En el año 1992 se aprobó la ley para “La modernización del desarrollo del sector agrícola” y desde esa fecha para el movimiento campesino ha significado que el acceso a la tierra únicamente sea a través del mercado, ya que se eliminaron las causales de afectación para hacer reforma agraria. Igualmente significó el desmantelamiento de los servicios de almacenamiento, financiamiento, capacitación y los demás servicios necesarios para la producción, pero sobre todo se inició un proceso de criminalización de las luchas campesinas.

En agosto del 2006 el movimiento campesino hondureño, para dar seguimiento a la declaración de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, auspiciada por la FAO, realizó el “Foro Nacional por una Reforma Agraria y el Desarrollo Rural” y durante su inauguración el presidente de la República dijo que “si para hacer reforma agraria era necesario cambiar leyes su gobierno lo haría”.

Desde esa fecha el movimiento campesino Hondureño elaboró una propuesta de decreto ley para resolver “la mora agraria” que permitiría, como primer paso para la implementación de una verdadera reforma agraria integral, la solución a más de 800 grupos campesinos que están en posesión de la tierra desde hace varias décadas y aún enfrentan problemas legales, al no tener sus títulos, pero sobre todo el acoso constante de destrucción de sus cultivos, desalojos, persecución y hasta asesinato por parte de los supuestos dueños con la venia de autoridades gubernamentales. En la elaboración de esta propuesta el movimiento campesino hondureño ha estado apoyado por la Campaña Global por la Reforma Agraria, la oficina de la Vía Campesina para Centroamérica y organizaciones articuladas en la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria (SARA).

La presentación de dicha propuesta al poder ejecutivo estuvo acompañada de varias movilizaciones, plantones y conferencias de prensa para exigir la aprobación, hasta que llegó el 11 de marzo y a partir de las 4 de la tarde, más de 500 campesinos se hicieron presentes frente al Congreso Nacional para exigir que se aprobara la propuesta de decreto ley que ya el ejecutivo había enviado al Poder Legislativo. Después de varias horas, los campesinos y campesinas fueron invitadas al hemiciclo de dicha asamblea nacional donde en el orden del día se sometería a consideración dicha propuesta de decreto ley.

Desde las 8h de la noche, los 128 diputados de las 5 bancadas políticas iniciaron la discusión de dicha propuesta. El primer logro para los campesinos fue que la propuesta sería aprobada en un solo debate y públicamente los representantes de las bancadas políticas manifestaron que dicho decreto sería aprobado por unanimidad. En este día, quedaron aprobados los primeros artículos y fue hasta hoy, 13 de marzo a las 10:20 de la mañana, que el decreto quedó aprobado en su totalidad.

Algunos aspectos importantes del decreto son: las tierras legalizadas a los campesinos y campesinas pasan a ser de propiedad familiar y no podrán ser enajenadas ni vendidas y solo podrán ser garantía para obtener créditos para la producción. Además de los grupos que están en conflictos, serán beneficiados aquellas comunidades que están en posesión de la tierra por más de una década y que aunque no tengan expedientes en el Instituto Nacional Agrario le serán legalizadas sus propiedades. El Congreso Nacional nombró una comisión de parlamentarios para dar seguimiento al cumplimiento del presente decreto para que no sea un decreto más y que se garantice lo que hoy han conquistado los campesinos y campesinas con sus luchas.

Para los dirigentes de las tres centrales campesinas, Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras -COCOCH-, Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas -CHMC- (ambas miembros de Vía Campesina) y el Consejo Nacional Campesino -CNC-, este decreto vendrá a resolver la situación jurídica de unos 500 grupos campesinos de hombres y mujeres que por varias décadas han venido cultivando la tierra. Entre estos grupos existen varios que tienen más de 30 años de estar en posesión de la tierra; que este decreto no resolverá la situación de todo el movimiento campesino pero será el inicio para lograr la estabilidad en el campo: “el logro de la aprobación del presente decreto no significa un regalo del parte de Gobierno o de los diputados, es el fruto de las luchas de hombres y mujeres del campo”, “nuestra próxima batalla será la derogación de la ley de modernización del sector agrícola y la aprobación de una nueva ley de reforma agraria integral para lograr la soberanía alimentaria”.

Para los diputados nacionales la aprobación de este “Decreto ley de expropiación y recuperación forzosa de la tierra” significa un día histórico ya que se hará justicia aunque tardía con aquellos que aún con todas las dificultades han producido los alimentos para el pueblo, “no solo se trata de dar seguridad jurídica, sino también garantizar los recursos necesarios para que se produzcan los alimentos que el pueblo necesita”.

Para algunos diputados en Honduras es hasta hoy que se inicia la reforma agraria, pues aunque está contemplado en la constitución, a la fecha no ha habido voluntad política para impulsarla y lo que ha hecho es solo un maquillaje a los graves problemas de los campesinos e indígenas, todos los esfuerzos de los Gobiernos han estado orientado a proteger la producción de agroexportación y se ha marginado a los hombres y mujeres que son los que producen los alimentos nacionales.