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Quito, 10 de julio de 2008
 
 
Señor
Fernando Cordero
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
Ciudad Alfaro, Montecristi
Presente.-
 
De nuestra consideración:
 
Quienes suscribimos esta carta, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, y ciudadanos y ciudadanas del campo y la ciudad interesados por el porvenir del agro ecuatoriano, consideramos que la propuesta de Mandato presentada por el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para implementar un “Programa de Seguridad Alimentaria” es inconveniente porque contraría gravemente los principios de la soberanía alimentaria recientemente aprobados por la ANC. Es contrario también a una política de apoyo privilegiado a la pequeña y mediana producción campesina y familiar, a la pesca artesanal y a los miles de recolectores que viven en las zonas rurales del Ecuador. En lugar de ello, el Mandato propuesto beneficiaría, de ser aprobado, principalmente a quienes tienen gran responsabilidad en el incremento de los precios de los alimentos, empresas importadoras y comercializadoras de agro tóxicos.
 
Las acciones de emergencia ante la subida de precios y el aumento de los costos de producción deben contribuir a impulsar una política agraria de largo plazo orientada a reducir la dependencia frente a los insumos provenientes del petróleo y a reducir el monocultivo. Sabemos que el consumo interno está sostenido fundamentalmente por las economías campesinas, que son las que generan la mayor proporción del empleo de los más pobres. Existe una creciente conciencia internacional de que es indispensable un cambio fundamental en los modelos agrarios para enfrentar los precios crecientes de los alimentos, el hambre, las inequidades sociales y los desastres ambientales, tal como se encuentra expresada en las recomendaciones de la IAASTD y en la resolución del Congreso de la FAO del 2007. Tales cambios deberían responder al hecho de que la actual crisis alimentaria tiene orígenes estructurales, por lo que requiere ser enfrentada con medidas que trascienden lo inmediato.
 
Las medidas clave del mandato, la exoneración del impuesto a la renta y los subsidios a los agroquímicos, son altamente inconvenientes puesto que proveen ventajas adicionales a las grandes empresas agrícolas (que son las que pagan impuesto a la renta) y al reducido grupo monopólico de los importadores de agroquímicos. Por otro lado, las ventajas tributarias, si funcionan, cosa todavía por probarse, reducirían los costos de los más grandes a expensas de los más pequeños, que son quienes abastecen fundamentalmente el mercado interno, acelerando su antigua crisis y llevando a la quiebra a los campesinos. El resultado será la reducción de la oferta de alimentos.
 
Casi 300 millones de dólares del costo fiscal de la propuesta del ejecutivo se destinarían a un sistema de subsidios directos a la compra de agroquímicos. En primer lugar, es altamente probable que esa medida no reduzca los precios al consumidor final porque el análisis del ejecutivo sobre costos de producción omite el hecho de que una parte fundamental del precio de venta al público de los alimentos deriva de las cadenas oligopólicas de intermediación y comercialización existentes. Una política de reducción del uso de agroquímicos es más efectiva para reducir costos, que subsidiarlos. En segundo lugar, incluso si la idea funcionara, el costo ambiental y social sería muy grave porque profundizaría un modelo agrario dependiente de esos insumos externos y peligrosos para la salud tanto de los productores como de los consumidores, así como el deterioro de los agro-ecosistemas. Adicionalmente, la profundización del actual modelo aceleraría la quiebra de los productores agro-ecológicos y desincentivaría la producción de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados.
 
En lugar de buscar que los productores para el mercado interno imiten el modelo de agricultura que tristemente se aplica en la agricultura de exportación, la subida de los precios de los alimentos debe ser aprovechada como una oportunidad histórica para reducir la dependencia de agroquímicos y consolidar un modelo agro-ecológico, en  el que el Estado debe tener un rol fundamental junto a la sociedad a través de las organizaciones populares.
 
Consideramos fundamental que los 415 millones de dólares que el gobierno está dispuesto a invertir, sean dirigidos a medidas efectivas que al tiempo que disminuyan los costos de los alimentos para los consumidores, consideren precios justos y estables a los pequeños productores agropecuarios, pescadores artesanales y recolectores. Esto puede lograrse por medio de subsidios directos a la producción en lugar de hacerlo por la vía de la reducción de los costos de los insumos. Un sistema de subsidios destinado especialmente a los pequeños y medianos productores, y en particular a aquellos que reducen el uso de agroquímicos, puede ser más efectivo para favorecer los mercados urbanos de alimentos para los más pobres de las ciudades. El objetivo de estas medidas estaría encaminado a fortalecer el mercado nacional de alimentos y apuntalar el autoabastecimiento alimentario. Adicionalmente, para disminuir los costos de los alimentos es importante dirigir acciones encaminadas a aumentar la productividad, lo cual requiere la recuperación de la infraestructura de riego, especialmente de los canales que apoyen la pequeña y mediana producción.
 
En síntesis, la propuesta de mandato alternativo se orienta a la recuperación del papel del Estado en la promoción de la pequeña y mediana producción para la consolidación de la soberanía alimentaria.
 
La actual propuesta es heredera del conjunto de luchas que las organizaciones indígenas y campesinas hemos venido dando en contra de un modelo de desarrollo excluyente encarnado en las diferentes propuestas de libre comercio y contra las cuales se ha opuesto el Presidente Rafael Correa. Paradójicamente, el mandato propuesto por el ejecutivo contradice esta posición, favoreciendo a los grupos monopólicos a los que dice combatir. Por ello, un mandato alternativo como el que presentamos puede ser el inicio de un rediseño de la política agropecuaria del Estado orientada a consolidar la soberanía alimentaria, que sea el producto de un amplio debate participativo que incluya las propuestas de las organizaciones campesinas y los movimientos sociales del Ecuador.
 
Atentamente,
 

Nombre

Organización

Miguel Guatemal

CONAIE

Manuela Cobacango

FENOCIN

Humberto Cholango

ECUARUNARI

Ángel Cojitambo

Mesa Agraria

Líder Góngora

C-CONDEM, Asamblea Nacional Ambiental

Carmen Guarderas

CUSMMO

Mayra Garzón

Intermon – OXFAM

José Rivadeneira

CEA

Cecilia Ponce

PROBIO

Javier Carrera

Red Guardianes de Semillas

Mónica Navarrete