Por este medio hacemos pública nuestra más enérgica condena y denunciamos los gravísimos hechos desencadenados en los últimos días a partir del Golpe de Estado llevado a cabo por las élites políticas, militares, mediáticas y empresariales, religiosas contra el Presidente de Honduras Manuel Zelaya y contra los derechos fundamentales de la población hondureña, manipulando y secuestrando las potestades y los mecanismos de la institucionalidad democrática, ocasionando así, una grave regresión en la búsqueda de sociedades más democráticas y justas en Centro América. Algunos de estos graves hechos son:
1. Secuestro y extradición ilegal del Presidente de Honduras Manuel Zelaya por parte de las Fuerzas Armadas, quienes, sin ningún sustento legal, negando la activación de los procedimientos del debido proceso, y obedeciendo al complot fraguado por élites políticas y empresariales, violaron los derechos individuales universalmente reconocidos como la libertad individual, la privacidad del domicilio, de expresión, el derecho a conocer la acusación, así como de la preparación de su legítima defensa.
2. Cierre de medios de información que no se alinearon con el golpe, amedrentamiento, arresto y confiscación de equipos a periodistas nacionales e internacionales violando los derechos universales de libre expresión, información y libre ejercicio de la labor periodística. Asimismo violando de manera flagrante el derecho de la población a la información veraz, objetiva y plural sobre los acontecimientos sucedidos o por suceder en Honduras.
3. Promulgación de Estado de Sitio que viola las los derechos fundamentales como el de unión, asociación, y libre movilización de la población hondureña.
4. Represión abierta hacia la población que se moviliza en contra del Golpe de Estado, expresado en: golpes, disparos, y gases violando al derecho a la integridad física de la ciudadanía. De igual manera se han incrementado la vigilancia de oficinas y locales de las organizaciones sociales, intervenido teléfonos, arrestos y desapariciones forzosas de líderes y liderezas sin que medie orden judicial que las sustente, así como el sabotaje de sus medios de transporte y comunicación.
5. Particularmente denunciamos y condenamos el asesinato por parte del ejército de Honduras de al menos una persona confirmada en los hechos de este 5 de julio en las inmediaciones del aeropuerto, violando evidentemente el derecho inalienable de la Vida. Sin embargo es probable que las víctimas sean muchas más.
6. Denunciamos la manipulación de la institucionalidad democrática. La Democracia no puede ser utilizada como “escudo” para proteger intereses de las élites político-empresariales y mucho menos para dirimir sus diferencias manipulando al pueblo a favor de unos o de otros. La democracia no es una mercancía más que se posee para realizar acciones antojadizas cual “cheque en blanco”. Primariamente la democracia es para la gente, para el disfrute de sus derechos, para la discusión crítica de las acciones de cualquier gobierno sin temor al chantaje, la manipulación o las armas.
Ante tales hechos la Red de Control Ciudadano en Costa Rica se une a las organizaciones sociales de Mesoamérica, América Latina y el mundo para demandar:
1. Cese inmediato de la represión y las violaciones a los derechos fundamentales universalmente reconocidos de la población hondureña
2. Libertad inmediata de todos aquellos liderazgos sociales hoy detenidos o desaparecidos a causa de su oposición al Golpe de Estado y que se movilizan a favor del restablecimiento de las condiciones democráticas para el libre ejercicio de sus derechos.
3. Reconocimiento del derecho del pueblo hondureño a la participación activa, equitativa y plena en la búsqueda y formación de sociedades justas, equitativas, democráticas y no excluyentes de manera soberana, sin injerencias de las élites políticas, empresariales, clericales, mediáticas, y militares tanto dentro como fuera de Honduras.
4. Restablecimiento de condiciones democráticas que garanticen: reposición del Presidente Manuel Zelaya, verdadera independencia de poderes, condiciones plenas para el libre ejercicio del sufragio en noviembre del 2009, reconocimiento y promoción del derecho a la participación activa de la población hondureña y sus organizaciones sociales en los debates relacionados con el futuro inmediato de la nación hondureña.
5. Advertimos que, CUALQUIER SALIDA A LA CRISIS EN HONDURAS DEBE HACERSE TOMANDO EN CUENTA LA OPINIÓN Y PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA Y DE SUS ORGANIZACIONES, negando de esa manera cualquier salida a partir de acuerdos de cúpulas. Solo de esta manera Honduras puede recuperar su estabilidad institucional y además avanzar hacia formas superiores de democracia.
6. Exigimos investigar hasta las últimas consecuencias los graves hechos de violación a los Derechos Humanos perpetrados por los actores involucrados en el Golpe de Estado y responsabilizar penalmente a aquellos que por su condición privilegiada en espacios de poder conculcaron y pisotearon los derechos más elementales del pueblo hondureño.
7. Instamos a los pueblos de América Latina y el Caribe, a sus organizaciones, a mantenerse vigilantes y alertas ante este nuevo embate del capital financiero en asocio con militares que ocurre en Honduras, pues constituye una amenaza para los esfuerzos que los pueblos del continente realizan para defender sus conquistas sociales y ampliar sus horizontes democráticos. Mantenerse alertas ante lo que podría significar una oleada neo-golpista en contra de los avances democráticos de las sociedades latinoamericanas.
PROPONEMOS:
1. Instalar y promover Auditorias Ciudadanas en todos los departamentos de Honduras, así como el de una Comisión Ciudadana Relatora en Honduras con la participación de organizaciones sociales de Mesoamérica para el acopio de información, ordenamiento de ésta, y redacción de Informes de la Verdad que documenten las graves violaciones a Derechos Humanos en Honduras para que puedan ser presentados en instancias nacionales e internacionales para el juzgamiento y sanción de los responsables.

Dado en las ciudad de San José Costa Rica el 8 de julio del 2009