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Asamblea Nacional 12 de octubre del 2008
Nosotros, los miembros integrantes del Movimiento Cumbre de los Pueblos, reunidos en Asamblea Nacional de los Pueblos, a 517 años de la invasión europea al Abya Yala, el 12 de octubre del 2008, en la ciudad de Lima, luego de las Cumbres Macro Regionales realizadas en la Macro Sur (Puno) y Macro Centro (Huancayo y Pasco),
 
DECLARAMOS:
 

El Estado uninacional y el modelo neoliberal en el mundo están en crisis: financiera, ambiental y alimentaria. Los enormes monstruos financieros se derrumban, el cambio climático provocado por un modelo productivo de saqueo y agresión de la naturaleza, amenaza con destruir el planeta. Mientras el hambre se multiplica, se dedican las tierras cultivables a los agrocombustibles. Y el costo de vida sube cada día más, afectando a los sectores marginados y excluidos y multiplicando los índices de pobreza en todo el país.

 

El gobierno aprista y los conocidos grupos de poder, en su afán por servir a las empresas transnacionales, profundizar el modelo neoliberal y el saqueo de los recursos naturales, emiten normas y decretos legislativos vulnerando derechos de las comunidades andinas y amazónicas, la soberanía nacional y los derechos humanos, laborales, económicos, culturales, sociales y ambientales. Los 102 decretos han sido formulados al amparo de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para implementar el TLC firmado con Estados Unidos, siendo muchos de ellos inconstitucionales y que vulneran los tratados internacionales.

 

Este servilismo a las empresas transnacionales genera la corrupción en las altas esferas del gobierno, funcionarios del Estado que entregan el país lote a lote a cambio de coimas, conocidas por los medios de comunicación, que deben ser investigadas y sancionadas, mas allá de gestos teatrales del presidente Alan García.

 

Simultáneamente la represión y criminalización de la protesta social se agudiza contra las comunidades andinas, amazónicas, los sindicatos y los movimientos sociales en su conjunto; son miles de líderes perseguidos, procesados, encarcelados e incluso asesinados. La criminalización de las justas protestas crece y los decretos legislativos inconstitucionales emitidos en julio del año pasado todavía siguen sin derogarse.

 

El repudio mayoritario del pueblo peruano, expresado en las luchas nacionales y que notoriamente se vio en el Moqueguazo y el levantamiento amazónico, está combinado con la profunda crisis gubernamental, la desigualdad entre el crecimiento económico y la economía de los pobres, y el destape de la corrupción. Esta situación de bancarrota política no será resuelta por el nuevo gabinete, el cual tampoco garantiza verdaderos cambios en la orientación de la política económica, ni el respeto por los derechos de los pueblos ni una verdadera lucha contra la corrupción.

 

El modelo económico de exportación primaria genera recursos económicos que no son distribuidos con equidad. Existen autoridades regionales y locales que solo piden mejorar la distribución de los ingresos, y cada conflicto social que se genera en las regiones termina con la instalación de mesas de diálogo que no cumplen los acuerdos; medidas que sirven para sostener el sistema, pero no para contar con reales políticas de Estado para la fiscalización, sanciones, reales ingresos por la explotación de los recursos ni una adecuada distribución de los ingresos.

 
EXIGIMOS:
 

Defensa de la soberanía de nuestros pueblos para dejar sin efecto la venta y concesión de los recursos naturales. Derogatoria del decreto legislativo 994 que busca privatizar el agua. Revisión, investigación y nulidad de todos los procesos de concesión petrolera y minera, y suspensión de toda nueva concesión.

 

Alto a la criminalización y la persecución de los dirigentes y líderes populares, y a la restricción de nuestros derechos. Derogatoria de los 102 decretos legislativos del TLC y 11 decretos legislativos de la criminalización. Defensa de los derechos de los trabajadores estatales y no a la venta de puertos y aeropuertos. Sanción para los autores de los asesinatos en el Paro Nacional Agrario de febrero y los crímenes de Ayacucho. Nos comprometemos desde nuestras organizaciones a asumir la defensa de los miles de perseguidos, procesados y detenidos.

 

Soberanía y seguridad alimentaria con los productos andinos y nacionales, agroecología: no a los alimentos y semillas transgénicos y a los agrocombustibles.

 

No a los megaproyectos de la Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA, que vulneran los derechos territoriales, sociales, económicos y ambientales de los Pueblos Andinos y Amazónicos.