Los pueblos tienen derecho a defender sus territorios y la vida
Solidaridad con la Movilización Nacional del martes 20 de enero

Los Pueblos Indígenas ecuatorianos, con el conjunto del movimiento social, están ejerciendo su derecho a decidir sobre su futuro, frente a la pretensión del gobierno de Rafael Correa de imponer una Ley Minera que vulnera la nueva Constitución de ese Estado, la soberanía nacional, los derechos territoriales y ambientales, y solo favorece a las transnacionales.

Como parte de esta resistencia, la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI, ha convocado a una Movilización Nacional en defensa del agua, la tierra, la soberanía alimentaria y por la vida, para el martes 20 de enero. Y veinte personas se han declarado en huelga de hambre desde el lunes 12 frente a la sede del Congreso.

Llama la atención que un gobierno que habla de "revolución ciudadana" y se pronuncia contra el pago de la deuda externa, borre con la mano derecha lo que hace con la izquierda, promoviendo una ley que vulnera principios básicos de su Constitución. Y además reprimiendo a las comunidades que demandan ejercer su derecho a la consulta, reconocido nacional e internacionalmente.

Este no es un hecho aislado. Los pueblos y comunidades de la región andina sufrimos las consecuencias de la gran explotación minera llevada a cabo por las multinacionales, la cual produce inmensos daños al medio ambiente, agota y envenena las fuentes de agua, destruye los suelos, contamina el aire, degrada la biodiversidad, desplaza comunidades, e impide garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria.

Los gobiernos entregan los bienes naturales, como los minerales, a la voracidad de estas empresas sin exigirles condiciones ambientales, laborales, tributarias o en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y esta minería no representa ingresos significativos para los Estados.

La agresión minera va acompañada de reformas legislativas regresivas, desmonte de derechos,  criminalización, paramilitarismo y violencia política de diverso origen, y asesinatos y persecución a miles de líderes populares que defienden el derecho a la vida.

La minería, además, es una pieza clave de la dominación impuesta a través de la globalización neoliberal, que pretende profundizar con el libre comercio (TLC con Estados Unidos, Canadá y AELC, Acuerdo de Asociación con la Unión Europea), megaproyectos (IIRSA, Plan Puebla Panamá) y los Tratados Bilaterales de Inversión, agrocombustibles, transgénicos, un modelo económico exportador, extractivo, que abandona la posibilidad de la soberanía alimentaria, el desarrollo sustentable y la autodeterminación de los pueblos y sus alternativas de Buen Vivir en armonía con la Naturaleza.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, rechaza la pretendida imposición de una Ley Minera en Ecuador, se solidariza con la Movilización Nacional convocada por ECUARUNARI y hace responsable al gobierno de ese país por la vida y la salud de las personas en huelga de hambre. Asimismo, llama a sus organizaciones a pronunciarse activamente en solidaridad con la lucha de los pueblos indígenas y el movimiento social ecuatorianos.

Lima, 15 de enero de 2009

Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina