Desde hace dos meses los indígenas de la amazonía peruana están realizando un paro con el fin de pedir la derogatoria de 11 decretos legislativos de implementación del TLC con EE.UU., que afectan a la amazonía y no han sido consultados con las comunidades indígenas.
Entre estos se encuentran el Decreto Legislativo 1064  que declara que el bambú, caña brava y piñón blanco, plantados allí, pueden ser materia prima para biocombustibles, y el Decreto Legislativo Nº 1090 que  retira del  patrimonio forestal a los bosques de producción, los cuales pueden ser declarados de interés nacional y cambiados de uso. En el artículo 21 de esa norma se permite el desbosque en áreas que se han entregado a sectores privados, contraviniendo los artículos 68 y 69 de la Constitución, por los cuales el Estado está obligado a conservar  la diversidad biológica y a promover el desarrollo de la amazonía. Hasta el momento se han concesionado 44 millones de hectáreas de bosques y selva de la amazonía peruana, de las 75 millones de hectáreas que tiene, a las grandes transnacionales extranjeras y grandes empresas del Perú, para extraer petróleo, gas, oro, agua, agrocombustibles, alimentos, plantas medicinales, animales, etc.
La Asociación Interétnica Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP está liderando este movimiento, que cuenta con el apoyo de 1.350 comunidades y más de 350.000 hombres y mujeres indígenas. La semana pasadael jefe del gabinete ministerial afirmó que el gobierno tomaría las medidas que sean necesarias para que la tranquilidad y el orden vuelvan al interior del país, lo que se expresó en la agresión por parte del ejercito peruano a las comunidades que se encuentran protestando y en la masacre de más de 50 indígenas el fin de semana. Hay una persecución del poder judicial y los servicios de inteligencia del estado contra los dirigentes y compañeros más activos de las comunidades y etnias amazónicas. Alberto Pizango y otros dirigentes de la AIDESEP, han sido denunciados penalmente por el gobierno, acusándolos de sedición y alteración del orden público.
Ante la protesta internacional por la masacre realizada, el gobierno peruano aceptó suspender la vigencia de dos decretos, sin embargo, continúan en trámite otros 8 que afectan a las comunidades de la amazonía. Esta situación evidencia que la implementación y aplicación de los TLCs se basan en el establecimiento de condiciones para el uso y explotación de los recursos y la mano de obra por parte de las empresas multinacionales, violando los derechos humanos de la población afectada. Así mismo, se pone en riesgo la existencia de la amazonía, que constituye una de las reservas ambientales más importantes del mundo.
La Cuarta Cumbre de pueblos indígenas del ‘ABYA YALA’ realizada en Puno el 30 y 31 de mayo pasado, aprobó “movilizar nuestras organizaciones en defensa de la lucha de los pueblos indígenas de la amazonía peruana contra las normas privatizadoras de sus territorios y bienes naturales. Su lucha es la nuestra. Organizar en la primera semana de junio plantones frente a las embajadas del Perú en cada uno de nuestros países, exigiendo solución y no represión para nuestros hermanos.  Y en esa dirección las organizaciones indígenas y campesinas del Perú acordamos un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009, por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”.
Las organizaciones y redes pertenecientes a la Alianza Social Continental expresamos nuestra  solidaridad y apoyo al movimiento indígena peruano.
Exigimos que el gobierno peruano detenga las agresiones a las y los manifestantes y se garanticen sus derechos.
Demandamos la suspensión de las negociaciones del TLC con la Unión Europea y la suspensión de los ya firmados con EE.UU. y Canadá.
 
Alianza Social Continental