El afán entreguista del régimen aprista de Alan García Pérez no tiene límites, no es el gobierno de un Estado soberano sino un simple amanuense de las multinacionales y los países poderosos. Como tal, persigue, tortura y encarcela a los dirigentes del pueblo que ejercen su derecho a la protesta, cuando se imponen proyectos extractivos (principalmente minería y petróleo) y normas inconstitucionales para "adecuar" nuestra legislación a los tratados de libre comercio (TLC).

Los pueblos y sus organizaciones no se quedan callados frente a estas agresiones. El día de hoy se hace efectivo un Paro Agrario convocado por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, JNUDRP, por la derogatoria del Decreto Legislativo 1081, que busca privatizar la gestión del agua y forma parte del paquete de normas emitido para implementar el TLC con Estados Unidos.

Este paro se da a los pocos días de hacerse públicas las imágenes que evidencian las torturas a las que fueron sometidos 29 comuneros (27 hombres y dos mujeres) de Ayabaca y Huancabamba, donde se ubica el proyecto minero Río Blanco, por efectivos de la Policía y personal de seguridad de Minera Majaz en el campamento de esta empresa en el año 2005.

También en estos días se ha evidenciado la incursión de la empresa petrolera brasilera Petrobrás y Pluspetrol en las Reservas Murunahua y Kugapakori-Nahua, donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario, hecho que ha pretendido ser negado por el Ministro del Ambiente Antonio Brack.

Frente a estos hechos, el Movimiento Cumbre de los Pueblos, expresa:

Su solidaridad con el Paro Agrario, exigiendo la derogatoria de todo el paquete legislativo del TLC. Dos normas fueron derogadas debido al levantamiento de los pueblos indígenas amazónicos en agosto pasado, y el mismo camino seguiremos hasta lograr la derogatoria de los 98 restantes.
Su repudio a la criminal tortura perpetrada contra comuneros. No podemos permitir que nuestra Policía sea reducida a la condición de mercenaria de una empresa privada. Exigimos sanción a los responsables y reparación a las víctimas.
Su rechazo a la violación de territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la cual vulnera la legislación nacional sobre reservas naturales y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU.

Lima, 15 de enero de 2009.

Movimiento Cumbre de los Pueblos