Con un saldo de decenas de muertos y heridos, principalmente en los miembros del Pueblo Indígena Awajun, se ha consumado hoy el desalojo de las posiciones que estos ocupaban en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. Masacre que ha cobrado entre sus víctimas al asesinado Presidente del Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui, Sr. Santiago Manuin Valera, quien falleció como consecuencia de una intervención policial que se consumó – como la propia población y autoridades de Bagua han denunciado – a través de "balas de guerra".

Los Pueblos Indígenas de nuestra amazonía están movilizados para defender los territorios ancestrales que ocupan en las selvas alta y baja de nuestra Amazonía, que incluyen una extraordinaria biodiversidad propia del ecosistema de la vertiente oriental de nuestra selva y que ellos han preservado durante siglos.

Ese territorio se encuentra hoy ya afectado y reducido por la creciente e irracional explotación de recursos como el oro, la madera, el petróleo y el gas que, se lleva a cabo sin respeto de las áreas que dichas comunidades protegen bajo un modelo de conservación cuyo objeto es asegurar la estabilidad de tierras y bosques, y mantener la calidad y cantidad de agua, el equilibrio ecológico y un ambiente adecuado para su desarrollo. Muchas de estas explotaciones corresponden a áreas entregadas en concesión por el gobierno peruano a empresas transnacionales, que no solo se superponen a estos territorios, ignorando los derechos de las comunidades nativas encargadas de su gestión, y sin que se haya evaluado su compatibilidad con las áreas protegidas y cómo afectan su conservación.

Como sostuvieron los Obispos de la Amazonía el 5 de mayo pasado, “en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros. [Y] para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control”.

Mediante los decretos legislativos que el gobierno ha dictado, aprovechando abusiva e inconstitucionalmente las facultades delegadas que le fueron concedidas para implementar el Tratado de Libre Comercio pactado con los EE.UU., el Estado peruano pretende dejar que las grandes transnacionales hagan lo que quieran en las reservas comunales y áreas protegidas; ignorando que los derechos defendidos por los Pueblos Indígenas no solo están reconocidos en Pactos, Convenciones y Convenios con carácter vinculante y exigible que el Perú – por haberlos ratificado – se comprometió a honrar, sino que comprometen su responsabilidad ante la comunidad internacional.

Las medidas legislativas dictadas por gobierno, y que el Congreso se niega hasta hoy a revisar y derogar, comportan una negativa al reconocimiento del igual valor y dignidad que los Pueblos Indígenas del Perú poseen al igual que la de los otros pueblos que conformamos esta Nación, como parte del carácter pluriétnico y plurinacional de un país en el que todos sus pueblos integrantes deben ser considerados iguales. Niegan, asimismo, su derecho a ejercer su identidad (entendida como el uso de su idioma, nombres, toponimias, cultura y religión), sino también sus formas propias de desarrollo, crecimiento y transformación.

Los suscritos repudiamos estos hechos y hacemos un llamado al gobierno, en primer lugar, para que suspenda de inmediato fin al estado de sitio y cese la violencia que viene descargando contra nuestros hermanos en la Amazonía, con el terrible saldo de víctimas que hoy tenemos que lamentar. Lo invocamos a cesar las agresiones que han venido llevándose sistemáticamente estas semanas contra AIDESEP y sus dirigentes y abrir un espacio de respetuoso y genuino diálogo con ésta para considerar los legítimos intereses que esta representa.

Como ha expresado el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, organismo asesor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a través de su presidenta, Victoria Tauli Corpuz, recordamos al Gobierno peruano la obligación que tiene de consultar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, tal y como lo establecen los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT, y garantizar el pleno respeto de los derechos de las comunidades sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos, así como el consentimiento libre, previo e informado de las mismas.

Llamamos por último a la comunidad nacional e internacional a movilizarse para impedir que se consume un genocidio en nuestra Amazonía y se salvaguarde el derecho de nuestros Pueblos Indígenas a su libre determinación.

Es estableciendo dialogo que se resuelven los conflictos, no segando vidas
Lima, 5 de junio de 2009

Jubileo Perú, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo(PIDHDD), Asociación nacional de Centros (ANC), Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES), Red Latinoamericana de Deuda, Derechos y Desarrollo (Latindadd), Llamado mundial de Lucha Contra la Pobreza Capítulo Perú, Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), Género y Economía, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Forum Solidaridad Perú, Centro de Asesoría Laboral del Perú (Cedal), Grupo Propuesta Ciudadana Jubileo Sur, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Observatorio Internacional de la Deuda, Red Brasil, Centro de Derechos, Económicos y Sociales del Ecuador, Jubileo Guayaquil, Alternativa, etc.