Pronunciamiento de la red SINTI TECHAN

La Red de Acción Ciudadana frente al Comercio y la Inversión, "Sinti
Techan" en relación a la disputa protagonizada recientemente por las
trasnacionales de las comunicaciones en El Salvador ante la amenaza de su
desplazamiento del mercado por parte de empresas estadounidenses; y en
ocasión de celebrarse la segunda ronda de negociaciones del Tratado de
Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos (TLC CA-EU), en Cincinnati,
Estados Unidos; al pueblo salvadoreño manifiesta que:

1. Rechazamos que el destino de las comunicaciones del país y otros
servicios públicos esenciales, sean negociadas entre empresas
trasnacionales bajo la "obsecuencia" del gobierno de El Salvador.

a. La denuncia pública hecha por las empresas Telefónica de España,
Telecom de Francia y Telemovil de Holanda para ser incluidas en las
negociaciones del TLC, viene a confirmar que con negociaciones continúa
el reparto que las grandes empresas trasnacionales están haciendo de
Centroamérica. Las mismas empresas que se han beneficiado con la
privatización de ANTEL, y que controlan las telecomunicaciones del país,
ahora expresan su preocupación por la inminente llegada de la
competencia de las empresas estadounidenses, que se abriría con el TLC.

b. La privatización de las telecomunicaciones llevó a la sustitución del
monopolio público por otro privado, permitió concentrar el sector en
tres empresas europeas, sin que los argumentos con que defendían la
privatización --menores tarifas, cobertura y eficiencia-- se hayan
cumplido. La venta de estos activos del Estado se basó en la suscripción
de acuerdos leoninos y lesivos para el interés público, que
comprometieron el alza sostenida y desproporcionada en las tarifas de
telefonía fija para los siguientes años. Así, entre 1998 y 2003 el cargo
fijo de la tarifas se han incrementado en 41%).

c. Los TLC, que representan verdaderas "cartas de derechos para las
empresas trasnacionales", limitan a los gobiernos el establecimiento de
requisitos de desempeño a las inversiones extranjeras. Paradójicamente,
ahora los monopolios europeos que controlan las telecomunicaciones en el
país, piden al gobierno que les proteja de la amenaza norteamericana,
evitando se reforme la legislación en telecomunicaciones. ¿Cuándo el
gobierno ha defendido en estas negociaciones los intereses de los
millones de salvadoreñas y salvadoreños?.

d. Las trasnacionales de las telecomunicaciones no se sienten
representadas por la SIGET, tampoco las personas consumidores y usuarios
de los servicios de telefonía percibimos que esta Superintendencia vele
por nuestros intereses, y menos que asuma las funciones para las que fue
creada. El hecho de contratar asesores estadounidenses para reformar la
Ley de Telecomunicaciones, sugiere que la SIGET empuja los cambios a la
medida de los intereses trasnacionales estadounidenses.

e. Esta situación evidencia el carácter secretista, excluyente y
antidemocrático de las negociaciones de los TLC, que la Red Sinti Techan
ha venido denunciando. Si las grandes trasnacionales europeas han sido
relegadas por el gobierno de las negociaciones, ¿cómo se puede aspirar
que las micro, pequeñas y medianas empresas, que las personas
consumidoras, que los trabajadores y trabajadoras, y que la sociedad
salvadoreña en general sean actores protagónicos de las negociaciones?.

f. Este caso expone la doble moral de las empresas de telecomunicaciones
y del gobierno de El Salvador, pues mientras Costa Rica mantiene
reservas sobre el capítulo de telecomunicaciones en el TLC porque NO
está dispuesta a privatizar este sector; las trasnacionales que operan
en El Salvador, demandan al gobierno no incluir este capítulo para
seguir conservando su monopolio. La Red Sinti Techan expresa su
oposición a los planes del gobierno de privatizar lo que queda del
sector eléctrico: la transmisión (con la venta de la empresa pública
ETESAL), la generación geotérmica (con la venta de la empresa pública
GESAL) y la generación hidroeléctrica (con la venta de las presas
hidroeléctricas).

2. Aunque formalmente el pasado 8 de enero se inició el proceso de
negociaciones del TLC CA-EU --con la primera ronda en San José, Costa
Rica y este día comienza la segunda ronda en Cincinnati--, en la
práctica lo único que realmente se negocia es lo relativo al comercio de
bienes y servicios, pues los principios y contenidos esenciales del
Tratado ya están definidos y no serán modificados.

a. Es evidente que los TLC son mucho más que tratados comerciales,
aunque lo único que se "negocia" son los aspectos comerciales. Allí
aparece la "garduña" de las grandes empresas por la obtención de tratos
preferenciales o por quedar excluidos del tratado, ante su falta de
capacidad por enfrentar la competencia. Según se conoce, algunos de los
temas que se abordarán en la 2ª. Ronda son las disposiciones en acceso a
mercado, salvaguardias, servicios e inversión, contrataciones de
gobierno, además de los temas referentes al medio ambiente y cuestiones
laborales.

b. No cabe duda que ni en ésta, ni en las próximas rondas se discutirán
los efectos nefastos de los capítulos de inversiones y compras
gubernamentales que permitirán a las trasnacionales controlar los
servicios públicos –como educación, salud y recursos hídricos--; y que
dejarán indefensos a los mismos gobiernos que "osen" regular el
funcionamiento de las empresas trasnacionales por violaciones laborales,
ambientales o de derechos humanos; además de abrir la posibilidad de que
los Estados centroamericanos sean demandados en tribunales
internacionales por empresas trasnacionales estadounidenses.

c. La ausencia de una lógica de derechos laborales que sea transversal
en todo el TLC, excluye la posibilidad de definir los mecanismos e
instrumentos concretos que planteen su exigibilidad –como sí queda
establecido para los derechos de los inversionistas o los de propiedad
intelectual—y traslada a los gobiernos, ya "maniatados" por el mismo
tratado, la responsabilidad de enfrentar las violaciones a estos
derechos. Sin embargo existen suficientes pruebas y denuncias
internacionales y nacionales, como los contenidos en los reportes de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de Human Rigths
Watch, que el gobierno salvadoreño no juega este papel sino, por el
contrario, es el principal violador de los derechos laborales.

3. Hacemos un llamado al pueblo salvadoreño y a los pueblos
centroamericanos a mantener y profundizar sus acciones de resistencia
frente a los TLCs, a potenciar la articulación de esfuerzos
organizativos para impulsar una verdadera integración social que se
construya desde abajo y con los actores territoriales y sociales.

4. Hacemos un llamado al pueblo norteamericano a continuar y acrecentar las
voces de protesta en contra del TLC CA-EU y en contra de la guerra.

Otro El Salvador es posible

San Salvador, 24 de febrero de 2003.