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 ¡Estamos cansados que los gobiernos violen nuestros derechos!
 
  Por más de seis meses hemos dado el beneficio de la duda al gobierno de Álvaro Colom que juró, al iniciar su periodo, que sería “el tiempo de los pobres, de los sin oportunidad”. Tras décadas de impunidad e injusticias, mujeres y hombres del campo estamos cansados que los gobiernos sigan excluyéndonos del desarrollo y violen nuestros derechos para mantener los privilegios del gran capital.
 
En nuestras organizaciones hemos apostado por los diálogos, ejercicios que son lentos y detienen nuestras luchas; y los programas públicos dirigidos a las áreas rurales no contribuyen a solucionar los problemas de hambre y pobreza en nuestras comunidades. En el campo carecemos de seguridad alimentaria a pesar de las capacidades que ahí tenemos para producir.
 
 Para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas demandamos:
 
- declarar lesivos los contratos de exploración y explotación minera química de metales, así como la construcción de mega hidroeléctricas;
 
- respetar las 27 consultas comunitarias;
 
-  no criminalizar la lucha por el territorio de campesinos ni de los Pueblos Indígenas;
 
- orientar las políticas públicas para el campo diseñando un programa que llamamos “traje a la medida”;
 
  y acceso a tierra por vías diferentes al Fondo de Tierras.  
 
¡POLLO, CONEJO Y PALOMA SON COYOTES DE LA MISMA LOMA!
 
  Plataforma Agraria, Encuentro Campesino, Waqib Kej y el Consejo de los Pueblos de San Marcos
 
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Demandas al Gobierno de Alvaro Colom
 
EL Consejo de los Pueblos de San Marcos, Plataforma Agraria, Encuentro Campesino  y Waqib' Kej
 
DEMANDAMOS
 
1) Respetar los territorios de las comunidades y pueblos indígenas y declarar lesivas las licencias otorgadas para el reconocimiento, exploración y explotación minera química de metales, así como para la construcción de grandes hidroeléctricas.
 
Que el Estado, junto con el movimiento campesino e indígena organizado, inicie la elaboración de una ley y reglamento de consulta a los pueblos indígenas para recoger y respetar la decisión de las comunidades previo a otorgar licencias para explorar o explotar recursos naturales (minerales, forestales, hídricos), y para que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras, como lo establece el Convenio 169 y la Resolución 299 de la OIT (ver anexo).
 
Que el Estado respete y cumpla la decisión de las comunidades recogida en las consultas comunitarias realizadas en 27 municipios, y las que se harán en diferentes municipios del país.
 
De manera inmediata exigimos:
 
a) La suspensión de las más de 200 solicitudes y licencias de exploración y explotación minera química de metales y la revocación inmediata de las 45 concesiones ubicadas en 14 departamentos del país, que han sido autorizadas los últimos tres años por el Ministerio de Energía y Minas a las siguientes empresas: Nichromet Guatemala (9), Exploraciones Mineras de C.A. (2), Entre Mares de Guatemala (8), Mayaníquel (5), Compañía Guatemalteca de Níquel (1), Rocas El Tambor (1), Montana Exploradora (5), Guatemala Cooper (2); y a particulares (12). Por considerarlas lesivas a los intereses económicos y sociales del país.
 
b) La derogación del acuerdo ministerial 121-2008, que autoriza la explotación por 50 años de los ríos Ixpil, Chayén y Cabuz, en San Pablo, San Marcos. Además la derogación de los respectivos acuerdos ministeriales que otorgan derechos de explotación de los recursos hídricos, con el objetivo de construir hidroeléctricas, en San Rafael Pié de la Cuesta, San Marcos; San Francisco Cotzal y San Pedro Xacbal, Cotzal, en Quiché.
 
c) Que se respete el derecho de posesión de las tierras de los habitantes del Caserío San Francisco y San Pablo del departamento de San Marcos que están siendo afectadas por la implementación de los proyectos hidroeléctricos.
 
d) Que no se otorguen licencias de construcción de hidroeléctricas, a empresas privadas, en el Río Grande, ubicado en los municipios de Camotán y Jocotán, Chiquimula. e) Implementar proyectos hidroeléctricos sin trasvase de ríos y administrados de manera mixta con fondos del Estado a través del municipio y cooperativas representativas de las comunidades afectadas e implicadas en los proyectos.
 
f) La moratoria de las licencias de minería química de metales, a cielo abierto y subterránea.
 
2) Establecer la Ruta de “Acceso a tierra” con un enfoque social y no mediante los mecanismos del mercado.
 
Atención a personas campesinas desempleadas, sin tierra o su parcela es muy pequeña mediante la expropiación de tierras abandonadas y fincas que tengan un mínimo de dos años con ilegalidades laborales. La adjudicación de estas tierras tiene que ir acompañada de capacitaciones, capital de trabajo e inversión, información de mercados y dotación de infraestructura pública. Esta iniciativa retoma experiencias fallidas y exitosas, por tanto incluye lecciones aprendidas en los últimos 10 años. De manera inmediata demandamos:
 
a) Ejecución de un programa de acceso a tierra con mecanismos alternativos al mercado.
 
b) Arrendamiento de emergencia y solidario que consiste en un apoyo por familia de 3,200 quetzales. Se trata de transferencias directas no reembolsables, a mujeres y hombres, con insumos y asistencia técnica para la producción y comercialización.
 
c) Condonar la deuda agraria de 12 fincas ubicadas en la región de occidente y la deuda por arrendamiento de 9 grupos ubicados en el mismo número de municipios de San Marcos (ver anexo), afectados por la implementación de medidas neoliberales y por la ineficiencia del Fondo de Tierras.
 
d) Atender la demanda de Acceso a Tierra de 27 grupos en situación de vulnerabilidad, ubicados en San Marcos, Quetzaltenango y Quiché para beneficiar a familias afectadas por la crisis cafetalera, expulsados de las fincas sin sus prestaciones laborales, expropiados de sus tierras por las actividades mineras o acciones de terratenientes y en condiciones actuales de extrema pobreza (ver anexo).
 
e) Atender inmediatamente a las familias de La Unión Zacapa. Al alcalde de La Unión, Francis Salguero, demandamos la entrega de terrenos municipales seguros para vivir, uno de ellos es el Chagüite que se encuentra entre la aldea Taguayní, La Unión, y el Tesoro, Camotán. Al presidente de la república, Álvaro Colom, demandamos un fondo para la urbanización y construcción de viviendas e infraestructura de La Nueva Unión y un programa de reactivación para la economía campesina que beneficiará a las 16 mil personas afectadas por la tormenta Dolly que afectó este municipio.
 
f) La resolución definitiva de 9 conflictos agrarios y laborales ubicados en San Marcos, Quetzaltenango y Quiché (ver anexo), mismos que se han venido abordando desde el año 2004 con CONTIERRA/SAA y luego en la Mesa Nacional para la resolución de conflictos urgentes, instalada en mayo del año 2006, mediante la ejecución del “Plan de Atención en Casos de Conflictos de Tierra en Situación de Vulnerabilidad”. Este plan fue consensuado y aprobado por el gabinete de gobierno y requería 208 millones de quetzales, de los cuales la SAA aportaría 75 millones de quetzales y FONAPAZ otorgaría un fideicomiso por 46 millones de quetzales. Estos compromisos han sido desconocidos por el gobierno de Álvaro Colom, a pesar de ser compromisos de Estado.
 
g) Responder con un proceso de reactivación económica y una política crediticia alternativa a 3,500 personas de la región ch`orti` que desde la caída de los precios del café enfrentan una crisis de endeudamiento. Detener los cobros judiciales y ejecución de hipotecas que iniciaron BANRURAL y cooperativas de Chiquimula en la región ch`orti`. Que al espacio de negociación de la Deuda de Oriente, instalado en el marco del diálogo por el Desarrollo Rural Integral, asistan funcionarios de alto nivel con capacidad de decisión. En concreto solicitamos la presencia del ministro de Agricultura, del secretario de Asuntos Agrarios, representante de FONAGRO y funcionarios de BANRURAL encargados de la cartera de deudas.
 
3) Promover una reorientación de los programas públicos consistentes con la profundidad y complejidad de la problemática mediante el establecimiento de nuestro Programa “QO ONIN QIB´” que significa Apoyo Mutuo, construyéndonos a nuestra medida y dignidad.
 
El Programa “QO ONIN QIB´ / Apoyo Mutuo” se fundamenta en uno de los pilares de la metodología maya – mam, que va más allá del programa de “SOLIDARIDAD” planteado unilateralmente por el gobierno de Álvaro Colom, de arriba hacia abajo.
 
Desde este pilar, expresión de una sabiduría milenaria y desde donde se construyen las relaciones solidarias comunitarias y de los pueblos, las comunidades queremos definir el destino de nuestros recursos, nombrados por el Estado inconsultamente como recursos públicos, en correspondencia con nuestras propias necesidades y problemáticas.