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Señor:
Excmo. Presidente de la República de Bolivia:
Juan Evo Morales AIMA

Señor:
Excmo. Presidente del Honorable Congreso Nacional de la República de Bolivia:
Álvaro García Linera

Señor:
Fiscal General de la República de Bolivia
Dr. Mario Uribe Meléndrez

Señor:
Excmo.: Presidente de la Honorable Cámara Legislativa de Senadores:
Oscar Ortiz

Señor:
Excmo.: Presidente de la Honorable Cámara Legislativa de Diputados:
Edmundo Novillo

Presentes.-

Las instituciones firmantes de la presente, a tiempo de expresar nuestra profunda preocupación por la situación de violencia que se ha desatado en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Sucre, debemos denunciar ante el Estado boliviano la permanente violación de los derechos humanos de la población de estos departamentos y el total desconocimiento del estado de derecho y del orden constitucional, cuyos culpables directos son los Prefectos de Departamento: Ruben Costas, Ernesto Suarez, Mario Cossio, Leopoldo Fernandez, Sabina Cuellar y el funcionario Carlos Dabdoub juntamente a los dirigentes de los Comités Cívicos de estos departamentos: Branco Marinkovic (SC), Alberto Melgar (Beni), Ricardo Shimokawa (Beni), Reynaldo Bayar, Patricia Galarza (Tarija), Ana Melena de Suzuki (Pando), Jhon Cava (Sucre), Felipe Moza (Villamontes), Jorge Valdivieso (Yacuiba), Oscar Herrera Avalos (Guayaramerin), Mario Aguilera (Riberalta) y los principales dirigentes de las organizaciones criminales Unión Juvenil Cruceñista: David Sejas, Wilberto Zurita, Jose Luis Ayarde, de la Unión Juvenil Beniana: Jose Luis Peña y de las Uniones Juveniles de Pando, Tarija y Sucre.

A partir del día 9 de septiembre del presente, los prefectos y dirigentes cívicos señalados organizaron, ejecutaron y comandaron mediante las organizaciones delictivas paramilitares bajo sus ordenes: Unión Juvenil Cruceñista, Juventud Chuquisaqueña, Comité Cívico Juvenil de Beni, Unión Juvenil Beniana, Unión Juvenil Tarija y Unión Juvenil Pando la toma violenta de las instituciones públicas del Estado, el sabotaje terrorista a instalaciones petroleras y de telecomunicación, el ataque a medios de comunicación, el asesinato criminal a la población civil y diversos atentados contra la seguridad y la vida de dirigentes de organizaciones populares, defensores de los derechos humanos, periodistas y pobladores de estos departamentos.

Entre los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre las organizaciones criminales mencionadas han aterrorizado las principales ciudades del oriente y el sur del país, habiendo tomado y saqueado hasta el momento 42 instituciones públicas, ejecutado 2 atentados terroristas a los ductos de exportación de hidrocarburos, provocado la muerte de por lo menos 14 personas en Pando y cientos de heridos en el oriente –solo en la ciudad de Santa Cruz se han reportado 147 heridos y 85 en Tarija-, silenciado mediante la violencia varios medios de comunicación y atentado contra las oficinas de las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y las instituciones de trabajo social y defensa de los derechos humanos.

La delincuencia de los Prefectos, Cívicos y organizaciones criminales de estos departamentos ha sobrepasado todo limite el día 11 de septiembre, cuando criminales bajo las ordenes de Leopoldo Fernandez, Ana Melena de Suzuki y funcionarios de la prefectura de este departamento emboscaron y asesinaron a por lo menos a 14 personas, las organizaciones de derechos humanos del lugar han denunciado que se cometieron asesinatos de campesinos heridos que fueron trasladados hasta el hospital y que existen decenas de desaparecidos.

Similar masacre ha sido intentada en contra de los pobladores del Plan Tres Mil en la ciudad de Santa Cruz la noche del 11 de septiembre donde la Unión Juvenil Cruceñista comandada por Jose Luis Ayarde, David Sejas y Wilberto Zurita y bajo las ordenes de Branco Marinkovic y Ruben Costas busco saquear y atentar contra la vida de la población de este barrio, dejando decenas de heridos y secuestrando a varias personas que hasta el momento se encuentran desaparecidas.

Las acciones desarrolladas por los prefectos, dirigentes cívicos y dirigentes paramilitares de estos cinco departamentos, han demostrado claramente que su único objetivo es el de ejecutar un golpe de Estado separatista, desconociendo la autoridad del Estado, acabando con el orden constitucional, las mínimas libertades democráticas, y secuestrando, aterrorizando y asesinando a los pobladores de estos departamentos.

Ante esta dramática situación demandamos de las autoridades del Estado: Que el Poder Ejecutivo a la cabeza del Presidente Evo Morales Aima, asuma su responsabilidad y obligación de garantizar los derechos fundamentales y la seguridad de los pobladores -victimas de las organizaciones criminales- en estos cinco departamentos y reestablezca el Estado de Derecho, mediante los recursos legales y de seguridad reconocidos por las normas nacionales, dando cumplimiento a sus prerrogativas y deberes establecidos en la CPE y las leyes de la república.

Que el Fiscal General de la República de Bolivia: Dr. Mario Uribe Meléndrez en uso de sus atribuciones legales y constitucionales asuma su obligación de hacer cumplir las leyes de la república, realizando sin más demora la investigación de los hechos de violencia acaecidos en estos departamentos y ordenando la inmediata detención y procesamiento de los responsables directos -materiales e intelectuales- de estas acciones criminales, los cuales han sido claramente identificados y existen pruebas contundentes de su responsabilidad.

Que el Fiscal General de la Republica en cumplimiento de su obligación ordene la detención inmediata y el procesamiento de los principales cabecillas del grupo delincuencial Unión Juvenil Cruceñista: David Sejas, Wilberto Zurita y José Luis Ayarde, de la Unión Juvenil de Beni, Pando, Tarija y Sucre, el Comité Cívico Juvenil del Beni y los grupos delictivos que actúan en el resto de los departamentos, además de la detención inmediata de Leopoldo Fernández, Ana Melena de Suzuki y los funcionarios de la prefectura y la Unión Juvenil Beniana que con los responsables directos del asesinato de por lo menos 14 personas en la localidad de Porvenir en el departamento de Pando, ya que existen las pruebas suficientes para demostrar sus acciones criminales.

Que el Honorable Congreso Nacional de la República de Bolivia

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en su calidad de cabeza del Ministerio Público, la Cámara Legislativa de Senadores y la Cámara Legislativa de Diputados, a través de: la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Gobierno y la comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Poder Legislativo inicien de manera inmediata la investigación de los hechos violentos acaecidos en los cinco departamentos y procesen y sancionen a sus autores.

Alertamos que los ataques criminales de los Prefectos, Cívicos, la Unión Juvenil Cruceñista y las otras organizaciones delictivas de estos departamentos se están dirigiendo selectivamente a determinadas instituciones, organizaciones y personas que han sido identificadas por su labor en defensa de los derechos humanos y su labor de dirigencia de organizaciones sociales populares, los cuales ya han sido victimas de varios atentados y actualmente amenazados de muerte, por lo que exigimos al Gobierno Central y al Ministerio Público garantizar la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de estas personas.

Esperando que las autoridades del Estado a las que nos dirigimos cumplan con su obligación de reestablecer la ley y actúen inmediatamente para proteger y garantizar la vida de las miles de víctimas de la delincuencia desatada en estos departamentos, les recordamos que la omisión en el cumplimiento de este su deber constitucional hace a las autoridades cómplices de los crímenes perpetrados.

Finalmente deseamos expresar nuestra total solidaridad con el pueblo de Pando, Santa Cruz, Tarija, Beni, y Sucre que heroicamente resisten el terrible ataque contra la democracia y hacemos un llamado por la unidad del país.

Firmado por: Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Cochabamba
"Georgina Jimenez" <georgina.jimenez@gmail.com>