CONTEXTO

Tal y como lo han denunciado los pueblos indígenas de Colombia y las organizaciones sociales, populares y de defensa de los derechos humanos, nuestro país vive actualmente una profunda crisis por la violación sistemática de derechos fundamentales y garantías sociales siendo responsable de estas violaciones el estado en un porcentaje mayoritario. Esta situación no sólo se da por los miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, etc, sino porque el estado implementa medidas inconsultas que limitan o desconocen derechos reconocidos en la Constitución Política.

En el caso de los pueblos indígenas se materializa en una política estatal que fomenta el etnocidio y el racismo a través de modelos educativos aculturizadores, sistemas de salud excluyentes, despojo de los territorios ancestrales, desconocimiento de las autoridades indígenas, entrega de los recursos naturales a las multinacionales y crímenes de lesa humanidad, entre otros. Para sostener esta política de exterminio social, el estado ha implementado la política de seguridad democrática cuya columna vertebral es la fuerza pública como mecanismo represivo que le permite mantener los modelos económicos, estructurados en contra de los intereses de las mayorías, (indígenas, campesinos, trabajadores, afros, etc,) y en beneficio de los grandes capitales y las clases sociales dominantes.

En la persistencia del actual gobierno por sostener y multiplicar esos capitales nacionales e internacionales, ha implementado tres lineamientos que socavan de manera directa los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales, estos son: la negociación del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos, los proyectos de reforma constitucional y la política de «seguridad democrática». Siendo esta ultima a razón por la cual se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, muestra clara son las miles de ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas por judicializaciones ilegales, llamadas las dos anteriores falsos positivos que son fruto del pago de recompensas y obtención de prebendas que da la seguridad democrática tanto a los miembros de la fuerza pública como a los supuestos informantes; también ante la necesidad que tiene el Estado de mostrar RESULTADOS ante los países que financian la guerra en Colombia; la implementación de las familias guardabosques, red de cooperantes, soldados campesinos que tienen como fin involucrar a la sociedad civil en una guerra que no aceptamos, no compartimos, no apoyamos ni queremos vivir o la criminalización de la protesta social como se hizo en el caso de los corteros de caña, la minga de resistencia social en La maría o la declaratoria de conmoción interior para reprimir el paro judicial.

Entre relación con los proyectos de reforma constitucional que menguan los derechos humanos, podemos citar dos proyectos de acto legislativo (en diferentes versiones) que presentó el gobierno de Uribe, que representan una amenaza a la base y el ejercicio de los derechos fundamentales conquistados en la Constitución de 1991. Por una parte el proyecto de Acto Legislativo 03 de 2003, denominado «reforma estructural», que desconoce la existencia de territorios indígenas y deja sólo la posibilidad de creación de entidades territoriales indígenas contraviniendo la Constitución Política y la posesión territorial milenaria y autónoma de los pueblos indígenas en Colombia.

Por otra parte, con la llamada reforma judicial que busca cambiar también la Constitución, el gobierno quiso derribar e invertir el sentido de la acción de tutela, inutilizándola para la protección de los derechos colectivos, económicos, sociales, culturales y ambientales, a la vez que busca que todos los derechos fundamentales queden subordinados a los Planes de Desarrollo y las leyes de presupuesto; desconociendo que la acción de tutela ha servido durante los últimos 14 años como instrumento clave para la protección efectiva de de los derechos de los pueblos indígenas, los individuos, las organizaciones sociales y populares.

POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA, CIFRAS DE LA VIOLENCIA E IMPUNIDAD.

Bajo la administración del Presidente Uribe Vélez se ha implementado la llamada “política de seguridad democrática”, la cual es presentada como una política de derechos humanos , y que parte de la base de la existencia de un enemigo interno colectivo del cual se considera hacen parte no solo las organizaciones insurgentes, sino adicionalmente las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, cívicas, sindicales, de derechos humanos y políticas de oposición a quienes de manera general se les asume y estigmatiza como “auxiliadores” de las guerrillas, lo que ha llevado a la detención masiva y arbitraria de miles de personas y la criminalización de amplios sectores populares que se han movilizado en defensa de sus derechos y que han sido acusados por el alto Gobierno de “ terroristas”.

Así, la “política de seguridad democrática” ha profundizado las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, las cuales siguen siendo masivas y sistemáticas:

Para los indígenas las cuentas están claras. En el período de gobierno de Álvaro Uribe, han sido asesinados 1244 indígenas de los diferentes pueblos, incluidos los tres asesinados por la policía nacional en la María Piendamó y Villarica Cauca en desarrollo de la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, constituyéndose esta práctica en un genocidio.

“Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate por causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 1.314 eran mujeres y 719 niños y niñas y la desaparición forzada de por lo menos 1.477 personas.

En los casos donde se conoce el presunto autor se establece la responsabilidad del Estado Colombiano en un 75,4% de los casos, por perpetración directa de agentes estatales, el 17,53% (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 57,87% (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59% de los casos (1.980 víctimas).

Igualmente, en lo corrido del 2008, mas de 41 sindicalistas han sido asesinados, convirtiéndose Colombia en el país de todo el hemisferio con mas sindicalistas asesinados en el último año.

Más de 270.675 personas se vieron forzadas a abandonar sus lugares de origen, lo que indica que en promedio 1.503 personas fueron desplazadas cada día . Este delito afecta con mayor gravedad a las poblaciones campesinas, afrocolombianas, los pueblos indígenas y los niños y niñas.

Se destaca el incremento de las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, entre julio de 2002 y diciembre de 2007 se registraron por lo menos 1.122 ejecuciones. Efectivamente en los últimos meses los medios de comunicación han informado sobre decenas de casos de jóvenes de sectores marginados reclutados y luego desaparecidos en varias regiones del país. A los pocos días de haber desaparecido, son reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública a centenares de kilómetros de su lugar de origen y enterrados allí como N.N. En lo corrido del 2008, se han registrado más de 102 asesinatos, lo que refleja la vulnerabilidad de los jóvenes de los barrios marginales.

El 30 de octubre de 2006, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos PARA PUEBLOS INDIGENAS, 1940 casos relacionados con homicidios, secuestros, detenciones arbitrarias, y desapariciones forzadas sobre comuneros indígenas, para que la fiscalía general de la nación realizara las investigaciones pertinentes, El 1º de noviembre del mismo año la Fiscalia solo informó sobre 100 casos y precisó que la mayoría de ellos habían precluido por falta de pruebas , evidenciándose la impunidad.

Nuestros territorios se han convertido en territorios de guerra, pues antes de las fumigaciones, aviones de la Fuerza Aérea colombiana, pasan bombardeando, y luego las fumigaciones, la presencia de los grupos armados y la presión del ejército colombiano y tropas y asesores norte americanos han ocasionando el desplazamiento y abandono del territorio por parte de nuestras familias.

No desmantelamiento del paramilitarismo e impunidad:

Las estructuras paramilitares no ha sido desmanteladas y muchas de sus estructuras políticas, sociales y económicas permanecen intactas. Base de datos de la Policía Nacional, el Instituto Indepaz estiman que a agosto de 2007 por lo menos 9.000 paramilitares armados hacen parte de 76 grupos y siguen operando en 25 departamentos del país .

Otro aspecto son los altos niveles de impunidad. Efectivamente, se ha aplicado un marco jurídico, con el primero se hizo la desmovilización del grueso de las estructuras paramilitares y presuntamente se habrían desmovilizado un total de 35.288 paramilitares de los cuales el 90,1% (28.544), fueron beneficiados con una amnistía de facto bajo el argumento de que no tenían investigaciones o condenas en su contra por delitos “graves”.

El segundo marco normativo compuesto por la llamada ley de “Justicia y paz” y sus decretos reglamentarios, se aplicaría a los responsables de graves crímenes de lesa humanidad. El Gobierno postulo a 3.284 paramilitares, de los cuales solo 245 ratificaron su interés por continuar en esos trámites, y de estos se encuentran privados de la libertad apenas 55 y 15 de ello fueron extraditados a los Estados Unidos , para que respondan por cargos de narcotráfico.

Lo anterior revela que sólo un 0.69% de los paramilitares desmovilizados, están siendo procesados bajo los trámites de Justicia y Paz, y el resto se encuentra gozando de la impunidad que se deriva de los marcos jurídicos antes indicados .

A la fecha y de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han develado elementos importantes de verdad que muestran los vínculos de mas 113 congresistas y ex congresistas con la estrategia paramilitar, la mayoría pertenecientes a la coalición del partido de Gobierno.

Tampoco ha habido voluntad de reparar a las víctimas, pese a cifras que revelan que entre 4.5 y 6 millones de hectáreas se encuentran en poder de paramilitares y narcotraficantes, hasta la fecha solo han entregado 6 mil hectáreas, lo que revela la falta de voluntad de estos paramilitares para reparar a las víctimas de sus crímenes.

Ante este fracaso, el Gobierno expidió en el mes de abril un decreto de reparación administrativa (Decreto 1290), con el que se pretende indemnizar a victimas individuales, de “organizaciones armadas al margen de la ley”, con unos montos irrisorios y deja por fuera a las víctimas de crímenes de estado, oculta la responsabilidad histórica que tiene el Estado en la creación, fomento y desarrollo del paramilitarismo y se desconoce normas internacionales que obligan al Estado a reparar a las víctimas por violaciones a los DH y DIH.

Amenazas Los pueblos indígenas y sus organizaciones han recibido en los últimos 7 años un promedio de 135.788 amenazas. De manera específica, en el marco de esta Minga se han recibido amenazas que vinculan a las organizaciones y sus líderes con el terrorismo. Observamos, que estas amenazas, los señalamientos y la vinculación al terrorismo que hacen los grupos armados a los pueblos indígenas son el resultado de las imputaciones directas, publicas e responsables realizadas por altos funcionarios del Gobierno colombiano, a las justas reivindicaciones de los pueblos indígenas y a otras organizaciones de derechos humanos, las cuales ponen en riesgo la vida y la integridad física de los indígenas, y de los defensores y defensoras de derechos humanos.

• DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

El Gobierno Colombiano se abstuvo de aprobar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, lo que pone de presente las intenciones de este gobierno respecto de los grupos indígenas del País y se constituye en la más clara muestra de su política anti indigenista. De esta manera afecta gravemente nuestros derechos ancestrales, a la Autodeterminación, a la autonomía y a la propiedad del territorio y los recursos naturales.

Para oponerse a su firma, el gobierno adujo entre otros que, bajo la Ley Colombiana, el derecho de consulta indígena no es absoluto. Alega, que el enfoque de esta Declaración frente al consentimiento previo es distinto, y podría equivaler a un posible veto en la explotación de recursos naturales que se encuentren en territorios indígenas, en ausencia de un acuerdo, lo que podría frenar procesos que son de interés general, que en la práctica son el interés de las multinacionales que explotan recursos naturales, muchas de ellas comprometidas con grupos paramilitares en Colombia y otras regiones del mundo. Según el Gobierno, muchos Estados, incluido Colombia, consagra constitucionalmente que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado para conservar y garantizar su utilidad pública en beneficio de toda la Nación.

En relación con la presencia militar, señala que la Fuerza Publica está en la obligación de hacer presencia en cualquier lugar del territorio nacional para brindar y garantizar a todos los habitantes la protección y respeto a su vida, honra y bienes tanto individuales como colectivos.

Con esta posición, el Gobierno colombiano contradice los derechos históricos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución de Colombia. Además, está desconociendo la política conjunta de los países del mundo e incumpliendo compromisos y derecho adquiridos

Cabe señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, fue decidida por la mayoría de los países miembros de la ONU y los derechos allí consagrados se constituyen en el estándar mínimo en materia de cumplimiento de derechos humanos para los indígenas. Esta misma doctrina y jurisprudencia internacional orienta que ante una incompatibilidad de las legislaciones internas de los estados y las declaraciones o tratados sobre derechos humanos, debe estos estados modificar sus normas internas de tal forma que puedan acoger de manera integral las declaraciones internacionales, es entonces esta la vía trazada por el derecho internacional y no la planteada por el gobierno nacional.

Pero este no es el único marco jurídico internacional que este gobierno desconoce, pues a pesar de haber firmado istóricamente convenios sobre derechos humanos, los vulnera de manera permanente con las acciones ya denunicadas, especialmente no se respeta los convenios sobre genocidio de sectores sociales, entre otros la Convención Internacional sobre Genocidio, concebida entre los años de 1946-1948, y aprobada por la Asamblea General de la ONU durante el Periodo de Sesiones de diciembre del 48, estableció que “debe entenderse como genocidio la muerte u otros actos de destrucción de miembros de grupos… nacionales, étnicos, sociales o religiosos”.

Las normas sobre derechos humanos en Colombia, a pesar sus limitaciones, incluyen el genocidio político. Sin embargo, aunque aparece escrito en nuestra legislación, lo cierto es que se conservan muy bien guardadas en la caja fuerte del perdón y el olvido, y frente a ello la inmensa e histórica montaña de la impunidad.

Exigencias

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

a. Que el gobierno de Colombia acoja, sin reservas la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, así mismo y de manera concertada con las autoridades indígenas, se implemente una política pública para pueblos indígenas que garantice sus derechos fundamentales como individuos y como pueblos, en especial el derecho al territorio, la autonomía, salud propia, educación propia, medio ambiente, la paz etc.

b. Que el estado suspenda de manera inmediata la violación de derechos humanos en el país, esto disminuye en un 50% la violación de derechos en Colombia que según las estadísticas son cometidos por agentes del estado.

c. Desmonte de la política de seguridad democrática y adopción de medidas que permitan una salida política al conflicto social y armado que vive el país.

d. Concertación e implementación de medidas cautelares y de protección autónomas y concertadas para pueblos indígenas y organizaciones sociales.

e. La desmilitarización total de los resguardos y territorios indígenas.

f. Que se adopte un plan de emergencia para la atención integral de los 18 pueblos indígenas en vía de extinción.

g. Concertar con los Pueblos indígenas y organizaciones sociales una política especial de reparación integral y colectiva a las víctimas de la violencia que incluya la visión cultural y ancestral.

h. Declaratoria de emergencia social, económica y cultural de los Pueblos Indígenas en Colombia.

i. Desmonte total del Estatuto de Victimas.

j. Cese inmediato de las actividades de fumigación en todo el territorio colombiano.

2. Investigación a las multinacionales que están comprometidos con financiamiento de grupos paramilitares.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA – ONIC.