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Titular de la 5ª Fiscalía Provincial Penal de Piura dispuso abrir investigación preliminar por el delito de terrorismo a 35 ciudadanos

El Coordinador General de la Coordinadora Andina de organizaciones Indígenas, CAOI, Miguel Palacín Quispe, interpondrá Acción de Habeas Corpus contra la Resolución Fiscal que dispone abrir una Investigación Preliminar contra 35 ciudadanos por el delito de terrorismo y otros, exigiendo que tal resolución sea declarada insubsistente. El proceso está vinculado a las acciones de protesta contra la ilegal incursión de la empresa minera Majaz en territorios de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, en la región Piura.

La resolución fiscal cuestionada es una evidencia más del proceso de criminalización o judicialización de la protesta desarrollado por el Estado peruano, el cual hace intervenir el sistema penal en el tratamiento de los conflictos sociales. Para ello utiliza organizaciones fantasmas, como el "Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas" (Huancabamba), el mismo que ha sido creado especialmente para amedrentar y hostilizar a autoridades, profesionales y dirigentes ambientalistas. Este frente es el que presentó la denuncia contra los 35 ciudadanos, incluido el Coordinador General de la CAOI.

 La demanda de Habeas Corpus es presentada contra el titular de la 5ª Fiscalía Provincial Penal de Piura especializada en delitos de Terrorismo y delitos contra la Humanidad, porque su decisión de abrir investigación fue tomada sin tener indicios de carácter penal, lo cual vulnera la autonomía del Ministerio Público. La propia Resolución señala textualmente que "la denuncia de parte y sus anexos no son suficientes para promover una denuncia ante la instancia jurisdiccional".

 Lo anterior se refiere al terreno estrictamente jurídico. Pero la acción de Habeas Corpus se sustenta principalmente en el hecho de que lo que existe en el norte del país es un conflicto entre las comunidades, el Estado y la empresa privada vinculada a la minería. Y esto es producto de que el gobierno aprista presidido por Alan García Pérez está imponiendo ilegalmente actividades extractivas en los territorios de las comunidades campesinas y nativas.

Esta actitud sistemática del gobierno provoca conflictos sociales, frente a los cuales la respuesta del Estado es autoritaria, utilizando principalmente el sistema penal y negándose a reconocer en las protestas el ejercicio de derechos constitucionales. "Lo que las comunidades hacen es defender sus derechos reconocidos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de la consulta previa sobre toda norma o actividad que afecte a las comunidades, y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU", subrayó Palacín.

En este contexto, como señala también claramente la demanda de Habeas Corpus presentada por el Coordinador General de la CAOI, el verdadero objetivo de la denuncia contra 35 ciudadanos es utilizar al Estado para amedrentar y descabezar a las organizaciones sociales.

A lo anterior se agrega que la jurisprudencia vinculante sobre terrorismo permite descartar totalmente cualquier posibilidad de la comisión de este delito por parte de los 35 denunciados, entre quienes están dirigentes comunales, autoridades y defensores ambientales. Y que los otros delitos comprendidos en la Resolución Fiscal Nº 105-2008-MP-5ta FPP-Piura, motivo de la acción de Habeas Corpus, ya han sido debidamente investigados o forman parte de diversos procesos en curso.

En resumen –advierte el texto de la demanda presentada por Palacín Quispe- se está utilizando el sistema penal para instrumentar formas de persecución política, vulnerando derechos esenciales como las libertades de expresión, de reunión y de asociación, amparadas por diversos tratados internacionales.

"No asistiré a declarar a las audiencias convocadas por efecto de esta ilegal Resolución Fiscal. Y espero que la Acción de Habeas Corpus sea admitida por el Juez especializado en lo Penal de la Corte Superior de Lima, conforme a ley, porque lo que está en juego es la independencia y la credibilidad del sistema de justicia en el Perú", finalizó Miguel Palacín.

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Norma Aguilar Alvarado
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