Las organizaciones sociales andinas, reunidas en Lima durante el encuentro Agenda indígena y social andina sobre la asociación CAN-UE manifiestan su rechazo a las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que implica la firma de un Tratado de Libre Comercio y exigen la suspensión de las negociaciones, teniendo en cuenta que:

1. El mandato negociador europeo busca la firma de un Tratado de Libre Comercio. Así lo expresó el Sr. Mandelson, Comisionado de la Unión Europea para Comercio Exterior, en la cumbre Europa, América Latina y el Caribe, al presionar al gobierno boliviano a aceptar esos términos para la negociación.
Con el ánimo de seguir adelante en las negociaciones de un TLC, los negociadores europeos y algunos gobiernos andinos han amenazado con excluir a Bolivia del proceso, culpándola de las dificultades en el logro de acuerdos al interior de la CAN, con ello se desconocen las propuestas de integración alternativa presentada por los movimientos sociales y algunos gobiernos y, al mismo tiempo, se debilita aún más el proceso de integración andina.

2. Frente al fracaso de la ronda de Doha de la OMC hace dos semanas, el AdA se constituye en la estrategia principal de la UE para lograr estándares que vayan más allá de lo acordado en dicha entidad tales como exigir plazos cortos para la desgravación total del universo arancelario, mantener sus subsidios agrícolas, fortalecer las normas en propiedad intelectual, promover un ambiente favorable para sus inversiones e incluir los “temas de Singapur” –en contravía del planteamiento del gobierno boliviano y profundizando lo definido por Perú y Colombia en el TLC con Estados Unidos

3. Las posibilidades de fomentar un proceso de integración andina se encuentran en una grave crisis por la firma por parte de Perú y Colombia del TLC con Estados Unidos y las diversas tensiones políticas entre los países. La presión de la Unión Europea por continuar con las negociaciones en el pilar comercial, excluyendo las propuestas alternativas, agrava esa situación y evidencia que ésta no tiene interés en fortalecer la CAN, sino en firmar un TLC.

4. A pesar de las exigencias de la sociedad civil, el proceso de negociación no cuenta con mecanismos de participación permanente, que garanticen la difusión de la información completa y la inclusión de las demandas de las organizaciones sociales; la CAN y la UE han delegado en los gobiernos de cada país el establecimiento de dichos mecanismos, como paso previo en la construcción de su posición negociadora, lo cual no se ha cumplido satisfactoriamente en la mayoría de los casos.

5. Los gobiernos andinos expresaron en diferentes oportunidades su consenso sobre el tema de migraciones como un componente fundamental del diálogo político y de las posibles ganancias del Acuerdo de Asociación para la población andina. La expedición de la Directiva Retorno sobre migración, calificada como “la directiva de la vergüenza”, no sólo sustrae este tema de las negociaciones del AdA, contraviniendo el mandato negociador europeo, sino que genera un impedimento ético para la negociación con la Unión Europea por parte de cualquier gobierno comprometido con la defensa de los derechos humanos de la población de su país.

6. No es conveniente, ni razonable, que en el momento en que se están aprobando nuevas constituciones en dos de los países andinos, se intente precipitar un acuerdo que implique profundos compromisos de orden constitucional.

7. Ni la CAN ni la UE han desarrollado estudios de impacto que permitan evaluar las consecuencias de la firma de estos acuerdos para la población de los países andinos, los pueblos indígenas, el medio ambiente, la agricultura, la salud, los campesinos. En particular, no se han hecho análisis acerca de los efectos para las mujeres como lo establece la Resolución del Parlamento Europeo de 2006.

8. El gobierno peruano ha adaptado la estructura legislativa para el cumplimiento de los compromisos del TLC con Estados Unidos, violando la normatividad andina y sentando un precedente desintegrador de la CAN con graves repercusiones para su desarrollo futuro, tal como fue señalado por las organizaciones peruanas que demandaron la legislación Remitida por el gobierno de Alan García

Hacemos un llamado a los Consejos consultivos laboral e indígena andinos, para que se pronuncien sobre el AdA y, aprovechando los espacios de participación de la CAN, expresen las inquietudes de la generalidad de las organizaciones sociales y alerten sobre las implicaciones negativas de este tipo de acuerdos.

Invitamos a las organizaciones sociales de la región a incluir en sus agendas de lucha social en el curso del presente año, la denuncia de los AdAs, de su antidemocrático proceso de negociación y de la agresividad de las multinacionales europeas en este proceso. Al mismo tiempo llamamos a realizar una intensa campaña educativa y de divulgación sobre el tema y actuar con las organizaciones sociales de Europa en una campaña en contra de los ADAS

En estas condiciones, consideramos que es inviable políticamente e inconveniente económicamente la continuidad de las negociaciones, mientras éstas no sean removidas. Corresponde a los gobiernos de Colombia y Perú escuchar los llamados de las organizaciones sociales de sus países y de los presidentes de Bolivia y Ecuador en el sentido de replantear el sentido, el contenido y curso de la negociación con la Unión Europea.

Si se mantiene el marco negociador desarrollado hasta ahora y no se reconoce y atiende a la situación política de la CAN, este proceso de integración se debilitará aún más y nuevamente los gobiernos actuarán de espaldas a la sociedad civil y de sus derechos.