Impunidad a los delitos contra la humanidad en el caso de la hacienda
Bellacruz

Estimados(as) amigos(as)

Nuevamente la impunidad es noticia en Colombia. El exembajador ante
la Unión europea Carlos Arturo Marulanda extraditado a Colombia,
acusado por los delitos de paramilitarismo y Terrorismo, fue puesto
en libertad el 1 de noviembre por órdenes de la fiscalía General de
la Nación bajo el argumento de que se vencieron los términos
jurídicos de estos delitos. Las víctimas de desplazamiento forzado,
masacres, desapariciones, torturas, exilio de la Hacienda Bellacruz,
nos negamos aceptar esa decisión; hemos luchado durante estos largos
años de desarraigo de nuestras tierras para que se haga justicia,
para que se castiguen los responsables materiales e intelectuales que
nos condenaron a vivir sin nuestros seres queridos.

Volvemos a dirigirnos a Ustedes, a la conciencia de la humanidad,
para pedirles expresarse, reaccionar, rechazar este acto de la más
cruda impunidad. Le Rogamos firmar la siguiente declaración que
publicaremos mediante campo pagado en el principal periódico de
Colombia (EL TIEMPO) y que simultaneamente enviaremos a las
autoridades colombianas. Su adhesión puede enviarla a:
misioncol@skynet.be

Para su información, hacia abajo, encontrara informaciones de prensa
sobre este caso y adjunto un resumen cronológico sobre el mismo.

Muchas gracias por su solidaridad,

Equipo Internacional ANUC UR

Belén Torres
Ariel Toscano

****

Declaración Internacional

La liberación aberrante del ex-embajador y ex-ministro Carlos Arturo
Marulanda, co-propietario del latifundio "Bellacruz"

El pasado 1 noviembre, la Fiscalía General de la Nación de Colombia
ordenó la puesta en libertad del ex-embajador de Colombia ante la
Unión europea y ex-ministro, CARLOS ARTURO MARULANDA, quien había
sido extraditado 15 días antes a Colombia desde España. Reo ausente
de la justicia de su país durante mas de dos años, Marulanda había
sido finalmente capturado hace más de un año en Madrid, en
cumplimiento de una orden de Interpol a pedido del Fiscal anterior, y
recluido en una cárcel de alta seguridad. Su recurso de refugio en
España había sido rechazado por las autoridades de este país.

Con esta actuación aberrante, la Fiscalía, encabezada por el actual
Fiscal General de Colombia, Sr Luis Carlos Osorio, ya conocido por
haber tomado varias decisiones que permitieron a altos mandos
militares implicados en masacres perpetrados por paramilitares de
escapar a la justicia, arruina el trabajo adelantado durante varios
años por este mismo organismo cuando tenia otra dirección y una
unidad de derechos humanos que podía actuar. Pero además, anulando la
calificación de terrorismo a los hechos atroces cometidos contra
campesinos y campesinas en el caso de Bellacruz, la Fiscalía
desconoce la decisión del juez de control de legalidad de la
acusación quien había confirmado la calificación de "concierto para
delinquir y terrorismo " a los hechos por los cuales están acusados
el ex-embajador Carlos Marulanda, sus familiares y sus cómplices.

Consideramos que esta nueva posición de la Fiscalía contribuye a
dejar en la impunidad a uno de los más odiosos episodios el más
odioso de la historia contemporánea de Colombia que constituye la
constitución a sangre y a fuego, durante más de 40 años, del
latifundio "Bellacruz" en base a la expoliación violenta de
comunidades campesinas, mediante asesinatos selectivos de líderes,
desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, destrucción
de cultivos, viviendas, cientos de desalojos violentos. Esta vez, los
hechos de violencia volvieron a arreciar el 14 de febrero de 1996,
justo cuando la justicia administrativa de Colombia confirmaba que,
al contrario de los que pretendía la familia Marulanda, las familias
campesinas poseían sus parcelas en toda legalidad. Entonces entró a
actuar el grupo paramilitar que obligó al desplazamiento indefinido a
10 poblaciones campesinas , previa destrucción e incendio de sus
viviendas, bienes, cultivos, escuelas y obras comunitarias.

En la noche del 14 de febrero de 1996, paramilitares que dijeron
actuar bajo las órdenes de Carlos A. Marulanda y en presencia de
efectivos militares del batallón 40 "Héroes de Santuario", efectuaron
el desplazamiento salvaje y definitivo de las 10 poblaciones
campesinas asentadas en Bellacruz.

Las comunidades desplazadas pidieron protección al Estado Colombiano
albergándose durante 15 meses en edificios estatales ; durante este
tiempo los paramilitares basados en la hacienda y actuando con el
apoyo del batallón realizaron innumerables actos de terror para
impedir el retorno de las comunidades a sus tierras ; entre las
víctimas de masacres y asesinatos selectivos se encuentran : Jesús
Toscano, Diosenel Toscano, Dinael Toscano, José del Carmen Toscano,
Eder Narváez Corrales, Jaime Laguna Collazos, Eliseo Narváez
Corrales, Edinson Donado, Luis José Lemus Sánchez, Segundo Vásquez,
Otoniel Cañizares Jácome, Jesús Galván (desaparecido), Elger Castillo
(desaparecido), Alfonso Osquidia (desaparecido), Cesar Díaz
(torturado-asesinado), Jorge Cáceres (torturado-asesinado), Daniel
Hoyos (torturado-asesinado), Ricardo Cagua (detenido-desaparecido),
Luis Segundo Torres, Belisario Sumalave, Tulio Angarita, Abdel
Sumalave, Germán Umaña, José Antonio Quintero, José Guarín, Rafael
Baena, Cediel Sánchez, Manuel Tapias, Hernán Contreras, Ciro Botello,
Dioselino Quiñónez, Eduardo Prada, Carmen Rosa Arenas y su hermana,
Francisco Rodríguez, trabajador Estatal, torturado y amenazado),
Miriam Contreras (herida), Edinson Donado (de 2 anos, herido).

A pesar de los enormes riesgos que esto implica para ellas, decenas
de víctimas decidieron acudir a la justicia colombiana para denunciar
esta atroz violencia, realizando denuncias precisas de la cadena de
responsables de estos crímenes de lesa-humanidad, entre los cuales se
encuentra FRANCISCO A. MARULANDA, hermano del ex-embajador,
actualmente encarcelado, y señalando como autor intelectual de estos
crímenes al señor CARLOS A. MARULANDA.

Es en base a numerosos testimonios y sólidas pruebas que poco después
la Fiscalía decidió inculpar y emitir una orden internacional de
captura contra Marulanda. Su liberación debida a la actuación actual
de la Fiscalía no sólo entra en contradicción total con la actuación
de la Fiscalía anterior, con la obligación del Estado de apoyar a las
víctimas, así sean de humilde extracción para que obtengan justicia y
reparación, sino que constituye una violación flagrante de la
obligación internacional del Gobierno de Colombia y en particular su
obligación de poner un fin a la impunidad, a las violaciones de los
derechos humanos.

Expresamos nuestra más profunda indignación por la burla que
constituye la extradición del ex-embajador y su liberación casi
inmediata. Consideramos que el Fiscal General de la Nación, Sr
Osorio, con el desmonte de las instancias de la Fiscalía que se
ocupaban de violaciones de derechos humanos, es responsable de esta
nueva etapa en la impunidad generalizada de las violaciones de los
derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares.

Rechazamos igualmente la reacción inaceptable del Gobierno de
Colombia, en palabras del Ministro del Interior Fernando Londoño,
dejando entender que el ex-embajador es inocente porque desempeñó
importantes funciones, y que no expresa ninguna preocupación para que
se haga justicia en favor de las víctimas. Estas declaraciones se
alinean desafortunadamente sobre la política general del Gobierno del
Presidente Alvaro Uribe Vélez que ha adoptado medidas que favorecen
la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y favorecen
el paramilitarismo.

Las graves falencias en el funcionamiento de la justicia en Colombia,
agravadas por la actuación del actual Gobierno y del actual Fiscal,
confirman plenamente la total legitimidad que tienen las víctimas de
acudir a la justicia penal internacional, no sólo contra los autores
materiales e intelectuales de los crímenes de lesa-humanidad
perpetrados para extender, todavía más y a costas de campesinos
pobres, el enorme latifundio "Bellacruz", pero también contra todos
los que ayudan a garantizar la impunidad para sus autores.

Con seguridad podrán contar con el apoyo de todos nosotros que
firmamos este texto y mucho más, quienes hemos sido horrorizados por
estos hechos que golpean la conciencia de la humanidad.

Firman, (nombre, organización, dirección)

Joaquim Miranda, Presidente de la Comisión de Desarrollo del
Parlamento Europeo

Laura Gonzáles-Alvarez, Diputada europea

Luisa Morgantini, Diputada europea

****

La impunidad brilla mas que el sol en Colombia.

Rechazo y condena de los campesinos desplazados por la libertad del
ex -embajador Carlos Arturo Marulanda.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción
(ANUC UR) junto con las 170 familias desplazadas de la HACIENDA
BELLACRUZ CESAR hace 7 años, rechazamos enérgicamente la decisión de
la fiscalía general de la nación de dejar en libertad provisional al
exembajador de Colombia en la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda
acusado de conformación de grupos paramilitares, terrorismo e
incendio de parcelas entre otros cargos.

La fiscalía acaba de aminorar e ignorar los cargos de los cuales se
le acusa y por los cuales fue extraditado de España a Colombia hace
dos semanas.

Las familias afectadas y amenazadas exigen a la fiscalía General de
la Nación una explicación y clarificación al país, a ella pero
también , a la región y a los organismos internacionales sobre su
decisión inexplicable, es una muestra de impunidad en la justicia
colombiana.

Las familias desplazadas expresamos nuestra mas enérgica indignación,
y rechazo a esta decisión de descalificar las graves violaciones de
derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que fueron
efectuados en la hacienda Bellacruz. y sobre los cuales existen
pruebas.

La fiscalía ignoro el concepto del juez que había efectuado un
control de legalidad de la acusación de concierto para delinquir y
terrorismo y había confirmado que este concepto se ajustaba a su
caso.

La decisión del caso de Bellacruz unida a medidas como la
desarticulación de la Unidad de Derechos Humanos, de la fiscalía
aumenta y acentúa más la impunidad.

Solicitamos:

- Denuncia por la actuación de la fiscalía General de la Nación a
favor de la impunidad y de la no justicia en nuestro país.

- Apoyar la acción de tutela y otros mecanismos que posibiliten dar
otro curso al caso de Bellacruz.

- Que se haga justicia en nuestro país por el caso de Bellacruz.

- Apoyar acciones ante la justicia penal internacional .

ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS UNIDAD Y RECONSTRUCCION -
ANUC UR

Bogota, noviembre 2 de 2.002

****

EL ESPECTADOR, 3 de noviembre de 2002

¿Por qué se cayó el caso Marulanda?

Bogotá

La tarde del 15 de enero de 1999 no fue una más en el edificio del
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Y no podía
serlo, porque un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos había
librado orden de captura en contra del polémico ex ministro de
Desarrollo y ex embajador de Colombia en Bruselas, Carlos Arturo
Marulanda Ramírez.

Un hombre fornido, mano derecha del entonces director nacional del
CTI, encabezó el operativo y para ello utilizó 20 hombres. Labores de
inteligencia les habían permitido establecer a los investigadores que
Marulanda había dormido la noche anterior en su apartamento del norte
de Bogotá, ubicado en el sector de Unicentro.

Desde las seis de la tarde de aquel viernes 15 de enero y hasta las
cuatro de la mañana del día siguiente, los hombres del CTI buscaron
sin suerte a Marulanda, contra quien se había abierto el proceso 431,
en la Unidad de DH, por su presunta responsabilidad en el delito de
paramilitarismo. Un día después (16 de enero), la Fiscalía estableció
que el ex ministro de Desarrollo se había enterado de que su captura
era inminente y que logró huir de Colombia por Venezuela.

Aunque se rumoró que durante su huida anduvo por Egipto, Argelia y
EU, de Marulanda se volvieron a tener noticias el 16 de julio de
2001, cuando la Interpol lo capturó en un exclusivo sector de Madrid
(España). Durante 15 meses, el ex funcionario estuvo detenido en la
prisión de Soto del Real. El 14 de octubre, Marulanda llegó a Bogotá
en calidad de extraditado. El viernes pasado, tan sólo 18 días
después de su arribo a Colombia, fue dejado en libertad.

¿Cuál fue la causa? ¿Por qué se le dejó libre si contra el ex
ministro había un proceso sólido? ¿Por qué sólo se le investigará en
adelante por incendio? ¿Por qué se cayeron los delitos de terrorismo
y concierto para delinquir?

El proceso en la Unidad de DH

Durante la noche del 14 de febrero de 1996 y el amanecer del día
siguiente, hombres armados, al parecer paramilitares, llegaron hasta
los predios Trocaderos, Palo Alto, Canta Monos, El Atrato, Vista
Hermosa y Veinte de Noviembre, todos ellos pertenecientes a la
hacienda Bellacruz (Cesar), de propiedad de la familia de Marulanda,
y, con el fin de hacer que sus moradores los abandonaran, procedieron
a quemar viviendas y ranchos. También los sujetos golpearon a algunos
campesinos y les dieron cinco días de plazo para que dejaran las
tierras.

Varios testigos de aquella noche de horror en Bellacruz aseveraron en
la Fiscalía, bajo la gravedad del juramento, que el desalojo había
sido ordenado por Carlos Arturo Marulanda. "Ladrones h.p., salgan de
aquí que estas tierras son de Carlos Arturo Marulanda", dijeron
*según testigos* los paramilitares.

Otro más aseguró que Carlos Arturo Marulanda, cuando vio que
jurídicamente no podía hacerse a todas las tierras, "contrató un
grupo paramilitar por intermedio de Edgar Rodríguez (alias
Caballito)" para desalojar a los campesinos. Un tercero aseveró que
Francisco Alberto Marulanda (hermano de Carlos Arturo) estuvo
presente el día de los hechos violentos en Bellacruz.

Así, con las declaraciones de más de 20 testigos (algunos de ellos
con reserva de identidad), el 20 de abril de 1999 la Fiscalía
profirió medida de aseguramiento contra Marulanda por
paramilitarismo. En diciembre del año pasado, el penalista Rubén
Darío Ceballos, abogado de Marulanda, le presentó a la fiscal que
conocía el caso un alegato en el que pregonaba la inocencia de su
cliente. La respuesta de la funcionaria no se hizo esperar y, tras
obviar los cargos por paramilitarismo, dejó en firme la medida de
aseguramiento por terrorismo, concierto para delinquir, incendio y
daño en bien ajeno.

Ceballos apeló ante una instancia superior la medida adoptada por la
fiscal del caso y de ahí provino la decisión del viernes pasado.

El funcionario de segunda instancia consideró que no puede hablarse
de terrorismo porque en los hechos de Bellacruz no se registraron
heridos, masacres ni homicidios. Argumento contrario al de la fiscal
de Derechos Humanos, para quien "quemar ranchos, golpear a niños y
adultos y amenazar a los habitantes o 'invasores' es violatorio de
nuestra Constitución".

El Código Penal, en su artículo 144, define así el terrorismo: "El
que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u
ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga
objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas
de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá
por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25)
años".

Una doctrina de Luis Carlos Pérez, magistrado de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, define así el propósito del terrorista:
"Crear un ambiente de zozobra es establecer en un grupo o en una
comunidad más amplia inquietudes por el peligro que puedan correr en
sus personas o en sus haberes". Es decir, con base en la postura de
Pérez, no son necesarios muertos ni heridos para que pueda hablarse
de terrorismo.

También el fiscal de segunda instancia revocó en favor de Marulanda
el cargo por concierto para delinquir. Según un vocero de la Oficina
de Prensa de la Fiscalía, la medida se tomó porque, para la época de
los hechos en Bellacruz, Carlos Arturo Marulanda se encontraba en
Bruselas (Bélgica). Posición totalmente contraria a la de la fiscal
de primera instancia, quien consideró que aunque para febrero de 1996
Marulanda Ramírez no estaba en el país, "tenía indiscutiblemente el
dominio del hecho" investigado.

En síntesis, el ex ministro Marulanda prácticamente organizó sus
problemas con la justicia colombiana. Y ya no volverá a prisión,
porque los atropellos a los campesinos de la hacienda Bellacruz
quedaron resumidos en un caso de incendio, delito que es excarcelable
en Colombia.

"El afán de involucrarme en esos lamentables hechos obedece al deseo
de algunos de generar un escándalo nacional e internacional, que no
sólo me ha perjudicado enormemente, sino también al país por ser yo
en ese entonces el representante de Colombia ante la Unión Europea",
dijo Marulanda el viernes pasado en el momento de recobrar su
libertad. Como hecho curioso, Carlos Arturo Marulanda estuvo detenido
en España 455 días y en Colombia tan sólo 18. Y eso que huyó durante
913 días.

Fechas clave

Febrero 14 de 1996: Un grupo de paramilitares saca a la fuerza a
varias familias que están asentadas en la hacienda Bellacruz.

Abril 30 y mayo 12 de 1996: Son asesinados cuatro campesinos
desplazados de la hacienda Bellacruz.

Agosto 23 de 1996: Como medida temporal, el Gobierno dispone el
municipio de La Mesa (Cundinamarca) para los desplazados de Cesar.

Octubre 8 de 1996: Familias de Pelaya (Cesar), presentes en Bogotá,
ocupan las sedes de la Defensoría del Pueblo y del Incora para que el
Gobierno alivie su situación.

Noviembre 6 de 1996: En misiva a Carlos Arturo Marulanda, el
presidente Ernesto Samper acepta su renuncia como embajador ante la
Comunidad Económica Europea.

Noviembre 28 de 1996: El jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, en
carta enviada al Parlamento Europeo, dice que su organización no
tiene participación en el acoso a los campesinos de la hacienda
Bellacruz.

Mayo 20 de 1998: La Policía captura en la ciudad de Barranquilla a
Francisco Alberto Marulanda Ramírez, hermano del ex ministro Carlos
Arturo Marulanda.

Enero 15 de 1999: La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía libra
orden de captura en contra de Carlos Arturo Marulanda, quien se
entera de la medida en su contra y logra huir por Venezuela. Ese
mismo día es llamado a juicio Francisco Alberto Marulanda.

Abril 20 de 1999: La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía afecta
a Carlos Arturo Marulanda con medida de aseguramiento por el delito
de paramilitarismo.

Julio 16 de 2001: La Interpol captura en Madrid a Carlos Arturo
Marulanda, quien es recluido en la prisión de Soto del Real.

Octubre 14 de 2002: Las autoridades españolas extraditan a Colombia
al ex ministro Carlos Arturo Marulanda.

Enero 8 de 2002: La Fiscalía adiciona a Carlos Arturo Marulanda su
presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, concierto para
delinquir, incendio y daño en bien ajeno.

Marzo 22 de 2002: Ante la Audiencia Nacional Española, Carlos Arturo
Marulanda asegura que su lío penal en Colombia obedece a una
persecución política instrumentada por el presidente Andrés Pastrana
Arango, a raíz de sus negociacion