El mayor de los retos democráticos para el país está indudablemente por cumplirse. El nuevo texto constitucional trae consigo tal posibilidad; empero, no podrá estar completa la misión, ni siquiera pensarse como efectiva, si es que no se avanza en la enunciación y ampliación constitucional de algunos derechos humanos fundamentales, como el derecho a la comunicación y a la información.

Para comprender su inserción en la nueva Carta Magna habrá que situar el tema en dos coordenadas: la primera, a través de su diferenciación con otras libertades y derechos que son antecedentes del mismo (libertad de pensamiento, de expresión, de prensa, de información); y la segunda, por sus implicaciones con las nociones de construcción y profundización de una ciudadanía efectiva.

En un marco de avance de las prerrogativas constitucionales, el derecho a la información, que puede ser tomado, en su especificidad, como indicativo de las nociones de producción libre y acceso garantizado de los flujos informativos. En él se exige y protege, por un lado, la calidad de la información que es producida y difundida por cualquier tipo de fuente y medio; y se posibilita y resguarda, por otro, el acceso y la recepción de aquélla a diferentes destinatarios. Sin embargo, se asume la condición del destinatario como receptiva, aunque se reconoce que, a partir de la garantía de acceso y recepción de la información, podría constituirse la base de una ciudadanía mejor informada y, por lo tanto, con mayores posibilidades de participación activa en los escenarios de debate público.

Empero, el Estado con ese derecho no garantiza el diálogo y la participación ciudadanas. Es sólo y a través de un cuadro mayor, amplio y correlacional con el derecho a la información, que pueden ser efectivo aquel otro proceso fundamental dentro de la urgencia de profundización democrática: el del derecho a la comunicación.

En efecto, si se comprende que el derecho a la comunicación y la información se traduce en las garantías que ofrece el Estado a todas las personas para que éstas no sólo reciban información veraz y de calidad en su condición de ciudadanos y ciudadanas, sino que además posibilite su acción y participación en la intercambiabilidad de roles emisor/receptor, en espacios públicos, con alternativas de su transformación en conocimiento compartido, en procesos de diálogo abierto, diverso e intercultural, en condiciones de producción, circulación y recepción equitativas e inclusivas, se tiene, por lo tanto, una ampliación de las nociones anteriores y un porqué de su fundamental relevancia para ser insertado en la nuevo texto constitucional boliviano.

Si el rumbo anhelado tiene que ver con una democracia realmente participativa y equitativa, el derecho a la comunicación y el de la información no deben estar ausentes de los fundamentos constitucionales. A través de él se asegura, entre otras cosas, la pluralidad de voces, la competencia, la circulación libre y el encuentro diverso de visiones de mundo distintas, la democratización de la palabra, el fortalecimiento expresivo, el acceso a y la constitución de medios de difusión y fuentes de información, la participación ciudadana en espacios de diálogo fundada en información pública responsable y la expresión de la diversidad cultural. Todo aquello que pueda hacer posible el intercambio dialógico y la acción concertada de los diversos sujetos y grupos en planes conjuntos de construcción social, política, económica y cultural; en otras palabras, de un afianzamiento democrático y participativo.

La comunicación como construcción, circulación, competencia, recepción y apropiación de sentidos implica pues, y de hecho, un proyecto político de sociedad y cultura. Y el de las agrupaciones y sectores que defienden hoy el derecho a la comunicación y a la información, y que han logrado movilizarse desde diferentes espacios presentando propuestas al foro constituyente respecto del tema y compartiendo un horizonte de logro común, no es otro que el de incorporar en la próxima constitución este derecho, reconocido como humano y fundamental para individuos y colectividades. Es claro que toda esta acción pretende orientar el futuro nacional hacia una democracia participativa, incluyente, diversa y, por supuesto, comunicante y comunicada.

Karina M. Herrera Millar es directora del Centro Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la Comunicación
 
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