Preámbulo

Representantes de más de 250 organizaciones de la sociedad civil y de  redes de distintas regiones del mundo, nos hemos reunido del 25 al 27 de noviembre de 2008, con carácter previo a la celebración de la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en Doha, Qatar, bajo el  lema de “Invertir en  el desarrollo centrado en las personas”. Hemos revisado la puesta en marcha del Consenso de Monterrey, hemos discutido en torno a los nuevos retos emergentes y debatido las  posibilidades existentes respecto a la incorporación de nuevos mecanismos innovadores  para la financiación del desarrollo. Monterrey emergió de la crisis financiera de Asia y América Latina de los 90’. Pero también estuvo motivado por la percepción de una crisis en el desarrollo: surgió de la necesidad de analizar la caída del volumen de  recursos necesarios para cumplir los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados,  incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el fin de reducir a la mitad el numero de personas que viven en la pobreza extrema en el 2015, mejorar las condiciones sociales de las personas como la  salud y la educación, el empleo, la elevación de las condiciones de vida, el apoyo a la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres y  la protección  del  el medio ambiente.

Hoy, el mundo esta inmerso en la urgencia de una serie de crisis: energética, alimentaría, climática y financiera, que no solo amenazan el cumplimiento de los ODM y la vida de cientos de millones de personas, en el Norte y Sur,  sino también la estabilidad de las economías del mundo. Los gobiernos del Norte y el sistema financiero son responsables de las actuales crisis, pero los costes e impactos van a recaer sobre el mundo entero, y en particular, sobre los países más pobres. De acuerdo a la Organización de Alimentación y Agricultura cada ano se requiere  150.000 millones de USD para erradicar la pobreza. Las negociaciones comerciales han llegado a un punto muerto. La persistencia de la desigualdad de género es  reflejo y tiene relación con todos estos desequilibrios estructurales del sistema económico global; de ahí que  sea  tan  urgente incorporar la perspectiva de género en todas las políticas, a todos los niveles y en todos los sectores. Además  la mayoría de países del Norte no están cumpliendo con sus compromisos sobre  ayuda al desarrollo. Para superar estas crisis es necesaria la acción decisiva y el liderazgo de la comunidad internacional. Sin embargo, hasta ahora el liderazgo ha brillado por su ausencia.

Aparte de los efectos dramáticos de la actual crisis sistémica, en los últimos años el mundo ha sido testigo de una creciente transferencia  global de capitales del Sur hacia el Norte. El flujo de capitales ilícitos del Sur hacia el Norte significa una cantidad aproximada de entre 500.000 y 800.000 millones de dólares, según estimaciones  conservadoras. El mayor componente del flujo ilegal de capitales proviene de la evasión fiscal de empresas transnacionales que operan en los países del Sur,  que se realiza a través de los paraísos fiscales. Más aún, los países del Sur continúan transfiriendo  la mayor parte de sus recursos hacia el Norte  mediante el pago de servicio de la deuda y de las exportaciones. Además si se tienen en cuenta todos los mecanismos financieros, existe una transferencia neta de cientos de miles de millones de dólares anuales del Sur hacia el Norte. El resultado es un  escandaloso “flujo a la inversa del bienestar”,  ya que los países mas pobres están financiando a los mas ricos.

La rápida y masiva respuesta de los gobiernos de los países más ricos para rescatar económicamente, con más de tres trillones de dólares en garantías y fondos públicos, a los bancos e instituciones financieras privadas, contrasta con  su incapacidad para responder a la crisis de pobreza y  de exclusión que aflige a la mayoría de los habitantes del planeta. Según el Banco Mundial, para reducir en 2/3 la mortalidad infantil en los países más pobres, serian necesarios entre 20.000 y 25.000 millones de dólares adicionales al ano. La Organización Internacional del Trabajo estima que la actual crisis repercutirá en la pérdida de 20 millones de empleos para finales del 2009; otros 100 millones de personas se verán  empujados hacia la economía informal. Cada minuto muere una mujer por complicaciones en el embarazo o en el parto: se necesitan más recursos para luchar contra las altas tasas de mortalidad materna. Para garantizar que todos los niños y niñas del mundo reciban educación primaria, serian necesarios entre 10.000 y 30.000 millones de dólares anuales. Hasta ahora, la comunidad internacional se ha mostrado incapaz de generar dichos fondos, que representan únicamente una pequeña fracción de las enormes cantidades  que han sido destinadas a salvar las mismas  instituciones financieras que han conducido a la injusticia y la inestabilidad. Además, doce anos de iniciativas para el alivio de la deuda han generado poco más de 100.000 millones de dólares en deuda cancelada. La población trabajadora, sobretodo las mujeres, está siendo forzada a pagar la factura de un sistema basado en la concentración de la riqueza y el control del poder económico en manos de unos pocos, mientras se agrava el empobrecimiento de la mayoría. Los compromisos adoptados  por el grupo de 20 gobiernos reunidos en Washington hace dos semanas para fortalecer la regulación y el control del sistema financiero no serán suficientes.

Nos preocupa profundamente que estos gobiernos otorguen un papel central al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial y  a la OMC. Estas instituciones, en los últimos 30 años,  han forzado la liberalización de los mercados y los flujos de capital, erosionando el espacio de las políticas nacionales y violando la soberanía nacional. Estas instituciones están entre los principales responsables de la situación actual y carecen de la legitimidad y credibilidad necesarias para impulsar la reforma del sistema financiero internacional, y menos aun para iniciar un proceso de reforma interno. La liberalización del comercio, en la forma propuesta bajo la Ronda de Doha, ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de los países en desarrollo en áreas importantes. Y ello incluye el desempleo, el deterioro de las condiciones y derechos de la población trabajadora, la  imposibilidad de acceder a servicios públicos básicos y la amenaza para la soberanía alimentaría.

Exigimos estructuras económicas globales y políticas que antepongan primero los derechos de las personas y la justicia social y medioambiental, que garanticen oportunidades de trabajo decente basados en oportunidades de empleo, el respeto a los derechos laborales, la  protección social, la igualdad de genero, el diálogo social, medios de vida sostenibles, servicios esenciales como la sanidad, la educación, la vivienda, el acceso al agua y las energías limpias. Los pueblos deben tener un mayor control sobre los recursos y las decisiones que afectan a  sus vidas.

Observamos que, en lugar de comprometerse en torno a un debate amplio y de alto nivel sobre la financiación al desarrollo, la mayoría de los países del Norte no están enviando a sus Jefes de Estado, siendo la ausencia de autoridades del FMI y BM en esta Conferencia una muestra  evidente de su desacuerdo con un discurso de desarrollo incluyente.

Cuestiones globales

Inversión Extranjera Directa (IED)

La IED en su formato actual, ha fracasado al no dirigirse hacia las  dimensiones sociales del desarrollo y al incremento de la transferencia de tecnología de los países del Norte hacia los países del Sur. En este sentido, se deben realizar esfuerzos para incorporar un enfoque holístico de la  IED que incluya, entre otros, los aspectos del desarrollo social,  la transferencia sostenible de tecnología y la eliminación de los  paraísos fiscales que niegan a los países del Sur los recursos financieros que necesitan para su desarrollo. La historia de la IED ha mostrado que su intervención en los recursos naturales ha sido dañina. Como tal, la inversión en recursos naturales debe respetar la soberanía nacional, el medio ambiente y garantizar el derecho a  que primero se obtenga el consentimiento de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas. La  financiación internacional para el Desarrollo (FDI) debe sustentarse en sistemas de producción social y ambientalmente sostenibles y alinear sus actuaciones con las economías nacionales y locales.

Con el fin de asegurar la responsabilidad empresarial, deben ponerse en marcha  adecuados marcos de regulación  que incluyan la Declaración de la OIT sobre Empresas Multinacionales y de política social.  Asimismo deben establecerse medidas de carácter internacional con el fin de que las actividades empresariales estén alineadas con el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y de  los derechos laborales, en especial en todas aquellas áreas que se refieren al deber  del Estado en  la protección y promoción de los derechos humanos, a la responsabilidad empresarial  referida al respeto  y cumplimiento de los derechos humanos y la necesidad de  asegurar el resarcimiento de las victimas  incluyendo los mecanismos judiciales correspondientes. 

La  financiación bilateral y los acuerdos de libre comercio deberán ser discutidos entre los actores relevantes, principalmente los representantes parlamentarios y la sociedad civil, asegurando el empoderamiento y la apropiación  democráticas. Aquellos acuerdos que no promuevan el desarrollo y el trabajo decente deberán ser  cancelados o no serán  acordados.

La senda para mejorar la productividad y competitividad, particularmente mediante la externalización, subcontratación y  las cadenas de valor, no debe ser alcanzada a costa de afectar a los derechos de la población trabajadora; las condiciones de trabajo y de salarios, sino que debe sustentarse en los aspectos sociales y ambientales del desarrollo sostenible.

Los instrumentos de comercio internacional que han sido propuestos, como los créditos a la exportación y las garantías de inversión, deben ser aplicados bajo la condición del cumplimiento, por parte de las empresas transnacionales, de los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos, asegurando criterios de transparencia. Los gobiernos deben hacer simultáneamente uso de ellos para apoyar activamente la transferencia de tecnología hacia las regiones del Sur estructuralmente débiles y hacia las áreas que merecen  mayor apoyo desde el punto de vista del desarrollo, como  pueden ser las  abordan las consecuencias del cambio climático. Resulta además necesario establecer una regulación eficaz sobre  los flujos de capital y el uso de la FDI para  apoyar los objetivos de desarrollo, asegurando asimismo que la FDI cree empleos decentes y una adecuada  formación de capacidades.

Movilización de recursos nacionales

Con el fin de alcanzar los objetivos del desarrollo y superar la dependencia de préstamos externos, sea de donde provengan: de Gobiernos, bancos o Instituciones Financieras Internacionales, los países del Sur necesitan aumentar sustancialmente sus ingresos a partir de sus propios recursos y canalizar estos recursos hacia las necesidades de la gente que malvive en la pobreza. El Consenso de Monterrey puso de manifiesto la  esencial importancia  movilizar los recursos,  tanto públicos como privados,   para la inversión productiva sostenible y el incremento de las capacidades humanas. Las herramientas de política nacional que deben informar este proceso, incluyen la reforma fiscal así como los instrumentos de política financiera y monetaria que moderen  las oscilaciones del ciclo económico y protejan  de los impactos negativos correspondientes, a los sectores económicos en riesgo y a  las poblaciones.

Resulta crucial que se produzca una mayor asignación de recursos nacionales orientados a la igualdad de género con el fin de alcanzar el ODM3; así como  identificar el compromiso de cada país con el objetivo de igualdad de género a través de la inversión de sus propios recursos. La planificación nacional del desarrollo necesita priorizar la participación  activa de las mujeres, teniendo en cuenta sus preocupaciones. Con dicha finalidad,  tanto las organizaciones de mujeres a nivel nacional, las organizaciones de la juventud y las organizaciones de la sociedad civil,  y en especial las organizaciones de base, deberán ser incluidas en el proceso de planificación, programación, gestión, monitoreo y evaluación de los planes de desarrollo nacional, incluyendo asimismo  el apoyo de los países del Norte, bajo los principios de apropiación democrática nacional y mutua responsabilidad. Pedimos a los países signatarios de la Declaración de Abuja (2001) que realicen  todos los esfuerzos necesarios para conseguir que se asigne el 15% de los recursos nacionales a la salud, con el fin de alcanzar las metas fijadas en los  Objetivos 4, 5 y 6  de la Declaración del Milenio (ODM)

Reclamamos el reconocimiento  de un  espacio político mas amplio y sustantivo para los países en desarrollo y el resto de actores, con el fin de que dispongan de   mayor libertad para desarrollar sus políticas sociales y económicas,  políticas micro y macroeconómicas que estén basadas en el desarrollo sostenible para hacer frente a las causas y a los impactos del cambio climático y de  la crisis alimentaria, incluyendo la economía informal.  Junto a las mujeres, exigimos  una  mayor atención a la población vulnerable incluyendo a las personas con discapacidad; con el fin de facilitarles el acceso y el control a los recursos y reforzar su contribución a las economías de sus propios  países en desarrollo; urgiendo a los gobiernos para que implanten sistemas  progresivos de imposición que respondan a sus actividades. Además, debe prestarse mayor atención a las economías rurales que necesitan  acceder al crédito, la información y la tecnología  de forma más amplia y equitativa,   así como a una predistribución  justa y equitativa de los activos de la tierra.

Proponemos el establecimiento de un espacio más representativo para abordar la imposición, partiendo del tra