retorno al orden constitucional a través del regreso y restitución en el poder de Manuel Zelaya.
 
Que algunos sectores del empresariado han participado activamente en el golpe, participando en las marchas de los golpistas acompañadas por políticos y empresarios que son protegidas por las fuerzas armadas, obligando a sus trabajadores/as a participar de ellas, siendo que, por el contrario, las marchas que solicitan el restablecimiento del régimen democrático, son reprimidas, atropelladas y las personas encarceladas.
 
Que el gobierno golpista, para inmovilizar al pueblo, desviar la atención del Golpe de Estado y unificar al pueblo a través de la supuesta defensa de la soberanía, ha estado fabricando un ambiente de posible invasión a suelo hondureño desde territorio nicaragüense.
 
Que el régimen de facto ha rechazado la solicitud de la  OEA de restablecer el orden constitucional y su posición ha sido intransigente e innegociable, lo que ha incluido no atender la intervención del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para superar la crisis. Igualmente se impidió al  Presidente Zelaya regresar a Honduras el domingo julio 5 y los ciudadanos hondureños que lo esperaban en el aeropuerto Toncontín fueron reprimidos por las fuerzas militares, con un saldo de  muchos heridos y dos muertos.
 
Que las amenazas, agresiones y detenciones contra los que se mantienen en movilización contra del golpe de estado se han profundizado. Destacamos el hecho grave de la invasión y destrucción de la sede de nuestra afiliada la CGT.
 
Que la polarización y el descontento popular siguen creciendo, por lo tanto es necesario buscar una negociación al conflicto. El gobierno de facto de Micheletti, ha solicitado la intermediación de la OEA en el conflicto y este martes 7 de julio se ha confirmado la mediación del Presidente de Costar Rica, Oscar Arias.
 
POR TANTO
 
El gobierno instituido en Honduras y encabezado por Roberto Micheletti es ilegítimo e inconstitucional que no tiene el reconocimiento de la de la OEA y de la Comunidad Internacional y de amplios sectores sociales de la sociedad hondureña.
 
Con el secuestro y expulsión de Manuel Zelaya se han violado los principios fundamentales de la democracia y establecidos en la Constitución de la República de Honduras, cuando una fuerza militar, instigada por otros poderes públicos, ha actuado ante supuestos delitos cometidos por el legítimo Presidente de Honduras, sin que se hayan respetado los mínimos preceptos del debido proceso y el derecho a la defensa.
 
Este golpe militar significa un retroceso en la consolidación de los procesos democráticos, no solamente de Honduras, sino de todos los pueblos de América Latina. Se ha violentado la Carta de la OEA, documento histórico en el cual se sintetizan los valores democráticos y la voluntad política de los pueblos de las Américas, así como la Carta Democrática Interamericana, que establece el compromiso de la comunidad regional de no aceptar jamás en la OEA, a ningún gobierno impuesto por las fuerzas militares. 
 
ACORDAMOS
 

Solidarizarnos con el pueblo hondureño y sus organizaciones sociales, que en defensa del artículo 3 de la Constitución de la República, se han declarado en desobediencia civil y resistencia pacífica permanente, hasta que se restablezca el orden constitucional. Especialmente  expresamos nuestro compromiso solidario con nuestras afiliadas, la CUTH, CGT y la CTH y sus dirigentes y dirigentas, quienes desde el primer momento han estado al frente de las acciones por el restablecimiento pleno de la democracia en su país.

Saludar la rapidez, firmeza y contundencia de la OEA en dar respuesta a la crisis política en Honduras en aras de que se respete su constitución y la Carta Democrática Interamericana como pilar fundamental del ejercicio de la democracia en el continente. Igualmente la reacción de todos los gobiernos de la región que condenaron este hecho antidemocrático.

Unirnos a la solicitud de las organizaciones sociales hondureñas, para de pedir que la OEA, ratifique y tome todas las medidas necesarias en contra del gobierno golpista hasta obligarlo a restituir el orden constitucional, que pasa fundamentalmente por la restitución de Manuel Zelaya como Presidente de la República de Honduras.

Valorar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de hacer uso de todos los recursos legales, políticos y económicos, incluyendo la suspensión de la ayuda militar, para aislar al gobierno de facto de Honduras y para obligarlos a la restitución del orden constitucional.

Solicitar también a los gobiernos de la Unión Europea, considerar las medidas adoptadas por la OEA y todos los gobiernos de las Américas y en ese sentido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno golpista. Establecer sanciones económicas, y  en especial suspender los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencia (SGP – Plus) con los cuales empresarios hondureños se favorecen al no pagar aranceles por el ingreso de sus productos al mercado europeo.   

Estar alertas ante la falsa estrategia de los golpistas desviar la atención de la opinión pública de una supuesta invasión a Honduras desde territorio nicaragüense. Informar  a la población hondureña que la comunidad internacional es respetuosa del principio de soberanía de los pueblos.

Ratificar que cualquier salida negociada a la crisis pasa por la restitución en el poder del presidente legítimo del pueblo hondureño Manuel Zelaya Rosales  y el pleno restablecimiento de la institucionalidad y la democracia, que incluye el establecimiento de las responsabilidades políticas, jurídicas y penales de los actos contra la democracia en ese país. La impunidad frente a las violaciones graves a la democracia y los derechos humanos, constituyen un factor de estímulo para la reproducción de estas prácticas condenables.

Realizar una misión de solidaridad con el pueblo hondureño, en coordinación con nuestras afiliadas de Honduras, y con participación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, (CSA) y las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI).

Reforzar la jornada de movilización sindical continental de solidaridad con el pueblo Hondureño y hacer entrega en todas las embajadas de Honduras y ante los gobiernos en cada uno de los países de la Región, la presente Resolución el próximo miércoles 15 de julio.

 
São Paulo, 08 de julio de 2009.