En la madrugada de hoy 16 de diciembre, el comunero Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Indígena del Cauca fue vilmente asesinado por el ejército nacional, quienes dispararon contra la camioneta del CRIC, destinada para la movilización de la líder indígena, Aída Quilcué, según denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Aunque la Consejera Mayor, Aída Quilcué no iba dentro del vehículo en el momento del atentado, afirmó que “el atentado era para mí.

El hecho ocurrió “a eso de las cuatro de la madrugada en un punto estrecho de la vereda San Miguel, corregimiento de Gabriel López, Municipio de Totoró - Cauca, cuando el personal médico que apoyó una brigada en el municipio de Inzá – Tierra dentro, regresaba a Popayán. El comunero Legarda estuvo en estado critico en el Hospital San José de Popayán, por tres impactos de bala, uno de los cuales impactó en la parte derecha del pecho”, así lo indicaron autoridades indígenas y la coordinación de comunicaciones del CRIC. A pesar de estar herido y la espesa neblina del sector (porque es zona de páramo), el comunero condujo la camioneta por más de 10 kilómetros, quienes fueron auxiliados por otros comuneros del área de salud hasta llevarlo inicialmente al hospital local de Totoró y al ver la gravedad de las heridas inmediatamente lo remitieron al Hospital de la capital del Cauca, donde murió sin ser intervenido quirurgicamente.

Precisaron a su vez, “que pese a que fueron atacados por ambos lados, y de frente, no como dice el comandante del ejercito nacional, que acepta que fueron miembros de la fuerza pública que dispararon al no aceptar la orden de pare; en el atentado sólo resultó herido de gravedad el comunero Legarda, quien venía conduciendo la camioneta, a traer a los médicos y a recoger a la consejería del CRIC, así como a su esposa la Consejera Mayor quien regresó a penas ayer desde Suiza, después de representar a la ONIC ante la asamblea de evaluación de Colombia en el marco de la conmemoración de los 60 años de la ONU”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia considera este hecho “premeditado debido a que ayer regresó la Consejera Mayor del CRIC de reafirmar las denuncias del exterminio que sufren los Pueblos Indígenas de Colombia, ratificadas en el Tribunal Permanente de Pueblos y en la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular; y por otro lado porque hoy se daba inicio la Junta Directiva del CRIC en el resguardo de la Meza de Togaima, municipio de Páez – Belalcazar; además porque los vehículos asignados a Aída, a Lucho Acosta y Rodrigo Quirá (coordinador y co-equipero de la guardia Indígena respectivamente) son vehículos que son protegidos por ministerio del Interior y de Justicia, por lo tanto son reconocidos por los miembros del estado. Atentado que deploramos y exigimos que el Estado y el gobierno de la `seguridad democrática` se pronuncie y responda con celeridad como lo hace con todo aquello que atenta contra la integridad de otros y del país”, así lo ratificó Luís Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC.

La Organización Indígena de Antioquia reconoce el liderazgo de Aída Quilcué y apoya las denuncias que ha venido realizando y su gestión en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por eso rechazamos este atentado que significa una agresión contra todo el movimiento indígena colombiano.

A nuestra líder Aída Quilcué y su familia y a nuestros hermanos y hermanas del Departamento del Cauca, expresamos nuestro apoyo moral y político en este momento de dolor y los alentamos a continuar con la Minga por la Resistencia y la Vida.

La Consejera Mayor del CRIC, Aída Quilcué fue una las líderes de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular y durante el desarrollo de esta protesta social, recibió señalamientos públicos de la cúpula del Ejército Nacional, publicando por los noticieros nacionales y otros medios masivos de comunicación, supuestas grabaciones de conversaciones telefónicas de Aída y otros líderes de la Minga con los “grupos terroristas” que estaban participando en la Minga. Estos señalamientos fueron y serán difamaciones con el propósito de desprestigiar la legítima protesta social de los pueblos indígenas que quieren mostrar al mundo el incumplimiento de acuerdos y la negación de nuestros derechos por parte del Gobierno Nacional, representado por el Presidente Alvaro Uribe Vélez.

Estos señalamientos, ni las amenazas que vía Internet han llegado a varios dirigentes de nuestras organizaciones, no nos callarán, por eso, en una sola voz denunciamos esta grave violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos.

Exigimos al señor Presidente de la República, abanderado de la Seguridad Democrática, como único responsable de este asesinato, que responda ante los organismos internacionales de derechos humanos por este hecho que enluta al movimiento indígena colombiano.

CONSEJO DE GOBIERNO INDIGENA
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE ANTIOQUIA

ANTE EL FUSIL LA PALABRA.

Medellín, martes, 16 de diciembre del 2008