Plataforma Agraria considera positivo que el gobierno de Álvaro Colom declare un estado de emergencia ante la crisis alimentaria que afecta a la población guatemalteca. Sin embargo, el programa de solidaridad ante la emergencia económica y social anunciado no contempla medidas para que los hogares pobres fortalezcan sus bases económicas.

Aunque la crisis alimentaria que enfrenta la población, principalmente campesina e indígena, ha sido un tema de relevancia nacional desde 2001, el camino seguido por los gobiernos ha sido el asistencialismo. Está claro que la donación de alimentos y fertilizantes, el acceso a tierra vía el mercado y la dotación de créditos para las comunidades no han mejorado las condiciones de vida de miles de niñas, niños, mujeres y hombres del país.

El Estado viola el derecho humano a la alimentación al promover la canalización de ayuda internacional o privada de alimentos sin fortalecer la producción nacional, sin velar por el cumplimiento de los derechos laborales, al criminalizar la lucha de comunidades indígenas y campesinas por el acceso a la tierra y otros recursos, y al no reconocer el trabajo de las mujeres del campo.

En el día internacional de las luchas campesinas, Plataforma Agraria manifiesta que cualquier pacto que busque transformaciones reales en las condiciones de vida de la población, debe partir de un diálogo establecido no solo con la élite empresarial, sino tomando en cuenta la perspectiva de otros actores del movimiento social que han presentado propuestas que recogen la perspectiva campesina.

Las crisis alimentarias no pueden seguir abordándose de manera coyuntural o como propaganda política para partidos políticos o empresarios que mediante la donación de alimentos eluden sus obligaciones con el Estado. Urge retomar las recomendaciones del Relator por el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, quien visitó el país en 2005.