Plataforma Agraria rechaza la decisión gubernamental de enviar tropas kaibiles a un territorio donde existen conflictos agrarios desatendidos durante décadas. Si el presidente Álvaro Colom opta por reprimir y amedrentar a las comunidades indígenas, en lugar de asumir con responsabilidad la solución a problemas sociales, se convierte en un mandatario al servicio de los intereses de empresarios y terratenientes. Hoy tiene la oportunidad de cambiar los enfoques de atención a problemas del campo.

El envío de kaibiles, fuerza de carácter contrainsurgente y señalada como responsable del genocidio ocurrido en los años 80, demuestra el fracaso de la institucionalidad agraria para la resolución de conflictos y la tolerancia a que las fuerzas de seguridad insistan en destruir el tejido social de comunidades q'eqchi's que defienden su demanda de acceso a la tierra.

El Estado tiene la obligación de responder al bien común, garantizar los derechos y la identidad de los pueblos indígenas.

En el pasado, Guatemala tuvo un Estado contrainsurgente, que en aras de proteger un sistema político, económico y social que defiende los intereses del gran capital, reprimió con suma crueldad a cientos de comunidades indígenas. Esa época no debe repetirse.

Es urgente cambiar la lógica que siguen las instituciones estatales para la atención de conflictos agrarios y laborales. Existen muchos ejemplos en los que la solución radica en defender los intereses empresariales y finqueros, junto a criminalizar las exigencias campesinas. En cualquier diálogo que se establezca con organizaciones campesinas, el Ejecutivo debe manifestar con acciones reales su voluntad para brindar soluciones y no agudizar los conflictos, como hicieron sus antecesores.

Plataforma Agraria exige al gobierno de Colom deducir responsabilidades por la muerte extrajudicial de Mario Caal, poner fin a la persecución y las acciones represivas contra las comunidades de Izabal y abstenerse de señalar como criminales o terroristas a quienes defienden sus derechos.
Plataforma Agraria

Guatemala, 31 de marzo de 2008