El pasado martes 5 de febrero de 2007 el diputado José Merino del Río del Frente Amplio, en conjunto con la Fracción del Partido Acción Ciudadana, presentaron a la Sala Constitucional una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley de la agenda de implementación del TLC que busca reformar varios artículos de la Ley de Marcas y la Ley de Patentes ( Expediente 16.118)

Este proyecto, aprobado en primer debate la semana pasada en una comisión plena de la Asamblea Legislativa (integrada por solo 19 diputados) otorga a las trasnacionales farmacéuticas y de agroquímicos una serie de privilegios que exceden por mucho los contenidos del TLC y afectan de forma directa el derecho de la población al acceso a las medicinas y a la biodiversidad.

En la consulta presentada se denuncia que el trámite seguido para su aprobación estuvo plagado de irregularidades. En su carrera desenfrenada por aprobarlo "a golpe de tambor", los diputados del G-38 cometieron una serie de errores de suma gravedad. Errores que vician de inconstitucionalidad todo el procedimiento.

Entre los principales destaca que el expediente fue enviado a una comisión plena, a pesar de que crea y modifica tributos, una de las materias que según artículo 124 de la Constitución no se puede delegar a este tipo de comisiones. Este error fue advertido por la Procuraduría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos, pero tales advertencias fueron ignoradas por la mayoría mecánica pro TLC.

Y eso no es todo. La misma Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema. En 1995, la Sala declaró con lugar una acción de la trasnacional estadounidense Monsanto contra los artículos de la Ley de Patentes relacionados con las tasas que cobra el Registro por inscribir patentes. En su voto, la Sala consideró que estas tasas eran un tipo de tributo y eliminó las normas impugnadas.

Pues esas mismas tasas son las que se introdujeron en el proyecto aprobado en una comisión plena, a pesar de que, como dijo la Sala, son materia tributaria. Por esa razón el proyecto no se podía delegar. Debió tramitarse en el Plenario, donde todos los diputados y diputadas pueden participar. De manera que todo el trámite seguido por la comisión es inconstitucional.

Vemos entonces que la decisión de hace unos años que benefició a Monsanto, hoy se vuelve contra sus intereses, pues no existe motivo alguno para que la Sala Constitucional cambie su criterio.