La comunicación es un bien público no una mercancía. Invitamos a reflexionar, a través de este comunicado, acerca del Derecho a la Comunicación, que contiene al Derecho a la Libertad de Expresión, cuyo día se celebra internacionalmente cada 3 de mayo.
 
En la historia nacional, la voz de las mayorías se ahogó en el silencio, que con alto ruido impusieron los poderes económico-políticos, asociados con algunos medios de comunicación social, para beneficio propio. Consumismo, propaganda y desinformación, en perjuicio de la responsabilidad social y de su misma ética y credibilidad, fueron más que evidentes en algunos medios durante el reciente periodo electoral.
 
Pero las mayorías salvadoreñas alzaron su voz de esperanza y vencieron al aparato gubernamental, a la maquinaria eleccionaria del partido en el poder, al poder de los medios a favor del mismo gobierno, al poder del capital, a la mentira y al miedo. Y por fin, ahora nos enfrentamos al reto de construir, participativamente, un nuevo país; el país que queremos.
En esta situación es urgente la búsqueda de la unidad. Es vital que las organizaciones sociales progresistas coordinemos estratégicamente nuestros esfuerzos. Y esto se logra con organización, con una mirada común de nación y, sobre todo, con comunicación.
Es por eso que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, preocupados/as por la comunicación para el cambio social, nos estamos sumando a un movimiento creciente que busca contribuir a la democratización de las comunicaciones para democratizar el país.
Por eso nos interesa que a la ya existente comunicación comercial, que debe retomar su función social, se una la comunicación pública/estatal, con medios de calidad; es decir, que Radio El Salvador, la radio de la Fuerza Armada (Radio Cadena Cuscatlán) y la televisión nacional (Canal 10), se refunden a partir de las necesidades e intereses de las grandes mayorías y se nutran y sirvan a las mismas, mediante la permanente consulta ciudadana, por ejemplo.
Pero ya es tiempo, además, que otro sector de las comunicaciones crezca: la comunicación social sin fines de lucro, con más radiodifusoras y cables de televisión comunitaria, con medios impresos alternativos que den espacio a la gente para manifestarse. No es posible, para el caso, que exista solo una frecuencia comunitaria ante cerca de doscientas frecuencias comerciales que pueden sintonizarse en el dial.
Hoy más que nunca es necesario dibujar un nuevo mapa de medios que contrarreste los intereses de los oligopolios comerciales y que haga prevalecer los intereses nacionales a los intereses de lucro. Solo así, podremos ayudar a un gobierno popular que camine de la mano con el poder ciudadano.
 
POR TANTO:
 
Demandamos, desde la ciudadanía, a este nuevo gobierno que nació de la esperanza, diseñe e implemente una política pública que contribuya al inicio de la democratización de las comunicaciones, como elemento clave para apoyar y fortalecer el proceso democrático y de alternancia política que estamos viviendo.
 
Una política pública que se sostenga en un marco jurídico que pueda contemplar las siguientes acciones:

Promover la aprobación de una ley de acceso a la información pública que garantice a la ciudadanía el derecho de conocer qué están haciendo las funcionarias/os públicos con los impuestos de la gente. Ley que debe asegurar que la información que se brinde sea completa, coherente, equitativa y oportuna.

Debe iniciar y desarrollar una consulta nacional sobre el proceso de digitalización de las frecuencias, donde participen los tres sectores de las telecomunicaciones antes mencionados. Sobre todo porque la superación de la brecha digital y la inclusión de todos los sectores a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, exige que los Estados adopten mecanismos para garantizar el acceso y migración de los medios comunitarios a las nuevas tecnologías. Consideramos que los retos que plantea la convergencia de medios y la digitalización de los soportes analógicos deben enfrentarse en un entorno de adaptabilidad tecnológica y regulatoria, transparencia y equidad.

Se necesita urgentemente una revisión y reformas de la Ley de Telecomunicaciones, para garantizar un acceso democrático, justo y equitativo de la ciudadanía, a las frecuencias de radio y televisión. Se debe eliminar la figura de la subasta como único mecanismo para acceder al espectro radioeléctrico, pues es inconstitucional y antidemocrático, ya que solamente favorece la consolidación de los oligopolios mediáticos del país.

Recomendamos reformar y distribuir el espectro radioeléctrico entre los tres sectores de la radiodifusión, para garantizar una democratización y mayor beneficio social de un bien que es colectivo. Existen leyes en otros países como Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay e innovadores anteproyectos de ley como el de Argentina, que consideran que alrededor del 30% de las frecuencias del dial debe reservarse para el sector social sin fines de lucro.

La necesidad de democratizar, reencauzar y fortalecer los medios de comunicación del Estado existentes, para garantizar su función cultural, educativa, de entretenimiento, y sobre todo, para que generen procesos comunicacionales participativos desde la ciudadanía.

Diseñar e implementar en el corto plazo la política gubernamental que estimulará y fortalecerá la radiodifusión comunitaria a nivel nacional, ya que estas radios y televisoras promueven la libre expresión de los distintos sectores de la sociedad.

Recomendamos se legisle la asignación de la publicidad gubernamental, con criterios técnicos y equitativos, considerando aspectos nacionales, regionales y locales, segmentados por públicos, para garantizar que ésta no sirva para premiar o castigar a los medios de comunicación que no coinciden con las políticas gubernamentales.

Fomentar y apoyar la figura del Defensor de los Derechos del Receptor/a de Medios de Comunicación (Ombudsman), que podría estar vinculado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Desarrollar acciones y propuestas que permitan fortalecer a los gremios de periodistas y comunicadores/as, de manera que sean actores claves en demandar y vigilar mejores condiciones laborales y la plena vigencia de la libertad de prensa en El Salvador.

Solicitamos al gobierno electo a que pueda reunirse en el corto plazo, con una comisión de trabajo que incluya a los representantes de la comunicación social sin fines de lucro, para que le dé seguimiento al tema de las comunicaciones.
Somos organizaciones y medios de comunicación social, que formamos parte de un movimiento ciudadano, que trabaja por una comunicación democrática que contribuya a una mayor participación de la población. Consideramos que este nuevo período presidencial debe ser aprovechado para entregarle a las presentes y futuras generaciones un mapa de medios que trabaje por fortalecer nuestra democracia, identidad y reconciliación nacional.
 
San Salvador, El Salvador, 3 de mayo de 2009.
 
MOVIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DEMOCRATICA
Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (COMUNICÁNDONOS)
Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS)
Centro de Orientación Radial para la Mujer Salvadoreña (CORAMS)
Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP)
El Independiente
Radio Guazapa
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo El Salvador (AMARC-ES).