Tras 26 años de gobiernos democráticos consecutivos, se plantea la necesidad de cambiar la norma regulatoria de los medios creada en tiempos de dictadura. Pautas para analizar y entender el proyecto.
Con la premisa de la libre participación ciudadana como estandarte, se prevé un próximo cambio de rumbo en la normativa que comanda las comunicaciones, los medios y el acceso a la información en Argentina creada durante la última dictadura militar.

Es así como la obsoleta Ley de Radiodifusión 22.285/1980 construida por los representantes del Gobiernos de facto que condujeron el país en el periodo 1976-1983, sería reemplazada por un nuevo estatuto que llevará el nombre de “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. (Ver: “Una vieja deuda de la democracia”. APM. 21/03/2009)

El proyecto presentado por el Comfer (Comité Nacional de Radiodifusión), tras la consulta y el debate entre profesionales de la comunicación, se plantea como la necesidad de romper con las estructuras propias de la dictadura.

Es decir, el proyecto pretender irrumpir sobre cada uno de los puntos de la vigente norma que fue redactada y cobró vida en medio de un contexto signado por la ilegalidad, la corrupción, la violencia, los asesinatos, las desapariciones, entre otras atrocidades, propias de aquellos tiempos.

Más de dos décadas de democracia ininterrumpidas no han sido suficientes para sustituir ese viejo esquema generado acorde a las bases del comité de la dictadura militar. Esa ruptura era -y aún es- uno de los grandes temas pendientes de los gobiernos democráticos.

Algunos de ellos, hablemos de los gobiernos neoliberales que se desarrollaron durante los años 90, en lugar de irrumpir sobre esa normativa no hicieron más que agravar los efectos de la misma.

De esta manera, se llevó a cabo un plan sistemático de devastamiento de la industria cultural nacional, de monopolización de los medios, de la reducción de la participación ciudadana en el acceso a la información y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la comunicación.

En este sentido, a pesar de los años transcurridos y de los efectos negativos que produjo la Ley de Radiodifusión, en la actualidad el debate se ha abierto para un futuro cambio en las estructuras, principios y objetivos que comandan las comunicaciones en Argentina.

Pero este debate necesita de la participación de la ciudadanía en su totalidad para hacer de él y de la próxima Ley un hecho inédito de democracia.

Por ello es preciso que usted, lector/a, tenga todas las herramientas necesarias para entender y analizar lo que el nuevo proyecto plantea y, así, generar el consenso necesario para hacer que el envío de este proyecto al Congreso de la Nación se haga efectivo.

Aquí, algunas preguntas y respuestas claves:

1. ¿Qué diferencias existen entre la Ley que aún se encuentra en vigencia y la propuesta del proyecto de ley que se debate en la actualidad?

Las diferencias son muchas y diversas. Entre ellas se pueden mencionar las más relevantes:

- Objeto de Regulación: la actual Ley de Radiodifusión plantea únicamente la regulación de los servicios abiertos, es decir la radio y la TV, y de los sistemas complementarios más antiguos, tales como las Antenas Comunitarias.

Resulta totalmente reducido en su contemplación de los objetos de regulación y, a su vez, obsoleta debido a que considera a las radios FM como “Nuevas Tecnologías”, sin contemplar los avances tecnológicos de los últimos años.

En este sentido, el proyecto actual otorga un marco legal a todos los Servicios de Comunicación Audiovisual independientemente del medio de transmisión que utilicen. La inclusión de las nuevas tecnologías incentivará la protección del pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.

- Libertad de Expresión: De acuerdo a los paradigmas vigentes durante la creación de la Ley de Radiodifusión en tiempos de dictadura militar, la libertad de expresión se encuentra limitada por las necesidades que planteaba la Doctrina de Seguridad Nacional.

Con respecto a las premisas democráticas y a los Derechos Humanos, el actual Proyecto de Ley del Comfer garantiza el derecho a la información y a la libertad de expresión como lo prevé la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- Protección al trabajo argentino y local: La vigente Ley no protege entre sus artículos a la producción nacional ni alienta a la industria cultural argentina.

En cambio, el proyecto de nueva Ley protegerá y garantizará el trabajo argentino a través de cuotas de pantalla de cine nacional y por medio de la exigencia de la presencia del 70 por ciento de producción local en las radios y del 70 por ciento en la TV.
- Medios públicos: La Ley de Radiodifusión considera sólo a ATC como empresa comercial y sólo prevé su condición subsidiaria. Además, establece que las Universidades deben ser titulares de licencias por explotación comercial de TV.

Por el contrario, el proyecto en debate plantea que las universidades podrán tener emisoras sin necesidad de establecer sociedades comerciales y propone un sistema de medios estatales con objetivos democráticos y con participación y control comunitario y social.

Esta misma participación social es contraria a la existencia de los actuales monopolios y oligopolios que comandan las comunicaciones y los grandes medios en Argentina.

2. ¿Desde cuándo existen los monopolios u oligopolios en Argentina?

Actualmente, el mundo de las comunicaciones y la información se encuentra íntimamente ligado al concepto de empresa. De esta manera, el rol y la finalidad de informar de la prensa, se sumergen en un contexto de límites difusos con el objetivo de lucrar de estos grandes holdings.

Uno de los grandes multimedios de Argentina es el Grupo Clarín, grupo económico que cuenta con medios de diferentes formas de transmisión (TV, TV por cable, diarios, radios, entre otros), a través de los que posee una gran capacidad de presión política y económica en el contexto nacional. Otro de ellos es Telefónica de Argentina. (Ver: “Una construcción hegemónica de la realidad”. APM. 16/11/2007)

Durante la década del 90 con las sucesivas presidencias de Carlos Saúl Menem, se produjo la apertura de los mercados y la privatización de empresas estatales. Entre ellas se cuentan los medios de comunicación que pasaron a estar en manos de capitales privados transnacionales.

Esta situación fue agravada luego de la modificación de la Ley de Radiodifusión a partir de la Ley de Reforma del Estado dictada en 1989. La Ley 22.285 permitió la creación de los multimedios.

3. ¿Qué tipo de regulación promueve el Proyecto de Ley para evitar la formación de oligopolios o monopolios?

El Proyecto de Ley presentado por el Comfer plantea el impedimento de la formación de monopolios y oligopolios. Con tal medida, busca promover el pluralismo en los medios y las comunicaciones en los diversos Servicios Audiovisuales.

Para ello, prevé que tanto el Estado Nacional como las provincias y os municipios tendrán asignadas frecuencias.

“Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas”, afirma el proyecto.

4. ¿Qué rol tendría el Estado con la aplicación de esta nueva Ley?

A partir de este Proyecto de Ley, el Estado debería “salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”.

Asimismo, garantizaría la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. A su vez, eso implicaría el respeto por la igualdad de género y la paridad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad en la titularidad y la gestión de los servicios de radiodifusión a través de las licencias y como público de los medios.

5. En cuanto a las licencias, ¿De qué manera serían otorgadas las mismas? ¿Serían abiertas la comunidad en su totalidad?

Las licencias serían abiertas a toda la comunidad. Toda persona de puede llegar a tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sólo con algunas restricciones que son detalladas en el cuerpo del proyecto.

Se realizaría un registro público y abierto de licencias con los datos fehacientes de los titulares de cada licencia, los cuales no podrán tener cargos oficiales nacionales, provinciales o municipales, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad ni antecedentes de violaciones a los derechos humanos.

El mismo llevará el nombre de Registro Público de Licencias y Autorizaciones.

A su vez, “Se reservará con carácter inderogable, el 33 por ciento del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etc”. Las licencias durarán 10 años y se podrán prorrogar por 10 años más, previa realización de Audiencias Públicas.

6. ¿Cuáles serían los nuevos actores del sector? ¿Se beneficiarían con la nueva ley? ¿En que situación se encuentran con la ley actual?

Esta nueva Ley plantearía el ingreso de nuevos actores: las cooperativas y los licenciatarios de servicios públicos como medios de propiedad social distinguibles de las sociedades comerciales. Ambos en condiciones de libre apertura del mercado con el objetivo de evitar la creación de monopolios.

Todo aquel que preste servicios públicos se constituiría como un actor importante en el área de las comunicaciones audiovisuales, ampliando el espectro reducido de la vigente Ley generado a partir de la monopolización de los medios y de las restricciones a las libertades de expresión.

A su vez, este proyecto daría un lugar relevante a la industria del cine nacional y contemplaría a las personas discapacitadas con medidas progresivas para que puedan tener un mayor acceso a la programación. Ambos sectores no se encuentran insertos en la vigente Ley.

Tras estas claves para entender y analizar de manera más completa y profunda el Proyecto de Ley presentado por el Comfer, queda en sus manos -lector/a- continuar con el debate propuesto y generar aportes tendientes a la culminación del proyecto y la posterior presentación ante el Honorable Congreso de la Nación. (Ver: “Omisiones para anular el debate social”. APM. 27/07/2008)

Es primordial participar de la construcción de una nueva Ley de Medios acorde a las premisas democráticas, que permita romper finalmente con los esquemas impuestos durante la última dictadura militar que aún coexisten en la sociedad argentina.

Algunos datos a tener en cuenta: Desde el lunes 30 de marzo se realizan los Foros Participativos de Consulta Pública para debatir la propuesta del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La ciudad donde se realizó el primer Foro fue en Resistencia, Chaco. Y desde ese día el encuentro pasará por las ciudades más importantes del país.

Igualmente, para que toda la comunidad participe de este debate, se puede mandar propuestas (una vez leído el proyecto) a la siguiente dirección: proyectodeley@comfer.gov.ar

Para mayor información visitar el portal electrónico del Comfer: www.comfer.gov.ar

megarciasimone@prensamercosur.com.ar
APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.