Las organizaciones y redes nacionales de la región andina, integrantes de la Alianza Social Continental, presentan las siguientes consideraciones dirigidas a los gobiernos de la Comunidad Andina, las organizaciones sociales, grupos cívicos y opinión pública en general:

1. El proceso de negociación de un posible Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE ya ha empezado, sin que sus objetivos y menos el contenido de esas negociaciones sean difundidos en las poblaciones de los países involucrados, lo cual representa una preocupante limitación en términos del necesario debate público que debería acompañar la toma de tan cruciales decisiones, de las cuales, nuevamente, los directamente afectados son excluidos.

2. Nos preocupa constatar que, a esta altura, ya se han sentado las bases conceptuales y de principios, se han creado grupos y adoptado metodologías; en materia comercial se han adoptado ya objetivos y estructura y se ha definido el punto inicial de desgravación para la región andina, y se ha comenzado a discutir sobre textos. Todo ello sin que organizaciones de la sociedad civil, especialmente de los grupos sociales carentes de poder, hayan podido participar eficazmente en la definición de este marco de la negociación.

3. Se ha dicho que la singularidad de este Acuerdo consiste en que comprende tres pilares: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Sin embargo, es claro que el comercio tiene un peso en los compromisos inmensamente superior al de los dos primeros. El escenario, entonces, es el mismo que el de los Tratados de Libre Comercio. Y ambos implican la profundización de la asimetría entre las dos regiones. Es evidente, además, que el pilar de cooperación no será capaz de compensar dicha asimetría estructural.

4. Por su parte, el objetivo de la cohesión social declarado por la UE y adoptado por la CAN, continúa en un extremo de vaguedad que amerita un debate y una precisión. Es válido asumir una perspectiva de pobreza, igualdad e inclusión, pero en la medida en que aquella implica políticas públicas, es obvio que éstas estarán subordinadas a los compromisos comerciales.

5. En cuanto al Diálogo Político, subrayamos la importancia de reiterar, en cualquier Acuerdo, la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos en su integralidad e indivisibilidad por parte de todos los Estados, junto con el respeto a los derechos colectivos amparados por diversos instrumentos internacionales. Este respeto a los derechos humanos y colectivos, y sobre todo la garantía de su realización, deben ser considerados en el conjunto de compromisos y disciplinas que se adopten en los acuerdos, en especial en el ámbito económico. Advertimos, en consecuencia, sobre el riesgo de la incongruencia entre los dichos pilares.

6. Consideramos que ciertos temas (algunos de ellos llamados de Singapur en el debate al interior de la OMC), en particular, inversiones, contrataciones públicas, propiedad intelectual, políticas de competencia e incluso comercio de servicios, son de extrema sensibilidad, en la medida en que limitan la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas incluyendo las sociales. No se entiende, en consecuencia, por qué los gobiernos de todos los países andinos no plantearon su exclusión, en la línea de lo expresado por el de Bolivia, como corresponde a los Estados que defienden su soberanía y los intereses de sus pueblos y sus ciudadanos.

7. La anterior diferencia de criterio ha sido resuelta, aparentemente, en el curso de la negociación, en la perspectiva de un tratamiento especial y diferenciado que beneficiaría a Bolivia y Ecuador. Consideramos, sin embargo, que siendo importante tener en cuenta las asimetrías internas de la CAN, en este caso se trata, evidentemente, de diferencias políticas de enfoque y de modelo de desarrollo y no de grados diferenciales de desarrollo.

8. Otro tanto ocurre con el hecho de que dos países, Perú y Colombia, han firmado TLC con Estados Unidos, aunque el segundo está pendiente de ratificación. La intención política de estos gobiernos en la negociación es, por lo tanto, completamente opuesta a la de los otros. Un riesgo inminente y obvio consiste en que la UE plantee dichos TLC como el piso del acuerdo comercial, obligando a una mayor y todavía más inconveniente profundización de los compromisos del llamado libre comercio.

9. En síntesis, se trata de una manifestación de la crisis, ya histórica, del proceso de integración subregional. Esto nos lleva a concluir, de manera general, que no es el mejor momento para suscribir un acuerdo que se pretende de bloque a bloque, sin que nos satisfaga la ilusión de que el propio Acuerdo pudiera impulsar, por su fuerza, nuestra integración

10. Todo lo anterior nos indica que ya se ha definido un rumbo que es difícil modificar. Pero además debemos advertir sobre el carácter extremadamente limitado de las ofertas de participación para la sociedad civil, reducidas a la figura del “cuarto de al lado”, cuyo fracaso ya se ha puesto de manifiesto en otros tratados de libre comercio y al suministro de información solamente respecto a los textos aprobados. Eso sin contar que, si bien en la CAN existen los consejos consultivos laboral y empresarial, a los cuales se agregó recientemente el indígena (aunque no se ha definido su funcionalidad con relación a esta negociación), en cada país, internamente, las condiciones de participación son diversas, desde Bolivia donde el gobierno la garantiza de manera amplia, hasta Perú y Colombia donde es restringida o inexistente. Esto ocurre porque en el proceso de negociación se ha aceptado que dichas condiciones corresponden a la decisión autónoma de cada gobierno.

11. Es necesario destacar que en el caso de los pueblos indígenas –y afrodescendientes- la participación debe asumir un carácter cualitativamente distinto, tal como lo reconoce la obligatoriedad de la consulta previa consagrada en el Convenio 169 de la OIT. Se trata del respeto a concepciones diferentes de lo que se entiende por “desarrollo”, las cuales, sin duda, se apartan de los supuestos generalmente admitidos en los tratados comerciales. Concepciones que deben ser concertadas y conciliadas, sobre todo en países como los andinos donde, no sólo por la importancia demográfica de estos pueblos sino por la deuda histórica aún no reparada, es preciso que cualquier acuerdo internacional reconozca este factor de legitimidad.

12. Se observa, igualmente, la exclusión, en el proceso, de un enfoque específico que busque la superación de la discriminación y la pobreza de las mujeres, así como la inexistencia de su participación en todas sus etapas, lo cual constituye una violación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW.

13. Sobre la base de las anteriores consideraciones, llamamos a todas las organizaciones sociales de los países andinos a multiplicar esfuerzos en la difusión de lo conocido hasta ahora de este crucial Acuerdo que se pretende suscribir y en la movilización social lo más amplia posible con miras a hacer valer nuestras posiciones. En el pasado reciente logramos echar atrás la propuesta del ALCA, lo mismo que los TLC con los Estados Unidos: definitivamente en dos de los países andinos y provisionalmente en Colombia. Es la demostración de que es posible, a pesar de todos los obstáculos, hacerse tener en cuenta.

Bogotá, diciembre 20 de 2007

Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca. Campaña Comercio con Justicia, mis Derechos no se Negocian. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Campaña Ecuador Decide. Alianza Social Continental Capítulos peruano y ecuatoriano.