El Consejo Regional Indígena del Cauca alerta frente a la amenaza que llegó, vía correo electrónico a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, en la noche del 11 de agosto, anunciando el genocidio de las poblaciones indígenas de Colombia y concluyendo, de forma perversa, con el enunciado de la estrategia que viene haciendo el gobierno nacional para desestabilizar la unidad de las poblaciones campesinas, afros e indígenas de este departamento.

Para nadie es un secreto que desde la presidencia de la república se ha declarado la guerra a los pueblos indígenas que decidan reclamar sus derechos. Un momento determinante fue el consejo comunitario realizado en la ciudad de Popayán en el mes de marzo del 2008, donde Uribe dio la orden de pagar recompensas para romper la unidad de las comunidades indígenas. Unido a ello de forma continua los voceros institucionales se han preocupado por entregar mensajes indicando que los indígenas son beneficiarios de las garantías del Estado en detrimento de los derechos de los demás sectores de la sociedad. Un ejemplo fue la compra de la finca Villa Carola realizada por el ministerio del interior para entregarla a los desplazados, cuando dicho predio ha estado comprometido desde la década de los ochenta para los indígenas Kokonuko de Poblazón.

El texto, que se encubre en la identidad campesina, reproduce el discurso que el gobierno nacional ha venido promulgando desde las voces institucionales, con el objetivo de responsabilizar a los indígenas del fracaso de la política de tierras y de ser los causantes de la ausencia de una reforma agraria en Colombia.

Plantea que los indígenas paeces e integrante del CRIC, a quienes señala de cabecillas y guerrilleros, serán encontrados muertos y desaparecidos a partir del día de hoy, y que quieren a Popayán, Cali y Bogotá libre de indios ya que, según ellos, en Colombia no sobrepasamos el número de un millón.

Descubriendo claramente su esencia paramilitar, los autores del panfleto, informan que los indígenas se encuentran rodeados de miembros de inteligencia de dicho grupo, el cual cuenta con logística y equipos preparados. Llaman a un proceso de ocupación militar y exterminio contra los integrantes del CRIC y los paeces del Cauca. Para justificar ello se basan en acusaciones como la del comandante de la tercera brigada del ejército, al cual citan en su señalamiento de nexos de funcionarios de la alcaldía de Toribío y el sexto frente de la guerrilla de las farc.

Mas adelante, para ocultar su esencia paramilitar, vuelven a identificarse como campesinos antiindios, se autodenominan campesinos embejucados de Colombia.

Alarma que un comunicado de defensa a la institucionalidad, en un tono de amenaza terrorista, que argumenta su odio en frases institucionales contra los pueblos indígenas del Cauca y que está acompañado de fotografías que muestran a los ejércitos nazis no haya sido repudiado ya por la presidencia de la República ni por los por los organismo de control del Estado.

La mayoría de los argumentos para descalificar a los indígenas son los mismos que durante los últimos años han venido generando sectores políticos y gremiales que impulsan la discriminación racial y la guerra contra las comunidades indígenas, y que se oponen a cualquier intento de reforma agraria.

Pretextando hablar en nombre de sectores rurales no indígenas, en realidad defienden la inequidad, el despojo y el desplazamiento de indígenas, campesinos y afro colombianos de sus territorios; argumentos como los anteriores fueron usados por los terratenientes del norte del Cauca, días antes de la masacre del Nilo, en diciembre de 1991, la cual fue planeada en la Finca La Emperatríz según las confesiones del paramilitar Hernando Villa Zapata. Finca que hoy la viceministra María Isabel Nieto dice que no se puede entregar a las víctimas por estar eficientemente administrada; colocando el derecho a la verdad, justicia y reparación muy por debajo de los intereses del gran capital.

Llamamos a las organizaciones sociales, a los sectores demócratas, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para que este genocidio anunciado, y que se viene perpetrando en los últimos años, sea detenido; y al gobierno nacional a que responda acorde con sus obligaciones constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC-

Popayán, agosto 12 de 2008